Tras la expropiación de los activos de la empresa Ferrosur en Coatzacoalcos, propiedad de Grupo México por parte del gobierno federal con el uso de las fuerzas armadas, los líderes partidistas de la oposición, así como legisladores y organizaciones civiles manifestaron su desacuerdo con este tipo de actos.
A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reprobó la acción, asegurando que esto es una “una pésima señal para el mundo, un duro golpe a la certidumbre, contra la inversión y el crecimiento económico.”
“Este gobierno está convirtiendo a los militares en los verdaderos operadores y beneficiarios de la voluntad y de los caprichos del presidente”; afirmó.
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En el mismo tono, la senadora del PAN, Lilly Téllez, rechazó la expropiación de Ferrosur en Coatzacoalcos aseverando que esta acción se equipara a un robo y comparándola con la situación de Venezuela.
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Además afirmó que gracias a que encubre los actos de corrupción de los altos mandos del ejército, es que puede ejercer este tipo de acciones usando la fuerza de los militares.
“AMLO expropia usando a los militares; por eso encubre la corrupción de sus mandos. Expropiar es robar y así empezó Venezuela”, escribió en Twitter.
Por otro lado, Sociedad Civil México difundió una carta dirigida a los líderes partidistas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en la manifiesta su enérgico rechazo a la expropiación que el Gobierno Federal hizo de los activos y operaciones de la empresa Ferrosur, propiedad de Grupo México.
En una carta, esta organización civil señaló que estas medidas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, “ahuyentan las inversiones y representan una grave amenaza para nuestra generación de empleo, competitividad, el estado de derecho y la propiedad privada”.
Aseguran que tienen un “impacto negativo tanto en la inversión nacional como extranjera”, pues daña la percepción de riesgo de los inversores privados, afectando nuestra imagen internacional como destino de inversión extranjera y menoscabando el estado de derecho.
“Creemos firmemente que la expropiación de activos y operaciones de empresas privadas no constituye la solución adecuada para abordar los desafíos que enfrentamos”, expresó SCM.
“Es imperativo que nos unamos en alzar la voz contra estas medidas y tomar acción conjunta para defender y preservar los principios fundamentales de nuestra economía y democracia. Solo a través de un entorno propicio para la inversión y el crecimiento sostenible, que promueva la inclusión, podremos construir un México próspero y equitativo”, agregó.
VGB