La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que detectaron que 19 empresas del denominado “Cártel de la Sangre” incurrieron en colusión para resultar beneficiadas con contratos para la prestación de servicios de laboratorio clínico y banco de sangre en gobiernos anteriores. Sin embargo, en lo que va de la actual administración se han otorgado más de 300 contratos a estas empresas para contar con este servicio subrogado, por un monto de más de 14 mil millones de pesos.
En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 18 de julio, Roberto Salcedo, titular de la SFP, indicó que entre 2021 y 2023 se encontró que “19 empresas han incurrido en actos de colusión, principalmente en contrataciones anteriores a la actual administración, al haber realizado acuerdos para repartirse ilícitamente las partidas de licitaciones, por lo que se han impuesto sanciones a 13 de esos proveedores y de las restantes hay 23 expedientes de investigación en curso”.
Detalló que por colusión se han aplicado 24 sanciones por inhabilitación y multa a estas empresas del “Cártel de la Sangre”, ocho se encuentran firmes y 16 están en revisión por parte de los juzgadores, debido a que las compañías han interpuesto amparos y recursos para impedir que las sanciones cobren plena vigencia, lo que les permite continuar participando en los procedimientos de contratación.
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El titular de la SFP no dio a conocer los nombres de las empresas indagadas ni sancionadas por colusión, pero los nombres de al menos 11 de esas compañías ya han sido publicado con las sanciones en el Diario Oficial de la Federación:
- Dicipa
- Centrum Promotora Internacional
- Impromed
- Instrumentos y Equipos Falcón
- Satis Consulting & Human Resources
- Valtrum
- Proyectos en Procesos de Recursos Humanos
- Servad Promo Asistencial
- Laboratorios Dai De México
- Servicios de Mínima Invasión
- Dai Servicios
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Aunque de acuerdo con la SFP se detectó que estas compañías incurrieron en actos de colusión para ganar contratos en las administraciones pasadas, en lo que va del gobierno de López Obrador les siguieron dando contratos.
La Silla Rota realizó una revisión a los contratos que se han hecho para los servicios de laboratorio clínico y banco de sangre en el Sector Salud y encontró que de 2019 a 2023 se han otorgado 334 contratos a algunas de estas empresas, como Dicipa, Centrum Promotora Internacional e Impromed.
De acuerdo con la revisión realizada por este medio, los 334 contratos suman un monto total de 14 mil 522 millones 119 mil 622 pesos. Los contratos otorgados en 2019 para contratar servicios de laboratorio y banco de sangre en el Sector Salud dieron un total de 664 millones 498 mil 627.
En 2020, el monto ascendió a 7 mil 705 millones 423 mil 100 pesos; para 2021 disminuyó a 3 mil 637 millones de pesos; en 2022 se dieron contratos por mil 218 millones, y en 2023 los contratos fueron por mil 297 millones 197 mil 895 pesos.
El titular de la SFP indicó en la conferencia mañanera que los procesos y las indagatorias contra estas compañías siguen en curso y recordó que se realiza la revisión de la situación de los licitantes para prevenir alguna simulación, debido a que se tienen dudas sobre algunas empresas que, presuntamente, para eludir las sanciones, utilizan filiales y/o el cambio de su razón social para poder seguir participando en contrataciones públicas.
Contexto
A las empresas que prestan el servicio de laboratorio clínico y banco de sangre al sector salud y que se les ha vinculado con actos de corrupción se les ha denominado el “Cártel de la Sangre”.
Cabe señalar que el término “Cártel de la Sangre” fue acuñado por el director de La Silla rota, el periodista Roberto Rock, que utilizó esta palabra para hacer referencia a las compañías que de manera conjunta fueron investigadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el motivo de la investigación es por haberse organizado para fijar precios y repartirse contratos de servicios del sector salud.
La existencia del “Cartel de la Sangre” se dio a conocer en el 2016 cuando se revelaron audios en los que se escucha a directivos de diversas empresas organizándose para su participación en una licitación del Gobierno Federal.
En una columna de Roberto Rock, publicada en el periódico El Universal en marzo del 2020, el periodista creador del término señala a estas empresas como “un bloque que acaparan el trabajo de pequeños productores de insumos ligados a estudios clínicos, bancos de sangre, exámenes para recién nacidos, sondas de hemodiálisis y múltiples artículos más que ofrecen en paquete como proveedores virtualmente únicos, pues se coluden para inflar precios, especular con las necesidades de los enfermos y arrodillar a las autoridades médicas en este campo”.
VGB