Un juez federal emplazó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD) a entregar copia certificada del estudio de tortura y del protocolo de Estambul que se practicó a Miguel Ángel Félix Gallardo, “Jefe de Jefes”, fundador del extinto cártel de Guadalajara.
La medida fue emitida durante el análisis de un amparo presentado por el narcotraficante contra la falta de aplicación de medidas cautelares, lo que le permitiría salir de la cárcel y permanecer en su domicilio mientras cumple su condena.
“Soslayó adjuntar copia certificada del expediente de queja aludido que se integra con la Opinión Médica Especializada para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, constante de setenta y nueve hojas y de la Opinión Especializada en Materia de Psicología Protocolo de Estambul, constante de noventa y cinco hojas. Por tanto (…, se requiere a la citada responsable Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que, en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada completa, legible y ordenada del expediente”.
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Félix Gallardo busca que se le permita permanecer en su casa argumentado tortura por parte de las autoridades al momento de ser detenido en abril de 1989. El año pasado la Fiscalía General de la República abrió un expediente por supuestos malos tratos contra el capo. De acuerdo con documentos judiciales, el Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula B-IX-5, en Guadalajara, abrió la carpeta FED/JAL/GDL/0001712/2022 por el delito de tortura por parte de servidores públicos.
El ilícito se encuentra previsto en el artículo 24 fracción primera de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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El ex fundador del cártel de Guadalajara permanece en prisión por dos sentencias emitidas en su contra. La primera de ellas es de 40 años por delitos contra la salud; y la segunda por 37 años de cárcel al ser encontrado culpable de los secuestros y homicidios del entonces elemento de la DEA Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.
En septiembre de 2022 se llevaron audiencias en las que se aplicarían en su beneficio medidas cautelares, entre ellas la colocación de un brazalete electrónico para poder cumplir su sentencia en un domicilio particular, sin embargo, ambas fueron diferidas porque no se contaba con elementos para colocar el dispositivo o que la falta de autoridades para garantizar su traslado.
DJC