La Suprema Corte de Justicia determinó dejar fuera de su análisis la facultad que tienen jueces militares para autorizar la investigación de posibles delitos que cometan ciudadanos ajenos a la disciplina del Ejército. Sin resolver, se abre la puerta para que esto suceda.
Durante la discusión, 8 de los 11 ministros acordaron eliminar la propuesta de anular el fuero de guerra por los delitos cometidos por soldados y marinos en los cuarteles e instalaciones militares de las 32 entidades del país.
Al continuar con la discusión de la controversia constitucional 46/2026, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la invalidez del Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, 8 de los 11 ministros votaron por invalidar esta parte de la discusión (artículo 13) y optaron estudiar y votar cada uno de los artículos impugnados en lo particular.
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Con la determinación se votará por dar continuidad o prohibir facultades a militares, entre ellas que puedan intervenir comunicaciones o confiscar el dinero que sea decomisado durante operativos que realizan.
El proyecto original, presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales (9 de marzo), elimina distintas fracciones de 29 artículos de los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Civiles publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de mayo de 2016.
El recurso presentado por la CNDH considera que se transgreden los artículos 1, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 5, 7, 8, 11 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, 10, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, al ser debatido por primera vez (a principios de marzo), las y los ministros hicieron distintos señalamientos, por lo que se acordó volver a discutirlo el 27 de marzo con cambios. Al presentar la nueva propuesta, el ministro Luis María Aguilar Morales, propuso, en un primer punto, "eliminar las facultades de los jueces militares para autorizar la investigación de supuestos delitos ilícitos cometidos por civiles”.
“De ahí, que en el proyecto se concluya que con motivo de indagatorias o proceso militar del fuero militar se emitan medidas que impacten en la esfera de particulares o civiles, tal y como dispone el artículo 16 constitucional, estas medidas, necesariamente deben ser autorizadas por un juez del fuero civil, como autoridad jurisdiccional orgánicamente imparcial e independiente”, mencionó el ministro en su exposición.
La justificación de Aguilar Morales fue sustentada al mencionar que es fundamental la participación del Ejército en la investigación de delitos, sin embargo, las investigaciones contra civiles deben de ser solicitadas a jueces civiles. También, comentó que existen sentencias internacionales para prohibir esas facultades.
“En el proyecto, se precisa que lo anterior, no implica que las autoridades militares estén autorizadas para efectuar requerimientos para imponer cargas a civiles, sin restricción alguna, sino simplemente que esos actos, si bien son efectuados por autoridades militares su realización no constituye un desbordamiento del fuero militar, y por tanto, no necesariamente son susceptibles de vulnerar lo dispuesto por el artículo 13 constitucional, si no, a lo que a su caso, a la participación de juzgados civiles en este supuesto, le son aplicables los derechos y garantías establecidas en otros preceptos constitucionales”.
El proyecto modificado del ministro menciona que los Militares solo deben de recabar información y medios de prueba para presentarlos ante jueces civiles. Además, argumentó que solo en casos de ilícitos cometidos por militares, los jueces castrenses tienen la facultad de requerir al fuero militar.