Esta semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), emitió el último reporte sobre violaciones a derechos humanos en el mundo. En el documento se enlista a México, pero ¿cuáles son las irregularidades detectadas en territorio nacional durante el último año?
La información incluida en el reporte detalla las irregularidades denunciadas por habitantes de diferentes estados del país a través de redes sociales y en denuncias presentadas ante ministerios públicos locales y federales.
También reconoce los esfuerzos de las autoridades mexicanas en la protección de los derechos humanos en casos excepcionales. (https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/mexico/)
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1.- Detenciones ilegales
En mayo de 2022, menciona el reporte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), prohibió al personal de migración realizar la detención de cualquier persona.
El caso fue analizado a partir de la detención de ciudadanos mexicanos detenidos e ingresados a prisión, por no hablar español y por ser considerados extranjeros, a pesar de que presentaron documentos que acreditaban su nacionalidad.
El informe del DOJ menciona que hasta antes de la determinación de la SCJN: “hubo numerosos casos de grupos armados que limitaron los movimientos de migrantes, incluso mediante amenazas y actos de secuestro, extorsión y homicidio. Los grupos criminales dominaron las operaciones de contrabando de migrantes y, a menudo, secuestraron, amenazaron y extorsionaron a los migrantes para pagar una tarifa por facilitar el viaje hacia el norte”.
2.- “Abuso de migrantes y refugiados”
El análisis realizado por el DOJ menciona que grupos criminales y, en algunos casos, policías, funcionarios de inmigración y funcionarios de aduanas atacaron y victimizaron a migrantes y solicitantes de asilo, incluso en fronteras terrestres y aeropuertos.
“Hubo numerosos casos de grupos criminales armados que extorsionaron, amenazaron o secuestraron a solicitantes de asilo y otros migrantes. En muchas partes del país, las organizaciones de contrabando de personas ejercían un poder significativo, y los medios de comunicación denunciaron connivencia frecuente entre las autoridades locales. Hubo informes creíbles de violencia de género contra migrantes mientras migraban dentro y fuera del país”.
Según el informe, las autoridades mexicanas no detuvieron a los niños migrantes y, “en general, eximió de la detención a los adultos acompañantes para preservar la unidad familiar”.
Además, menciona que, a pesar de los “esfuerzos para atacar a las organizaciones de tráfico de personas”, los “resultados son limitados”.
“En abril representantes del MNPT recorrieron la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León, donde supieron de un hondureño que fue torturado por autoridades migratorias tras intentar escapar. En junio, el MNPT recibió un informe de la ONG Asylum Access que indica que un migrante hondureño fue torturado por agentes de inmigración y de la Guardia Nacional en una estación migratoria en Piedras Negras, Coahuila.
3.-Condición y trato de los desplazados internos
En el apartado F, el informe detalla que la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos identificó nueve incidentes entre enero y mayo de desplazamiento interno forzado masivo (definido como el desplazamiento de al menos 10 familias o 50 personas) debido a la violencia.
“La violencia de los grupos criminales a menudo provocó los incidentes, que tuvieron lugar en 10 estados y desplazaron entre 250.000 y 380.000 personas, según datos de ONG y del gobierno. Los conflictos por la tierra, la violencia social y étnica o las disputas políticas locales también provocaron desplazamientos significativos. El desplazamiento interno forzado afectó desproporcionadamente a las comunidades indígenas”.
Según el documento, la pandemia de COVID-19 generó riesgos adicionales y exacerbó las vulnerabilidades de los desplazados internos, incluido el hacinamiento en los albergues y la dificultad para acceder a alimentos, atención médica básica y educación.
La información menciona que solo tres entidades del país tienen leyes para evitar desplazamientos forzados.
“En enero, aproximadamente 3,000 residentes de Tepalcatepec, Michoacán, fueron desplazados luego de presuntos ataques con explosivos perpetrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación contra su rival Cártel Unidos”.
4.-Violencia política
El informe reconoce el estado democrático del país al elegir a sus gobernantes, sin embargo, menciona que, durante las elecciones de 2021, (septiembre de 2020 a junio de 2021), los fueron asesinados 36 candidatos y 64 políticos.
“La tasa de agresiones contra figuras políticas durante el ciclo electoral estuvo a la par de las elecciones de 2018, uno de los períodos políticos más violentos de la historia reciente”.
Los estados donde más violencia política ocurrió fueron Veracruz, seguido de Guerrero y Guanajuato.
5.- Corrupción y Falta de Transparencia en el Gobierno
El informe menciona que las leyes mexicanas establecen sanciones penales por corrupción de funcionarios, sin embargo, persisten “numerosos informes de corrupción gubernamental”.
Entre los casos se enlistan los sucesos, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en los que se identificaron a 32 funcionarios que realizaban contratos para permitir la introducción de precursores químicos.
También, el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de 2019 a 2021, consistentes de contratos ilegales, nóminas “fantasma”, compras simuladas de productos agrícolas, venta de productos a empresas privadas por debajo del valor mínimo de compra y compra ilegal de acciones con fondos gubernamentales.
También, se menciona la falta de actuación en los casos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte y del ex de Nuevo León Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón.
6.-Presuntos abusos de los derechos humanos.
El apartado reconoce a grupos de derechos humanos nacionales e internacionales que operaron sin restricciones gubernamentales, investigando y publicando sus hallazgos en casos de derechos humanos, incluso con participación de autoridades mexicanas.
6.- Discriminación y abusos sociales
La investigación realizada menciona que, a pesar de existir leyes para evitar el abuso contra mujeres, en 2021, el 40%de las mujeres de 15 años o más reportó violencia física en su contra por parte de su pareja actual o más reciente, y el 23% haber experimentado violencia sexual en los últimos 12 meses.
“El aumento de casos de violencia doméstica que comenzó durante el inicio de la pandemia de COVID-19 continuó durante el año, según el grupo de vigilancia Nosotros Tenemos Otros Datos”.
También, se enlista el feminicidio, en particular los casos de Debanhi Escobar y Cecilia Monzón, investigaciones que siguen sin culminar.
“El feminicidio es un delito federal castigado con 40 a 70 años de prisión. También es un delito penal en todos los estados. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó más de 1.900 asesinatos de mujeres, incluidos 858 feminicidios de enero a noviembre".
7.- Discriminación y violencia racial o étnica sistémica.
El reporte del DOJ, menciona que, según un informe de 2021 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en la Ciudad de México, las personas de piel oscura fueron las más discriminadas, seguidas por los pueblos indígenas.
También, de acuerdo a la Comisión nacional de Derechos Humanos (CNDH), que las mujeres indígenas se encontraban entre los grupos más vulnerables de la sociedad.
8.-Falta de derechos a niños
Según el gobierno de Estados Unidos, en México carece de un registro de los nacimientos que podría dar lugar a la denegación de servicios públicos como la educación o la atención de la salud.
Además, asegura que numerosos informes de abuso infantil, entre los que se incluye el matrimonio infantil, precoz y forzado y explotación sexual.
“Niños institucionalizados: Los grupos de la sociedad civil expresaron su preocupación por el abuso de niños con discapacidades mentales y físicas en orfanatos, centros para migrantes y centros de cuidado. Durante el año, el MNPT visitó instituciones infantiles y encontró que carecían de protocolos para denunciar malos tratos y mecanismos de supervisión”.
El informe, también detalla violaciones contra personas contra el libre derecho a la sexualidad, el trabajo, entre ellos, la explotación laboral.
VGB