Un grupo de cooperativistas de la cementera Cruz Azul presentó una solicitud de juicio político contra Manuel Bartlett, director general de Comisión Federal de Electricidad (CFE), por haberse negado a reconectar la energía eléctrica en la planta de Tula. El castigo que piden contra el funcionario es que se inhabilitado por 20 años del servicio público.
Se trata de dos juicios de amparo interpuestos por Rodolfo García Trujillo, apoderado legal de la cooperativa Cruz Azul, ante el Juez cuarto de distrito en Hidalgo, luego de que a esa planta se le dejara sin luz eléctrica.
García Trujillo obtuvo una suspensión de plano en favor de la cooperativa para que no se les cortara el suministro o la energía eléctrica fuera reconectada a la brevedad.
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La CFE no acató la suspensión de plano en favor de Cruz Azul y la cementera luego se inconformó porque el juez revocó dicho resolutivo, según explicó Rodolfo García.
Tras la inconformidad de la institución celeste, una instancia superior procedió a revisar el caso y esta dio un fallo a favor de la denuncia interpuesta por el equipo legal de García Trujillo, por lo que mantuvo la suspensión de plano.
Este personaje de Cruz Azul aseguró que hasta el momento la CFE sigue sin reconectar la energía eléctrica en la planta de Tula, como lo ordenó una instancia legal.
Rodolfo García Trujillo acusó al titular de CFE, Manuel Bartlett, de haber dado la orden de no proveer de energía a la planta cementera a pesar de que existe una suspensión de plano otorgada por un juez.
Agregó que también se ha visto afectada una zona de alrededor de 30 viviendas que se ubica en las cercanías de la planta celeste, pues este asentamiento depende de la energía que le llega a dicho centro de trabajo.
Piden juicio político contra Bartlett
La solicitud de juicio político fue realizada el pasado 9 de marzo en contra de Manel Bartlett, director de la CFE, así como a José Martín Mendoza Hernández, director general de CFE, suministrador de Servicios Básicos; al gerente regional de Transmisión Central, así como a Arturo Mota Palomino, encargado o director general del Centro Nacional de Control de Energía.
Estos personajes son acusados por el posible ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, desacato, perjurio o falsedad de declaración a una autoridad, obstrucción de justicia, asociación delictuosa y delincuencia organizada.
La cementera busca que estos funcionarios públicos sean sancionados, separados de sus cargos públicos y que sean inhabilitados para volver a ocupar un cargo público en los próximos 20 años.