La designación del director del Colegio de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche no contó con la firma del Consejo Académico de esa casa de estudios en el acta protocolaria, reveló una solicitud vía transparencia del periódico El Universal.
El 12 de febrero de este año, se dio a conocer que la comunidad estudiantil del CIDE logró que las autoridades dieran a conocer el acta del nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como director de la institución.
La comunidad del CIDE a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) realizaron varias solicitudes de transparencia que dieran fe de la legalidad del nombramiento de Romero Tellaeche como titular del CIDE; sin embargo, la información fue escondida y negada.
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Los representantes de la comunidad estudiantil consiguieron el documento emitido por la Notaría 181 de la Ciudad de México, fechado al 10 de febrero de 2022.
El periódico El Universal publicó que los estudiantes informaron que María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y el propio Romero Tellaeche hicieron falsas declaraciones al Congreso de la Unión y al INAI sobre dicha acta, ya que fue negada por los dos titulares en diferentes ocasiones.
PUGNA POR TRANSPARENCIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE ROMERO TELLAECHE
Hace un año, por orden del juez, el Conacyt tenía un plazo de 10 días para dar a conocer el acta notariada con la que se formalizó el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Entonces, la comunidad del CIDE emprendió acciones legales contra el nombramiento y el Juzgado de Distrito emitió esta orden al Conacyt, que encabeza María Elena Álvarez-Buylla.
“Requiérase al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), remita copia certificada. clara y legible del acta formal y notariada de la formalización del nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.”, se lee en el documento del Juzgado 12.
De no hacerlo, el Conacyt se haría acreedor a una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México.
Ahora se da a conocer que el acta no contó con la firma del Consejo Académico, lo que le daría validez al nombramiento.