Un juez ordenó a la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE). La determinación del juzgado se presenta a unas horas de que un Tribunal en Materia Administrativa ordenó restituir en el cargo porque le causaría afectaciones irreparables en su contra.
Los magistrados Carolina Alcalá Valenzuela, Sergio Urzúa y Edwin García, revirtieron el fallo de Blanca Lobo Domínguez, jueza Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, quien determinó conceder la suspensión.
En acatamiento al Tribunal, Blanca Lobo Domínguez, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa concedió la suspensión durante audiencia.
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De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, durante la sesión, la jueza precisó que la suspensión solo es para que Edmundo Jacobo Molina continúe laborando en el INE.
El mandamiento estará vigente hasta que la jueza determine si la concede o niega el amparo.
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La determinación puede ser impugnada por el gobierno federal, por lo que corresponde a otro Tribunal Colegiado, o al mismo, analizar el caso y definir si son válidos o incorrectos los argumentos de las partes.
Edmundo Jacobo Molina fue cesado de su trabajo el pasado 2 de marzo por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Hasta el momento, se han presentado diferentes amparados contra el decreto. Esta semana, más de 100 trabajadores, que son afectados, tramitaron el recurso.
¿Qué faltaba?
Para que el ex secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, regrese a su cargo solo falta que una Jueza de Distrito lo avale. Esta semana el ex funcionario del INE Edmundo Jacobo ganó la resolución de un tribunal administrativo federal (Noveno Colegiado) para regresar a su empleo. De hecho, recientemente Jacobo confió que será cuestión de días para regresar a su puesto, donde por ahora hay un encargado de despacho. Se trata de Roberto Heyches Cardiel, quien también compite por uno de las cuatro vacantes en el Consejo General del INE.
La resolución a favor de Jacobo consistió en revocar la negativa del Juzgado 12 en materia administrativa que no le concedió la suspensión del plan B electoral, específicamente en un artículo transitorio donde se elimina el encargo que tenía como secretario Ejecutivo.
Los antecedentes
Edmundo Jacobo tenía 14 años trabajando en el INE. La Silla Rota publicó recientemente que el ex secretario llegó a este con ex presidente del IFE, Leonardo Valdés. Y que continuó en su encargo durante la presidencia de Lorenzo Córdova ya como Instituto Nacional.
Por permanecer en el cargo ese lapso de tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusó de querer permanecer en el cargo "de manera vitalicia”. También afirmó que su labor (como ejecutor administrativo de las decisiones aprobadas en el Consejo General) es innecesario y que, en el contexto de la austeridad republicana se debía ahorrar su salario.
Según la página oficial del INE, la plaza de Edmundo Jacobo tenía asignado un sueldo de casi 247 mil pesos que, sin impuestos, equivale a 168 mil pesos.
También tenía como prestaciones una prima vacacional de 5 días de sueldo base; gastos funerarios e indemnización por fallecimiento por hasta 1000 veces el salario mínimo vigente. Otra indemnización por fallecimiento de 4 meses de salario integrado. Una prima quinquenal, dos periodos vacacionales de 10 días hábiles cada uno y un aguinaldo equivalente a 40 días de sueldo.
¿Y el TEPJF?
La próxima semana la Sala Superior del Tribunal Electoral también se pronunciará sobre el tema. El juicio interpuesto al respecto fue turnado a la magistrada Janine Otalora quien circuló hace unos días su proyecto de resolución. En este propone que Jacobo sea restituido en su encargo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la postura de Otalora y a través de la Consejería Jurídica solicitó que el caso fuera turnado a otro/otra magistrado.