El gobierno federal, bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha suscitado una ola de reacciones tras la toma de las vías del tren operadas por Ferrosur en varios municipios del sur de Veracruz, acción implementada por la Secretaría de Marina. Esta decisión ha impactado en los mercados y ha creado un ambiente de expectativas entre los trabajadores de la empresa. Ante esto, surge la pregunta de qué es lo que realmente pasó y pasa con Ferrosur, ante esto, algunas columnas de opinión tratan de dar cauce a lo acontecido.
Este movimiento ha provocado que las acciones de Ferrosur, una empresa del Grupo México, propiedad de Germán Larrea, caigan en la Bolsa Mexicana de Valores. No obstante, la compañía no ha anunciado la suspensión de sus operaciones, las cuales continúan bajo la supervisión de las fuerzas federales.
El 19 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que justificaba la entrada de la Secretaría de Marina a las instalaciones de Ferrosur. Este decreto detalla la expropiación de líneas que se encuentran en distintos tramos de Veracruz, las cuales fueron inicialmente concesionadas a Ferrosur en 1998 por el entonces presidente Ernesto Zedillo.
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López Obrador explicó en su conferencia matutina que la decisión se tomó con el objetivo de proteger las vías de comunicación estratégicas cercanas al Tren Maya. Esta protección incluye trenes, aeropuertos y puertos. El mismo decreto especifica que las vías que estaban a cargo de Ferrosur ahora serán operadas por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, también conocido como Ferrocarril Transístmico. Esta empresa gubernamental tiene operaciones en la región entre el puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, y el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca.
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En respuesta, Grupo México y Ferrosur emitieron un comunicado en el que informaban que sus asesores e inversionistas estaban analizando la situación. Aseguraron que las operaciones continuaban normalmente, bajo la supervisión de las fuerzas armadas, pero a pesar de ello, las acciones de Grupo México cayeron un 4.1 por ciento.
Las reacciones a la expropiación de las vías del tren fueron inmediatas y mayormente negativas. Tanto la oposición política como los empresarios y la sociedad civil expresaron su rechazo a la decisión del presidente López Obrador. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha negado que se trate de una expropiación, alegando que es una "ocupación temporal".
¿Qué significa está acción del gobierno en contra de Ferrosur?
Para responder esta pregunta algunos columnistas del país dan sus opinión con datos y perspectivas respecto al accionar del gobierno, algunas de ellas van desde negociaciones fallidas con Grupo México hasta otras donde lo que quería era, además de tener control sobre ese tramo, eran decisiones de gobierno en torno a los ferrocarriles del país.
El periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal, menciona que el ambiente de incertidumbre que rodea la reciente expropiación de los patios y tramos de ferrocarril operados por Ferrosur en Veracruz. Riva Palacio sugiere que el hecho puede considerarse una traición hacia Germán Larrea, dueño de Grupo México, que incluye a Ferrosur. Esto se debe a que, según el periodista, hubo conversaciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Larrea sobre estos tramos de ferrocarril, sin ninguna indicación previa de la intención de expropiación. En sus palabras esta acción representa una de las medidas más contundentes contra el sector privado en el sexenio.
Por otra parte, el análisis de José Ureña en 24 Horas, revela una historia más larga y compleja. Según Ureña, las negociaciones entre el gobierno y Grupo México se iniciaron desde mediados del sexenio con el propósito de utilizar la infraestructura de Ferrosur para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). De acuerdo con él, Rafael Marín Mollinedo, director general del proyecto, declaró en su momento que ya existía un acuerdo entre las partes. La decisión abrupta de expropiación puede ser vista, por lo tanto, como un giro inesperado en las relaciones entre el gobierno y el Grupo México, o bien una ruptura entre las dos partes.
Por otro lado, la columnista Violeta Vázquez-Rojas Maldonado menciona que la acción del gobierno se dio desde una perspectiva legal e institucional. Asevera que la medida es un acto legítimo de gobierno y no sería diferente si se tratara de una expropiación. En su perspectiva, la propiedad privada no debería tener prioridad sobre el interés público, poniendo en tela de juicio el papel que juega la propiedad privada en la economía y el desarrollo del país. En este caso, que uso se le dio a estas vías ferroviarias desde que pasaron a manos de Grupo México y Ferrosur.
Por otro lado, Darío Celis, en su columna en El Financiero, agrega otra capa al análisis de los acontecido en días pasados en Grupo México. Él señala que Larrea ofreció el uso de sus vías ferroviarias por una tarifa, pero el presidente López Obrador rechazó la oferta, interesado en la ruta Aguas Blancas-Coatzacoalcos para el Tren Transístmico. Larrea, en un intento de negociación, habría sugerido una cifra de 10 mil millones de pesos como la pérdida económica que implicaría renunciar al tramo expropiado, esencial para la operación de los ferrobuques.
Finalmente, Mario Maldonado, en El Universal, menciona que los más interesados en tomar control de las vías y patios de Ferrosur fueron los almirantes de la Secretaría de Marina, encabezados por Rafael Ojeda. Maldonado sugiere que los marinos estaban especialmente motivados a asegurar este proyecto, ya que se han sentido a la sombra del crecimiento y reconocimiento que ha tenido el Ejército en los últimos años. Esta perspectiva indica que las dinámicas internas de las fuerzas armadas pueden haber jugado un papel en la decisión de expropiar las vías del ferrocarril así como la injerencia directa y notable que tiene en las decisiones gubernamentales durante el sexenio de AMLO.
DJC