Ante las recientes críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en relación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Pleno de dicho organismo manifestó su preocupación e invitó a la llamada 4T a entablar un diálogo para profundizar en el entendimiento de las funciones del INAI.
El presidente López Obrador realizó una similitud entre "un cero a la izquierda" y el INAI, sugirió que no cumple con su función de garantizar el acceso a la información. Propuso que instituciones como la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción reemplacen al INAI en sus labores. Por otro lado, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), opinó que el INAI es un "lastre burocrático" y que ha sido de "poca o nula utilidad" para el país.
El presidente de México negó haber sugerido al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quede en estado de inoperancia debido a la falta de designación de dos comisionados. Aseguró que, desde su creación, el INAI no ha contribuido a combatir la corrupción, sino que ha servido para legitimar robos y ocultar información, costando al pueblo mexicano mil millones de pesos anuales.
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Cuando se le preguntó sobre un audio filtrado en el que, supuestamente, sugería que la inoperancia del INAI sería conveniente, el mandatario respondió que siempre ha sostenido que el instituto "es un cero a la izquierda" y fue creado para simular el combate a la corrupción.
Durante una conferencia de prensa, el presidente acusó al INAI y a otros organismos autónomos de ser centros de "empleomanía", donde se otorgan empleos con altos salarios a amigos de políticos, periodistas e intelectuales. Según él, estos organismos burocráticos y costosos no sirven para nada y sólo ofrecen trabajo a personas influyentes a expensas del erario.
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Cuestionó cómo es posible que los consejeros del INAI, quienes se quejan de su situación, ganen más que el presidente sin realizar ningún trabajo significativo. Recordó que todos son servidores públicos y deben ser siervos de la nación.
Frente a estas declaraciones, el Pleno del INAI manifestó su preocupación por la visión del Gobierno Federal sobre su labor y resaltó la importancia de mantener un diálogo abierto y constructivo con las autoridades. En este sentido, extendieron una invitación a los representantes de la 4T para que puedan conocer más a fondo las funciones y responsabilidades del organismo autónomo, y así generar un debate informado acerca de su papel en la sociedad mexicana.
El INAI, como órgano autónomo, tiene como principal objetivo garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales de los ciudadanos. A lo largo de los años, ha trabajado para promover la transparencia y la rendición de cuentas en distintos niveles de gobierno, así como para asegurar que las instituciones públicas cumplan con sus obligaciones en materia de acceso a la información.
Los comentarios realizados por el presidente y el secretario de Gobernación han generado preocupación en diversos sectores de la sociedad civil y en organismos internacionales, quienes consideran que debilitar al INAI podría tener efectos negativos en la lucha contra la corrupción y en la protección de los derechos de los ciudadanos.
En este contexto, el Pleno del INAI reiteró su disposición para entablar un diálogo con las autoridades gubernamentales y reafirmó su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en México. La invitación al diálogo busca propiciar un entendimiento mutuo y encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados, en aras de fortalecer la democracia y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en el país.
Los antecedentes del IFAI-INAI; Grupo Oaxaca
El Grupo Oaxaca fue un movimiento decisivo para impulsar el "derecho a saber" (derecho de acceso a la información pública) en México. Nació en 2001 en la ciudad de Oaxaca, durante un seminario que reunió a académicos, activistas de la libertad de expresión y representantes de medios de comunicación impresos. La periodista Ginger Thompson, corresponsal del New York Times en México, lo bautizó como "Grupo Oaxaca".
Este grupo diverso, compuesto por individuos de diferentes tendencias ideológicas y amplio bagaje intelectual, estableció en la Declaración de Oaxaca una serie de puntos que marcaron el camino para lograr su objetivo: promover el derecho de acceso a la información pública en México. Al concluir el seminario, se creó una comisión técnica encargada de impulsar el tema y, cuando fue necesario, redactar una iniciativa ciudadana de ley federal de acceso a la información.
