El presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó este viernes entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, tal y como le corresponde, al considerar que el gobierno de Dina Boluarte es "espurio".
"Voy a dar instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de que notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregar (la presidencia) a un gobierno que considero espurio. Que decidan los miembros del grupo", dijo en su conferencia matutina, desde Sonora.
Una vez recabada la opinión del Grupo de Río, un mecanismo permanente de consulta integrado por Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, López Obrador indicó que acatará la decisión correspondiente.
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"Si ellos dicen que entreguemos la presidencia, lo hacemos. Pero sí voy a hacer la consulta, yo no quiero legitimar un golpe de Estado, es contrario a las libertades, los derechos humanos y es antidemocrático", subrayó.
Boluarte abordó el tema el pasado miércoles, cuando comentó que López Obrador no quería entregarle la presidencia porque "sigue apoyando al expresidente" Pedro Castillo.
"En enero de este año, Perú debía haber asumido la presidencia pro tempore. Sin embargo, por esa situación política del presidente de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico porque (...) no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico", dijo Boluarte en una declaración sin preguntas.
Inicialmente, México debía entregar la presidencia pro tempore a Lima en la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para México en noviembre, pero se suspendió porque el Congreso peruano no permitió salir del país al entonces presidente Castillo.
Pese a que la Cumbre se pospuso y se trasladó a la capital peruana para diciembre, semanas después Castillo fue destituido por el Congreso y encarcelado tras dar un fallido autogolpe de Estado.
López Obrador se ha alineado desde entonces con el expresidente andino, otorgando asilo a su mujer e hijos y denunciando que fue un golpe de Estado en su contra orquestado por la oligarquía.
"Lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, y lo que hay en el fondo es una actitud clasista, racista. Como se trata de un maestro de la sierra, humilde, fue desde el principio acosado por el Congreso", dijo este viernes.
HISTORIA DEL CASO MÉXICO-PERÚ
En diciembre, pese a las dificultades que se han vivido con Perú respecto a la expulsión del embajador mexicano en aquel país, el presidente López Obrador, dio a conocer que pese a la dicha expulsión de Pablo Monroy Conesa después que se le nombrara persona non grata, las relaciones con Perú no se romperán.
El no romper las relaciones con Perú es una decisión por partida doble. En primera instancia, México nunca ha sido un país que confronta de esa manera los problemas diplomáticos y, de manera subsecuente, la necesidad de continuar apoyando a los connacionales que se encuentran allá aún varados o con dificultades de regresar al país.
Las declaraciones surgen después de que Perú diera a conocer que el embajador mexicano en dicho país, Pablo Monroy Conesa, fuera nombrado persona non grata y se le diera un plazo máximo de 72 horas para que saliera, bajo cualquier forma, del país.
López Obador confirmó también en diciembre que pidió recibir a Pedro Castillo en la embajada mexicana en Lima, Perú para darle asilo político luego de que fuera destituido de la presidencia por el Congreso previamente a su detención. Además, el político peruano sí habló a la oficina de Palacio Nacional para pedir que se le abrieran las puertas de la representación diplomática mexicana.
ACUSACIÓN DE INJERENCIA
El 15 de diciembre El gobierno de Perú anunció este jueves que llamará a consulta a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, por lo que considera "una injerencia en sus asuntos internos" de los presidentes de esos países, al cuestionar la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte.
"Respecto de otros (países) que han expresado opiniones discordantes con lo que pasó constitucionalmente en el Perú, hemos decidido traer en consulta a los embajadores en esos países como expresión de la molestia por esa actitud que no se condice con el respeto mutuo", dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi, en consonancia con una declaración publicada minutos antes en el diario oficial El Peruano.
¿QUÉ DIJERON MÉXICO, ARGENTINA, COLOMBIA Y BOLIVIA?
Días antes, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron este lunes “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, y pidieron que se respete sus derechos humanos.
En un comunicado conjunto, los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo objeto de “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.
“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, indicaron en el documento.