Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no están obligados, por ninguna ley, a acudir a una reunión o comparecer ante la Cámara de Diputados para abordar temas relacionados con sus sentencias, que son consideradas como inapelables.
Aunque la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados les hizo llegar una invitación para acudir a una reunión para abordar temas relacionados con una sentencia –en la que el Tribunal ordenó a los diputados emitir de nuevo la convocatoria para la elección a los 4 nuevos consejeros del INE–, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral no tienen obligación de asistir.
Esto significa que, si así lo desean, podrían acudir por cortesía política al encuentro que les propuso a través de una misiva el presidente de la Jucopo en San Lázaro, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. La Junta revisará este miércoles la posibilidad de que sean los diputados quienes asistan al Tribunal Electoral.
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Eso, luego de que el viernes los magistrados del Tribunal Electoral respondieron a la Junta que aceptan la reunión de trabajo que ésta les solicitó; pero que se lleve a cabo en las instalaciones del propio Poder Judicial y no en la Cámara de Diputados.
En la última semana de diciembre, el Tribunal Electoral determinó que la Jucopo extralimitó sus funciones al pedir al Comité Técnico, responsable de revisar los mejores perfiles de aspirantes para la elección de 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), rendir cuentas a la Junta sobre los perfiles mejores evaluados.
En la primera semana de enero, la Jucopo determinó que acatará la sentencia y que modificaría la convocatoria en febrero en sesión del pleno. La semana pasada el tema fue abordado en el pleno.
Constitucionalistas consultados por La Silla Rota revisaron este tema y explicaron a detalle las diferencias entre la invitación de la Jucopo y la respuesta del Tribunal Electoral.
“Fue una invitación informal”
Javier Reyes, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que no ve “algún fundamento para que una cita de ese tipo sea obligatoria”.
“Entiendo que es una invitación a tener un diálogo informal sobre una sentencia, una reunión que como tal no puede tener ningún efecto en el cumplimiento de ésta”.
El pasado 1 de febrero, la Jucopo envió está invitación a las y los magistrados de Tribunal Electoral. Y el 3 de febrero ellos respondieron con otra misiva; explicaron que aceptan la invitación pero que ésta se realizaría en las instalaciones del Tribunal Electoral; y precisó que se realizaría solo para escuchar a una de las partes involucradas en el tema en cuestión.
El constitucionalista y ex académico del CIDE recordó que las sentencias del Poder Judicial son inapelables, aunque en esta legislatura del Congreso los diputados de la 4T señalen lo contrario.
“Bien dicen que en política forma es fondo. A mí me parece mucho más apropiado que la reunión se realice en la sede del Poder Judicial porque el Tribunal Electoral y los órganos judiciales en México tienen una práctica que también es informal; se trata de recibir a las partes interesadas en algún litigio. Y la Jucopo es claramente parte interesada en un litigio que en este caso se trata de la convocatoria para elegir 4 consejeros del INE”.
Agregó que cuando la Sala Superior se pronuncia es implícitamente la última instancia, la última determinación y son sentencias vinculantes. “Más allá de lo que se diga informalmente, cualquier sentencia se tiene que cumplir”, reiteró.
Recordó que “hay magistradas y magistrados que en redes sociales hacen públicas sus reuniones. Así que lo que le dijeron a la Jucopo fue que con gusto se reúnen, pero en apego a la práctica electoral y del poder judicial”.
¿Erró la Junta al pedir a los magistrados ir a San Lázaro?
Se trata de una condición muy atípica, porque ni las y los diputados ni la Jucopo pueden llamar al Tribunal Electoral para que explique su determinación o que la pretendan modificar. Es una sentencia y se tiene que cumplir. Si los Jucopo tiene alguna preocupación relacionada con el cumplimiento, debe ser la Jucopo quien acuda.
“No hay fundamento legal para que acudan”
Tulio Salanueva, abogado en materia constitucional y miembro del Colegio Nacional de Abogados, destacó que no hay fundamento legal para que las y los magistrados se vean obligados a acudir ante la Jucopo en San Lázaro.
“Me parece más que se trata de una cuestión política y práctica. No la veo indebida, más bien lo que se busca es tener claridad sobre los efectos que debe dar la Cámara de Diputados acerca del cumplimiento al mandato constitucional de convocar para la elección los 4 nuevos consejeros del INE”.
Detalló que si bien la ley no aborda las formas y protocolos en que dichas reuniones deben realizarse, se sobreentiende que se trata más de un alegato verbal para aclarar dudas de los legisladores por conducto de la Jucopo.
“Y en caso de que los magistrados lo consideren conveniente podrán acudir, pero tampoco hay ningún impedimento para que se lleve a cabo de esa forma”.
“Lo adecuado en este y todos los casos es que el litigante, en este caso la Cámara, se acerque al Tribunal y le haga saber las dudas que tiene acerca del cumplimiento de la sentencia. El comunicado que emitió el Tribunal es lo correcto, es lo que se estima en la práctica jurisdiccional. Y en este caso debería acudir la Jucopo a convocatoria de Tribunal en las instalaciones correspondientes”.
En diversas ocasiones políticos de varios partidos han acudido a la sede del Tribunal Electoral tras solicitar reuniones en privado con las y los magistrados vinculados a casos relacionados con una elección.
En este contexto Salanueva detalló que “el Tribunal tiene toda la potestad, la fuerza legal y jurisdicción para que la Cámara de Diputados cumpla la sentencia”.
“En lo personal me aparecen desafortunados los comentarios de algunos diputados que en enero señalaron que someterían a juicio político a las y los magistrados que emitieron la sentencia. Pierden de vista que el Tribunal actúa simplemente como un órgano de impartición de justicia electoral. No habría lugar para hacer ese tipo de descalificaciones”.
“Confío en que prive la civilidad política y jurídica; y que la Cámara haga lo propio para que se lleve a cabo un proceso de sucesión limpio en la elección de los nuevos consejeros”.