El 6 de diciembre de 2001, el Grupo Oaxaca presentó su proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, respaldado por diversas fracciones parlamentarias. La iniciativa ciudadana ganó rápidamente relevancia en la agenda nacional, lo que llevó al gobierno del presidente Vicente Fox a entablar un diálogo y negociación para formular un proyecto unificado. Este proceso culminó en junio de 2002, cuando la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).
El 12 de junio de 2003, un año después de la publicación de la LFTAIP, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Aunque la coalición social del Grupo Oaxaca se dispersó tras lograr sus objetivos fundamentales, sus contribuciones han dejado una huella indeleble en la vida política e institucional de México. Cada uno de los integrantes de la comisión técnica del Grupo Oaxaca ha seguido contribuyendo al fortalecimiento del marco legal e institucional para garantizar el derecho de acceso a la información en el país.
En 2010, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ampliando las facultades, atribuciones y responsabilidades del IFAI como autoridad nacional en la materia. El Grupo Oaxaca, con su labor pionera y enfoque social, logró cambiar la relación entre los poderes públicos y las personas en cuanto a la posesión de la información pública, sentando un precedente moderno en el ámbito del parlamento abierto.
En tiempo de Fox… el IFAI y el “Toallagate”
A menos de un año de su gobierno, el entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, se encontraba en medio de un escándalo de corrupción. Este incidente, conocido como "Toallagate", surgió tras revelarse gracias a la periodista Anabel Hernández y su investigación en Milenio, misma que a la postre ganaría el premio nacional de periodismo del 2002, que su administración (la de Fox) había gastado más de 9 millones de pesos en remodelar habitaciones en la residencia oficial de Los Pinos. La controversia llevó este nombre debido a que, entre los gastos para adecuar el hogar presidencial, se adquirieron toallas cuyo valor superaba los 400 dólares cada una, equivalente a más de 3,600 pesos según el tipo de cambio de aquel momento.
Vicente Fox defendió la transparencia (es decir, gracias al IFAI) de su gobierno al señalar que los detalles de estos gastos estaban disponibles en internet. A pesar de las críticas, la Presidencia afirmó que todos los bienes adquiridos serían propiedad de la nación y permanecerían en Los Pinos.
El "Toallagate" surgió en junio de 2001 cuando la Secretaría de Contraloría del gobierno de Fox publicó los gastos de la Presidencia en la remodelación y acondicionamiento de Los Pinos. La mayoría de estos gastos se destinaron a la adecuación de las cabañas cercanas a la residencia oficial, donde viviría el primer presidente del PAN y su futura esposa, Martha Sahagún, quien se casó con él poco después de que estallara la polémica en julio del mismo año.
Entre los gastos exorbitantes se encontraron artículos inaccesibles para la mayoría de los hogares mexicanos, como toallas importadas de 400 dólares cada una, sábanas de más de 3,500 dólares, cortinas a control remoto valoradas en 17,000 dólares y un conjunto de cama, cabecera, lámparas, sofás, copas y manteles rectangulares con un valor total de 500,000 dólares, equivalentes a más de 4.5 millones de pesos al tipo de cambio en 2001.
El gasto total en remodelaciones para la llegada de Vicente Fox a Los Pinos ascendió a poco más de 9 millones de pesos, según datos proporcionados por su propia administración. Este escándalo fue el primero de varios que afectaron la Presidencia de Fox, quien fue el primer mandatario mexicano que no provenía del PRI tras más de 70 años de gobiernos de ese partido.
La Presidencia adquirió bienes por 7 millones 795 mil pesos en ese periodo, destacando entre ellos tres toallas importadas con bordado especial por 4,025 pesos cada una, cuatro juegos de sábanas blancas por un total de 154,280 pesos, y vajillas de porcelana y diario por 40,250 y 7,130 pesos respectivamente.
