De acuerdo con información de Loret de Mola, en su columna de El Universal, el presidente López Obrador decidió renovar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con la inclusión de 60 nuevos miembros. Según lo relatado por el periodista, alrededor de dos tercios de estos nombramientos son personas relacionadas con Morena, la mayoría de ellos carecen de experiencia previa y presentan posibles conflictos de interés, ya que cambiarán de ser parte integrante del sistema a jueces del mismo.
Según lo dicho por Loret, entre los designados, varios tienen una relación estrecha con Adán Augusto López, el candidato presidencial reciente y exsecretario de gobernación. El grupo, conocido también como Tabasco se vería beneficiado considerablemente por estos nombramientos. Se puede mencionar a Arturo Torres Martínez, a cargo de los servicios operativos y logísticos en el gobierno de Tabasco; José Alberto Guerrero Amador, director jurídico de la Secretaría de Salud en Tabasco; Maday Merino Damián, anteriormente en el frente del instituto electoral de Tabasco y que fue incorporada por Adán Augusto tras su paso por el INE, y otros.
Se menciona que también existen candidatos con una clara inclinación política, como Susana Mercado Alvarado, coordinadora de Comunicación Política de Morena, y Martha Teresa Castañeda Becerra, coordinadora de Construcción de Paz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
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Para el periodista es más inquietante aún el número de aquellos que, al pasar de ser parte del sistema a jueces, tendrán conflictos de interés inherentes. Varios funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y de la Consejería Jurídica, están en esta situación, lo que repite una práctica cuestionada de anteriores sexenios en el actual gobierno que se autodenomina diferente. Entre estos se incluyen el director general de Proyectos, Eduardo Galindo Flores; el director general de Asuntos Contenciosos y de Procedimiento, Juan Carlos Pinzón Guerra; la directora general en la Subprocuraduría de Legislación, Ely Cruz Pérez; y otros.
Los conflictos de interés que señala Loret de Mola no se detienen ahí. Eduardo Manuel Méndez Sánchez, asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), podría llegar a decidir sobre cuestiones de expropiaciones y despojos. Irving Pedro Chegüe Luna, a cargo del Departamento de Recursos Materiales del ISSSTE, podría ser el que resuelva las demandas por falta de medicamentos. Otros ejemplos incluyen a Maricela Lecuona González, abogada de la Secretaría de Salud, y Magaly Irais Mendoza Ríos, encargada de las auditorías en Pemex.
Según Loret de Mola estos nombramientos, propuestos por el gobierno federal al Senado, garantizan a los seleccionados un empleo de una década con la posibilidad de ser ratificados por otro periodo.
Contexto
Ya en diciembre del 2022 el presidente trató de impulsar una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, donde se destaca la intención de perfilar a quien ocupará la magistratura de la Tercera Sección, cuya función es lidiar con casos de responsabilidades administrativas y corrupción. Con anterioridad, aquellos que ostentaban el cargo de magistrados no podían desempeñar funciones de liderazgo o administración dentro del Tribunal. Sin embargo, la reciente propuesta de reforma plantea una reestructuración.
Se propone la creación de una Tercera Sección especializada en responsabilidades, compuesta por tres magistrados de los dieciséis que conforman el Tribunal. Para preservar la imparcialidad de su función, los integrantes de esta sección no podrán formar parte de la Junta de Gobierno y Administración ni del Pleno Jurisdiccional. A diferencia del resto de la magistratura, la designación de la magistratura anticorrupción se realiza mediante procedimientos específicos.
Una de las advertencias que expertos realizaron fue que permitir que los magistrados anticorrupción participen en la elección de cargos de liderazgo y decisión administrativa podría alterar su dedicación exclusiva a decidir cuestiones de responsabilidad. Cuando se designó a los magistrados anticorrupción, se consideró que su función sería de dedicación exclusiva. Esta circunstancia debería ser considerada en el nombramiento por el ejecutivo y en la ratificación por el Senado.
También se mencionó, en aquel entonces, que la legitimidad proviene tanto de su capacidad y dedicación exclusiva, como de su desempeño demostrado en su capacidad y calidad. La credibilidad del Tribunal depende de su capacidad para alejarse de la fracasada Secretaría de la Función Pública y de la dualidad en el tratamiento de amigos y adversarios.
El cambio en las reglas no solo afecta la credibilidad del Tribunal, sino también la del presidente y su lucha contra la corrupción. El Tribunal es esencial ya que tiene la responsabilidad de revisar la legalidad de los actos de la Administración Pública Federal. Si se cometen actos ilegales, puede anularlos; si se causan daños, ordena indemnizaciones; si hay conflictos con contratos de obras públicas o proveedores, el Tribunal resuelve; si hay procedimientos por corrupción, el Tribunal decide.
Quien se posicionó al respecto, en el mes de diciembre, fue la senadora Sánchez Cordero quien mencionó que había que no legislar de forma apresurada, una actitud responsable pero contrastante con las iniciativas de interés presidencial que suelen ser apresuradas.
DJC