La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instauró un nuevo Comité en el que se programarán los temas que serán discutidos y votados por los 11 ministros durante cada sesión; en el contexto de señalamientos de que el anterior presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar tenía esa atribución de manera discrecional.
En diciembre de 2020, La Silla Rota publicó el reportaje “Ven expertos a la SCJN como guardaespaldas de AMLO”, donde se destacó que la Corte tiene en su lista de espera temas relacionados con acciones legales interpuestas por opositores al gobierno de AMLO donde se advierte que para los temas de interés del Poder Ejecutivo sí resuelve rápido; mientras que para otros temas, de interés de la oposición pueden tardar años.
Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de la organización México Justo, interpretó en esa ocasión que "el hecho de que la justicia sea pronta y expedita sólo queda en teoría", y criticó que muchos de los temas aprobados en el congreso "desafortunadamente no avanzan".
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Además, el 15 de febrero, se presentó una iniciativa para ponerle un plazo específico al tiempo máximo que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda llevarle el análisis de una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, en referencia a las demandas presentadas en contra del “plan B” a la reforma electoral impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Por increíble que parezca, no existe un plazo para la corte y lo que está pasando es que los temas de mayor interés nacional que se votan en el legislativo terminan en la SCJN y la SCJN o parte de ella le hace el trabajo sucio al presidente de la república y deja los temas más importantes dormir el sueño de los justos”, expresó el senador Damián Zepeda.
Zepeda propuso un tope máximo de 90 días naturales, es decir tres meses máximo, para que la Corte resuelva sobre el plan B de la reforma electoral. “Justicia que no es pronta, no es justicia, compórtate como tribunal constitucional”, dijo.
¿QUÉ DICE EL ACUERDO?
A través de un acuerdo publicado el pasado 23 de febrero por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se habilitó el Comité de ministras y ministros de consulta y apoyo para la revisión y autorización de las listas de asuntos que se pondrán a consideración del pleno.
Con el Comité se delega el control que tenían los presidentes de la SCJN para definir cuáles serían los temas a analizar y discutir a partir de sus propios criterios.
“La justicia debe ser pronta y expedita, por lo que, a efecto de que la resolución de los asuntos competencia del Tribunal Pleno se realice de manera ágil y efectiva, tomando en consideración las particularidades de estos, se considera necesario la consulta de las y los Ministros, con la finalidad de apoyar a la Presidenta de este Alto Tribunal en la revisión y autorización de las listas provisionales y la lista oficial de los asuntos que se someterán a consideración del Pleno.
De acuerdo con el documento, el Comité tendrá por objeto asesorar y apoyar a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su facultad de autorizar las listas de los asuntos que serán puestos a consideración en las sesiones del Tribunal Pleno, en el cual se podrá revisar, analizar y ponderar la temática, temporalidad, importancia, trascendencia o urgencia de los asuntos.
Una vez que se lleve a cabo el análisis, los asuntos se entregarán a la Secretaría General de Acuerdos para que se incluyan en la lista de asuntos que será puesta a consideración del Tribunal Pleno.
El Comité se integrará por tres Ministras o Ministros, que serán la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo presidirá, y dos Ministras o Ministros designados por ella, en este caso, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.
“La Presidenta podrá convocar al Comité en cualquier momento, cuando considere que la propia naturaleza de los asuntos lo ameriten; o con tres días hábiles de anticipación si existe alguna solicitud expresa de una Ministra o Ministro integrante del Tribunal Pleno que considere que un asunto, por su propia naturaleza, debe ser resuelto de manera prioritaria”.