En total, la Presidencia gastó 4 millones 17 mil 449.70 pesos en menaje de casa y 5 millones 500 mil pesos en la remodelación de las cabañas de Los Pinos que habitaban el presidente Fox y su hija Ana Cristina. Estos gastos, registrados en la página de internet de la Secretaría de la Contraloría, generaron controversia y críticas hacia la administración de Vicente Fox.
La Casa Blanca de Peña Nieto; el paso al INAI
El recuerdo del escándalo de la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto vuelve a la memoria colectiva, en momentos en que el actual presidente, AMLO, ataca al INAI y a instituciones autónomas. La credibilidad del gobierno de Peña Nieto se vio afectada por casos como la Estafa Maestra, que involucra a Rosario Robles, y la Casa Blanca, una lujosa residencia adquirida en Lomas de Chapultepec, que terminó por cimbrar su gobierno.
El reportaje “La Casa blanca de Enrique Peña Nieto”, publicado en noviembre de 2014 en Aristegui Noticias, Proceso, La Jornada y medios internacionales como The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian y The Economist, reveló la adquisición de la residencia por parte de Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera. La casa fue vendida por Juan Armando Hinojosa Cantú, líder del Grupo Higa, contratista preferido del exmandatario.
El equipo de periodistas formado por Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, investigó la historia detrás de la casa, luego de escuchar a Rivera hablar de ella en una entrevista con la revista Hola. Descubrieron que la casa, valuada en 86 millones de pesos (7 millones de dólares), estaba resguardada por el Estado Mayor Presidencial desde 2012.
Tras el escándalo, Angélica Rivera aseguró en un video que había adquirido la propiedad con su propio dinero, producto de su carrera como actriz en Televisa. Sin embargo, la indignación pública persistió, y Peña Nieto terminó ofreciendo disculpas por el error.
El caso provocó la salida de Carmen Aristegui de MVS Radio y una batalla en tribunales, que la periodista ganó. No hubo acciones legales contra Peña Nieto, quien encargó una investigación a la Secretaría de la Función Pública, liderada por Virgilio Andrade, un incondicional suyo. Andrade determinó que no existía conflicto de interés en la adquisición de la casa, pese a los contratos entre el gobierno y Grupo Higa.
Sin embargo, al término de su mandato, en una entrevista con Televisa, Peña Nieto admitió haber comprado la casa junto con su esposa, contradiciendo sus declaraciones anteriores y evidenciando que mintió en la investigación.
El caso de la Casa Blanca subraya la importancia de instituciones como el INAI, encargadas de velar por la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. La corrupción y la falta de credibilidad en la política mexicana persisten como temas de preocupación para la ciudadanía, y este caso ejemplifica cómo el ejercicio periodístico puede contribuir a la lucha contra la impunidad.
Paradójicamente, no fue el único gran escándalo que el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo; casi al finalizar su mandato salió a la luz de la mano de Animal Político y la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que había un desfalco millonario conocido como “La Estafa Maestra”; este fue evidenciado gracias a los informes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dejando, una vez más, que es necesaria la independencia de las instituciones. El unirlas entorpecería su funcionamiento, alcances y, sin duda, la transparencia y con ello los derechos humanos y la democracia del país se verían mermados.
La Estafa Maestra: el último clavo en el ataúd de EPN…y el PRI
El Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción y fraude, involucrando a más de 50 funcionarios y 11 dependencias, quienes pagaron 7,670 millones de pesos en contratos ilegales a 8 universidades públicas. Estas instituciones, a su vez, triangularon el dinero a 186 empresas, muchas de las cuales eran "fantasma" o irregulares, de acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).
Las empresas involucradas se encuentran distribuidas en seis estados: Tabasco, Ciudad de México, Campeche, Estado de México, Nuevo León y Chiapas. Según la investigación, 128 de estas empresas no debían recibir recursos públicos, ya que carecían de infraestructura, personalidad jurídica o simplemente no existían.
