El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) se encuentra en medio de una polémica luego de que el periodista Carlos Loret de Mola revelara en su columna de EL UNIVERSAL que un grupo de trabajadores denunció haber sido extorsionado por un alto funcionario del organismo.
Según el reporte de Loret de Mola, 15 empleados del Indep comparecieron ante el Órgano Interno de Control la semana pasada para denunciar que se les había pedido entregar el 30% de su salario a cambio de poder seguir trabajando en el gobierno. El periodista señaló que el encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, identificado como José Ángel Anzurez Galicia, era el responsable de la extorsión.
Los denunciantes explicaron que Anzurez Galicia y su esposa, quien no trabaja en el Indep, estaban a cargo de cobrar el "moche". Cuando las normas federales prohibieron el acceso de familiares a los edificios de la administración pública, la mujer comenzó a utilizar un Starbucks cercano a las oficinas del Indep como oficina de recaudación.
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Los trabajadores afectados presentaron como pruebas chats de WhatsApp y transferencias electrónicas que demostraban la extorsión, según informó Loret de Mola. Ante la denuncia de los trabajadores, el Indep reprobó "enérgicamente" cualquier acto contrario a la legalidad y dio vista a las autoridades competentes para que procedan según la normativa.
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El funcionario tenía a su cargo, además, las licitaciones para seguros médicos y de vida, hospitalización, limpieza, trabajos de auditoría y la compra de boletos de avión al extranjero, de acuerdo con información que se encuentra en la plataforma Compranet. En el último año, los contratos otorgados por la dependencia sumaron 3,815 millones de pesos.
Anzures Galicia pasó de tener un sueldo de 34,820 pesos como gerente de Servicios Generales de la Lotería Nacional, a uno de 136,813 en el Indep.
En un comunicado, el Indep dio a conocer que el servidor público que resultó acusado había renunciado a su cargo el 22 de marzo, con la finalidad de facilitar las investigaciones que la autoridad realice. El Indep también se comprometió a cooperar plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La denuncia de los trabajadores ha generado gran indignación en la opinión pública, que ha condenado el actuar de los responsables de la extorsión. La situación ha puesto en entredicho la integridad del Indep y ha generado llamados para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el gobierno.
El Indep es un organismo encargado de administrar los bienes incautados al crimen organizado y otros actos de corrupción para devolverlos a la sociedad. El escándalo de la extorsión ha generado preocupación sobre el manejo de los recursos públicos y la posibilidad de que otras dependencias gubernamentales estén siendo víctimas de actos similares.
DJC