El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) entró en una etapa de operatividad crítica a partir del veto que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer para objetar el nombramiento de sus nuevos 2 comisionados: Yadira Alarcón y Rafael Luna. Ambos fueron electos por el Senado luego de un año de incumplimiento legislativo.
La importancia del veto del presidente, más allá de sus facultades como titular del Ejecutivo, ponen en riesgo al INAI porque, en términos operativos, al no contar con al menos 5 comisionados, el pleno no podrá sesionar ni resolver respecto a diversos temas en materia de transparencia y protección de datos personales. Derechos que todos los mexicanos tenemos garantizados en la Constitución.
Cabe recordar que, en esta administración, el INAI ha votado en diferentes resoluciones contra el gobierno federal por incumplir sus obligaciones de transparencia. Lo mismo ha hecho con diversas dependencias gubernamentales y hasta empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos. A partir de estas resoluciones se ha ordenado a dichas dependencias dar a conocer la información que no entregan de manera proactiva, es decir, por su propia obligación de hacerlo.
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En enero de 2022, cuando el INAI y la Ley Federal de Transparencia cumplieron 20 años, comisionados, excomisionados y especialistas en transparencia advirtieron que el Congreso limita su operación en la medida en la que no agiliza el nombramiento de sus consejeros integrantes.
Gobiernos peleados con la transparencia
Desde su origen al Inai se le consideró un organismo autónomo igual que al INE. Su objetivo fue garantizar a cualquier persona el acceso de la información pública con el fin de conocer en qué gastan, el gobierno en sus tres niveles (federal, estatal, municipal) el dinero que reciben en materia de gestión pública y rendición de cuentas.
El tema ha sido una piedra en el zapato para este gobierno y anteriores. Por ejemplo, en el sexenio peñanietista gracias a la información que se obtuvo vía transparencia salieron a la luz casos de corrupción tan relevantes como La Estafa Maestra o La Casa Blanca de ex la primera dama, Angélica Rivera.
En general, gobiernos y autoridades rechazan la rendición de cuentas de manera abierta y explícita; en diversos casos dan largas para la entrega de la información solicitada por ciudadanos u organizaciones civiles, afirman no encontrar la información, la entregan de manera parcial o la reservan por lustros o décadas para no dar a conocer su contenido.
Las bases del INAI
El Grupo Oaxaca concretó el derecho a la información con la redacción de la primera ley en el tema. El objetivo se logró porque se aprovechó la coyuntura política con un gobierno de alternancia que en ese caso fue la llegada del presidente Vicente Fox.
Expertos en transparencia como Mauricio Merino y Jacqueline Peschard han señalado que anterior a 2000 las administraciones priistas no abrieron su información; y que tras la redacción y promulgación de las primeras leyes, la transparencia fue bien vista los primeros 10 años, es decir hasta 2010; después los gobiernos se dedicaron a buscar los medios para evadirla por considerarla incómoda.
La importancia del tema derivó en la creación de leyes en la materia como Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
Derivado del surgimiento del Inai surgieron diversos laboratorios de investigación que impulsaron nuevas perspectivas en el periodismo de datos y de transparencia, lo que puso en el ojo del huracán a políticos y gobiernos respecto al uso que dieron al dinero público en su administración.
Por el Inai pasaron diversos consejeros que marcaron historia en temas de transparencia como por ejemplo Merino, Peschard, Alonso Lujambio, María Marván, Javier Acuña y Blanca Lilia Ibarra, entre otros.