Las universidades involucradas cobraron mil millones de pesos en comisiones, aunque no hay evidencia de que hayan proporcionado algún servicio. Otros 3,433 millones de pesos se entregaron a empresas "fantasma", y el resto del dinero fue supuestamente utilizado para contratar servicios, sin documentación que respalde su existencia.
Si bien la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público permite convenios entre instancias públicas, la investigación señala que se violaron requisitos como no subcontratar más del 49% o realizar investigaciones de mercado.
Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), calificó este esquema de fraude como "un claro acto de corrupción". La ASF ya había advertido desde 2013 que las dependencias violaban la ley al contratar universidades para servicios que no podían cumplir, y por ello, presentó 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República.
Entre las dependencias involucradas se encuentran la Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Educación Pública, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Economía.
Las universidades involucradas incluyen la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Tecnológica de Tabasco. Este esquema de corrupción y fraude ha sido denominado "La Estafa Maestra".
Segalmex, la estafa maestra del sexenio de AMLO
El escándalo de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa y Diconsa, que supera los 12 mil millones de pesos, duplica la cifra involucrada en la conocida Estafa Maestra del sexenio anterior, donde se desviaron 5 mil millones de pesos en contratos ilegales con universidades.
El desfalco en estos organismos encargados de la venta y compra de productos básicos para la población comenzó a salir a la luz en 2020, y desde entonces en redes sociales se le ha denominado "la Estafa Maestra de la 4T". A pesar de ser el mayor desvío de recursos públicos durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las investigaciones de la fiscalía general de la República (FGR) avanzan lentamente.
De las 53 personas señaladas, 29 son funcionarios y exfuncionarios, y hasta el momento solo se ha procesado a René Gavira Segreste, director de Administración y Finanzas de Segalmex entre 2019 y 2020. Gavira Segreste es señalado como el operador de una red de corrupción mediante contratos irregulares en Seguridad Alimentaria Mexicana, entonces liderada por Ignacio Ovalle Fernández, actual director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).
Gavira Segreste ha sido vinculado a proceso por uso indebido de recursos públicos en el caso de corrupción de Segalmex, aunque goza de libertad condicional. La FGR lo considera una pieza clave en la supuesta red de corrupción que operó en los primeros años del sexenio en esta entidad dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Desde 2020, se conocían indicios de corrupción en Segalmex, que luego fueron confirmados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en diferentes años. Organizaciones independientes revelaron la existencia de una red de corrupción que involucraba a diversas instituciones del país, entre ellas Liconsa y el partido político Movimiento Ciudadano (MC). La relación entre estas entidades consistía en la entrega de convenios millonarios de Liconsa a Movimiento Ciudadano.
Además de los convenios que beneficiaban al partido, se descubrió el desvío de recursos mediante contratos con empresas fantasma y la desaparición de algunos de ellos. Estas empresas inexistentes o "fachada" se encontraban en propiedades de alto valor o lujosas.
Este caso, denominado "Estafa Maestra de la 4T", recuerda a la desaparición de más de 7 mil millones de pesos entre varias dependencias del gobierno durante la administración de Enrique Peña Nieto. Entre las instituciones implicadas en aquella "Estafa Maestra" destacan Pemex, Sedesol, FOVISSSTE, SCT, Banobras, SEP, Sagarpa y la Secretaría de Economía, por mencionar algunas.
Lo último, los viajes del titular de la Sedena
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se encuentra en polémica y bajo el ojo público tras la filtración de correos por parte de los hacktivistas del grupo Guacamaya. La información revela que el general, su familia y una comitiva disfrutan de ostentosos viajes al extranjero.
Según una investigación de mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el general Cresencio Sandoval acostumbra a viajar junto a su esposa, hijos, nuera, nieta y, en ocasiones, su consuegra. Estos viajes, conocidos en el argot militar como "terciopelo", incluyen hospedaje en hoteles de lujo, comidas en restaurantes exclusivos, suficientes viáticos, y visitas a museos y lugares emblemáticos de las ciudades visitadas. Entre los destinos de la familia Sandoval Medina se encuentran Nueva York, Moscú y Florencia, con vuelos realizados desde 2021.
