La segunda parte del Plan B de reforma electoral se publicó ya de manera oficial. El Diario Oficial de la Federación en su edición matutina publicó las reformas a leyes secundarias como son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y una nueva Ley de Medios de Impugnación en materia electoral.
El tema es relevante porque de dicha publicación oficial depende la ruta jurídica que llevará a la Corte en el tema, ante las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que presentaron partidos de oposición.
De acuerdo con fuentes consultadas, la revisión del Plan B electoral de AMLO puede ser resuelto en un corto tiempo porque es interpretación de la norma y, además, en caso de necesidad de más tiempo para el análisis, puede irse más allá de junio próximo, porque la imposibilidad de reformas es para el Poder Legislativo. Incluso, las fuentes señalan que en un extremo caso, la Corte podría ordenar al Legislativo hacer adecuaciones aún después de junio.
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El Plan B prevé suprimir la Junta General Ejecutiva del INE, reduce la Unidad Técnica de Fiscalización a una dirección ejecutiva y modifica de manera importante la estructura y responsabilidades de los organismos Públicos Locales (OPL).
Se prevé que la reforma electoral de AMLO entre en vigor este viernes 3 de marzo.
¿Por qué tardó en publicarse en el DOF?
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, declaró el domingo que el plan B de publicaría el lunes 27 de febrero. Pero hoy explicó que estaba en un error. “Yo pensé que ya la Mesa Directiva a cargo de Santiago Creel ya lo había remitido al Senado y éste al gobierno de la República. Pero me dicen que no, que hasta hoy o mañana estará terminando el trámite legislativo”.
Creel responde a acusaciones
El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, señaló que hubo errores de técnica Constitucional por parte del Senado, “seguramente fueron errores involuntarios, pero fueron errores”, lo que retrasó el proceso para firmar el plan B de la reforma electoral y enviarlo al presidente López Obrador para su promulgación.
“No solamente quitaron la cláusula de la vida eterna, sino que se llevaron varios párrafos adicionales que esta Cámara no había suprimido y como ya era el final del proceso Legislativo, por las distintas vueltas que ya había dado esa Legislación (…) se había cumplido ya el ciclo legislativo, entonces nos quedamos con una serie de párrafos que modifica el Senado, pero que ya no se pueden volver a discutir en la Cámara de Diputados porque el proceso ya está concluido”, explicó.
Creel apuntó que esto requirió de una reunión urgente con todos los coordinadores parlamentarios, pero finalmente se decidió enviar la reforma al Ejecutivo.
“Esto fue totalmente irregular, modificaron algo que ya no podían modificar, sabían perfectamente que ya había concluido el proceso legislativo”, lanzó.
Sin embargo, adelantó que en el momento que las acciones de inconstitucionalidad estén puestas, hará un llamado a la Corte para que les dé una atención prioritaria y se discutan antes del proceso electoral de 2024.
¿Cuándo se publicó la primera parte?
El 28 de diciembre y que se refiere a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En general ambas permiten a los funcionarios públicos externar su opinión sobre los procesos electorales, poniendo su derecho a la libertad de expresión por encima de la legalidad y equidad en todo proceso electoral.
El 22 de febrero el ministro Alberto Pérez Dayan suspendió la aplicación de ésta en Coahuila y Estado de México ya que se encuentran en proceso de renovación de su gubernatura y celebrarán comicios en junio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que presentaron ya la impugnación de esta medida ante la Corte pues acusó que se trata de "un fraude a la Constitución".
¿Cuántas acciones jurídicas se han presentado?
Ante la Suprema Corte de Justicia el INE presentó una controversia constitucional y adelantó que de ser necesario presentaría otros procedimientos jurídicos en calidad de "amicus curiae", es decir, como terceros ajenos en un litigio que ofrecen herramientas jurídicas sobre el tema de manera voluntaria.
Cabe recordar que durante la concentración que se realizó en el Zócalo capitalino el 26 de febrero para defender al INE, los convocantes y la sociedad civil comenzaron a reunir allí las firmas necesarias para esta ruta jurídica.
Por otro lado, los partidos de oposición que integran la alianza "Va por México" presentaron acciones de inconstitucionalidad por separado.
Otra, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel. Una más de la bancada panista en el Senado.
En este contexto, la Corte declaró hace unos días que estaba ya acostumbrada a trabajar bajo presión y con un gran cúmulo de trabajo en este tipo de temas.