La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el auto de vinculación en contra de Marco Aurelio González Romero, secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Proceso Penales Federales en el Estado de México, quien supuestamente ayudó a José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo” a no ser vinculado por el delito de delincuencia organizada.
Marco Aurelio González Romero es acusado por el Ministerio Público del delito contra la administración de la justicia, en la modalidad de dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen.
El 24 de junio, la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Fiscalía General de la República (FGR), detuvo a “El Mochomo” en el municipio de Metepec, Estado de México.
“El Mochomo”, según el gobierno federal es integrante de Guerreros Unidos, investigado por la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
El encargado de emitir el acuerdo para no vincular a proceso a “El Mochomo” fue Marco Aurelio González Romero, quien, según la FGR autorizó el auto de libertad “negándole valor a pruebas que se presentaron y que fueron admitidas en 2014, y que eran válidas en el sistema vigente en ese momento, dejando de revisar 21 pruebas aportadas entonces, razón por la cual la FGR apeló de inmediato”.
Esto sabemos del caso
El Ministerio Público asegura que el 25 de junio de 2020 aproximadamente a las dieciocho horas, Marco Aurelio González Romero, dirigió y aconsejó al “Mocho” y a su abogado, Arturo Rodríguez García, para que obtuviera su libertad al momento de resolver su situación jurídica.
“En esa fecha se reunió con el primero de los nombrados en las cercanías del Fraccionamiento, domicilio del mencionado profesionista, y tres días después, como a las trece horas con once minutos, se encontraron en las instalaciones del referido órgano jurisdiccional para proporcionarle información que presentarían como alegatos y pruebas en la causa penal (…)”.
Marco Aurelio González Romero fue vinculado a proceso el 31 de mayo de 2021. Al no ser un delito grave el juez otorgó medidas cautelares, entre ellas presentarse ante un juez para reportar su presencia periódicamente.
Al ser vinculado a proceso, solicitó un amparo en el juzgado Séptimo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien el 1 de octubre de 2021 negó la petición.
Inconforme presentó un recurso de revisión en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. El 12 de mayo de 2022 el cuerpo colegiado solicitó a la SCJN que estudiara el caso.
“Recibidos los autos en este Alto Tribunal, por acuerdo de Presidencia de treinta de ese mes y año, esta Suprema Corte asumió su competencia para conocer del tema planteado y se ordenó su radicación en esta Primera Sala”.
El caso fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien determinó que el amparo carece de argumentos, por lo que ordenó al Tribunal Colegiado resolver el caso conforme a derecho.
Al ser infundados los agravios y no advertirse queja deficiente que suplir, este Tribunal estima, en la materia de su competencia, que debe confirmarse la sentencia recurrida y negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Marco Aurelio González Romero, contra la fracción IV del artículo 225 del Código Penal Federal. 63. Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto para que se ocupe de las cuestiones de legalidad pendientes de resolver”.