En octubre de 2022, La Silla Rota informó sobre la falta de austeridad en la Sedena. Basándose en correos y datos obtenidos por los hacktivistas Guacamaya, se reveló que altos mandos del Ejército viajan en un Boeing 737/800 privado y en un helicóptero Cougar "Ejecutivo", incluso acompañados por sus esposas. El Boeing 737/800 tiene capacidad para 110 personas, pero el Ejército lo utiliza solo para 21.
Uno de los correos filtrados, enviado en agosto pasado al secretario de la Defensa Nacional, indica que el comandante del Ejército y otros acompañantes utilizaron un avión Boeing 737/800 para una "gira de trabajo en Guadalajara, Jalisco". El transporte de militares, esposas e incluso secretarias de algunos de ellos, incluyó el uso de camionetas Suburban blindadas. La visita a Jalisco incluyó la inauguración del Hospital Regional de Especialidades de Guadalajara, el Colegio del Aire y la Ceremonia de Graduación de varias escuelas del Ejército en esa entidad.
El itinerario incluía desayuno, comida y una "cena baile" en el Colegio del Aire, que comenzó a las 20:00 horas, dejando la hora de regreso abierta. Otro viaje documentado por MCCI tuvo lugar en diciembre de 2021, cuando el general Sandoval canceló un viaje a Nueva York, pero su familia sí asistió.
Esta serie de viajes de lujo y la falta de austeridad en la Sedena han generado críticas y controversia en torno al general Luis Cresencio Sandoval y su familia.
Como anécdota… y molestia
Un ciudadano mexicano, haciendo uso de la Ley de Transparencia, solicitó información sobre el consumo de papel higiénico del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario compartió la curiosa petición durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, generando asombro y comentarios entre los presentes.
El ciudadano, valiéndose del Instituto de Transparencia, preguntó cuánto papel sanitario utilizaba el presidente y cuánto se gastaba en ese rubro. Ante el inusual requerimiento, se cuestionó a López Obrador sobre su respuesta.
El presidente indicó que consultó a Alejandro Esquer, su secretario particular, y le instruyó a responder a la solicitud. No obstante, la Presidencia informó que "no se localizó evidencia documental" que pudiera satisfacer la pregunta del interesado.
López Obrador aprovechó la ocasión para recordar una anécdota sobre Carlos Pellicer, poeta y paisano del mandatario, quien en su momento fue director del Museo de La Venta y del Museo de Tabasco. Según el relato, cuando la Oficialía Mayor no le proporcionaba papel higiénico, Pellicer amenazó con conseguir un costal de bacal (mazorca de maíz) si no le enviaban el suministro necesario.
La peculiar solicitud y la respuesta del presidente han llamado la atención de la opinión pública, evidenciando el alcance de la Ley de Transparencia y las preguntas que algunos ciudadanos pueden llegar a plantear. En este caso, aunque no se proporcionó una respuesta concreta al requerimiento, el presidente López Obrador demostró su enojo ante las cosas que pueden solicitar de información los ciudadanos y ejercer su derecho.
La importancia de la transparencia y rendición de cuentas
En una entrevista en el podcast de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI) con María Marván, quien experta en transparencia y acceso a la información además de ser consejera presidenta del entonces IFAI, habló sobre el INAI y las implicaciones de su posible desaparición; lo hizo . Según Marván, el INAI es una institución clave en México, que permite a los ciudadanos acceder a la información gubernamental y proteger sus datos personales. A lo largo de sus casi 20 años de existencia, el INAI ha contribuido a la transparencia y la rendición de cuentas en el país, permitiendo a periodistas y ciudadanos acceder a información crucial para la denuncia de abusos de poder y actos de corrupción.
El presidente de México ha propuesto cancelar el INAI y transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública, pero Marván señala que esto podría ser problemático y poner en riesgo la independencia de la institución y su capacidad para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, el supuesto ahorro financiero que generaría la cancelación del INAI podría ser mínimo, ya que el personal y los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones seguirían siendo necesarios.
Marván también destaca la importancia del debate público sobre el futuro del INAI y la necesidad de que los partidos de oposición se involucren en esta discusión. A pesar de que hay espacio para mejorar el funcionamiento del INAI, la experta considera que su desaparición tendría consecuencias negativas para la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos de los ciudadanos en México.
Por otra parte, la Dra. Jacqueline Peschard, destacada profesora en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y quien fuera la expresidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), manifestó su preocupación por la falta de claridad del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al papel de dicho organismo autónomo; estas declaraciones las realizó en una entrevista para el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) noticias.
En relación con la propuesta presidencial de eliminar el INAI y transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública, la doctora Peschard sostuvo que tal medida es inviable tanto jurídica como políticamente, puesto que implicaría que el gobierno se supervisara a sí mismo y se responsabilizara de suministrar la información.
"El INAI es un ente público con autonomía constitucional que le permite situarse por encima de los órganos gubernamentales y de todos los organismos públicos, con el objetivo de garantizar la difusión y entrega de información pública a aquellos ciudadanos que la soliciten", aclaró.
Asimismo, la académica señaló que el presidente López Obrador no ha comprendido adecuadamente la diferencia entre la transparencia y la lucha contra la corrupción, puesto que no es lo mismo divulgar documentos que perseguir actos corruptos.
"Cuando el mandatario afirma que el INAI no ha sido efectivo en la lucha contra la corrupción, demuestra desconocimiento al considerar que la transparencia es solo el primer paso en dicho proceso, pero no es responsabilidad del INAI enfrentar la corrupción", expresó Peschard.
La experta también puntualizó que, para llevar a cabo la propuesta del presidente, se requiere una reforma constitucional, ya que el INAI es un organismo autónomo reconocido por la Constitución y cuenta con una reglamentación constitucional. Además, puso en duda el ahorro económico que supondría la desaparición del instituto, puesto que el 65 % de su presupuesto se destina a salarios de empleados, quienes se incorporarían al gobierno.
Peschard admitió que la transparencia resulta incómoda para los gobernantes, ya que los obliga a divulgar información y exponerse.
"La historia ha demostrado que las autoridades no se sienten cómodas siendo vigiladas, pero los ciudadanos hemos ganado este derecho; es parte de nuestro avance democrático, merecemos saber y entender las decisiones gubernamentales, cómo se toman, cuánto se gasta, etc.", dijo la académica y expresidenta del INAI.
Por último, Jacqueline Peschard sostuvo que los continuos cuestionamientos del presidente debilitan al INAI, una institución que necesita de esa fortaleza para exigir a todas las entidades públicas que proporcionen la información y protejan los datos personales de los ciudadanos.
Como instituto, es parte fundamental de la ciudadanía aunque la difusión y acercamiento a ella sea un cuanto tanto fallido; es esencial proteger y fortalecer este instituto para garantizar el funcionamiento adecuado de la democracia y preservar los derechos de los ciudadanos en México. El INAI ha contribuido, de muchas maneras, a conocer los escándalos de corrupción de este país por distintos sexenios, esto va más allá de filias o fobias, es por el país; el equilibrio de poderes es necesario, natural a la democracia como también el disentimiento.
El diálogo es la clave para este embrollo, como toda institución pública puede ser perfectible, pero NO eliminado por el disgusto de algunas personas. Al final del día, el INAI garantiza un derecho humano, político y democrático, el derecho a la información. Si nos socavan ese derecho, ¿Cómo podremos saber la verdad? ¿Cómo podremos confiar en nuestros gobernantes? De dadivas no se vive; ciudadanía y periodismo es la clave de un equilibrio de los otros 3 poderes que conforman el Estado mexicano.
VGB