México es por naturaleza una una zona sísmica.De los sismos más recientes destacan el del 7 y 19 de septiembre de 2017, de magnitud 8.2 y 7.1 respectivamente, que sacudieron el estado de Oaxaca y la Ciudad de México cobrando la vida de al menos 369 personas y dejaron cientos de viviendas colapsadas en ambas entidades, así como en Guerrero.
Sin embargo, y a pesar de los grandes estudios que se han realizado tras los sismos, "estamos lejos de considerar la resiliencia en los inmuebles, porque todavía no solucionamos el problema del colapso; tenemos que remediar que los edificios no se caigan, y después hablar de niveles de recuperación de la funcionalidad en menos tiempo, afirmó el investigador del Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM, Sergio Alcocer Martínez de Castro.
"Mientras no se resuelva este problema, simplemente estaremos engañándonos sobre lo que realmente son los alcances de la ingeniería sísmica mexicana".
Sergio Alcocer, recientemente recipiendario de la primera edición de la Medalla “Roberto Meli Piralla”, que otorga la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS) señaló lo anterior en la presentación del libro “Los sismos de Septiembre de 2017”. Informe de la SMIS, el cual coordinó con Darío Rivera Vargas, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.
Sobre la investigación que culminó con la publicación detalló que participaron aproximadamente un centenar de expertos, quienes explicaron en más de 400 páginas lo ocurrido con los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017 en nuestro país.
Revisión periódica
La obra fue presentada en el Auditorio “Enrique Lona Valenzuela” del Colegio de Ingenieros Civiles de México. En su discurso, el especialista en ingeniería estructural y sísmica precisó una de las conclusiones a las que se llegó: “el 19 de septiembre de 2017 puede considerarse el sismo intraplaca más cercano y dañino para la Ciudad de México, en los últimos 100 años”.
Sobre el comportamiento de algunas cimentaciones en la capital del país, aseguró que se deben revisar periódicamente los cambios que pueda sufrir la zonificación geotécnica y sísmica, porque los daños estuvieron concentrados en la autoconstrucción.
“Necesitamos profesionalizar a la industria de la construcción, no solo desde el diseño sino en el uso adecuado de los materiales para las condiciones que se requieren. Evitar concretos de menor resistencia, más porosos, y con menor vida útil para impedir el comportamiento sísmico pobre”, acotó.
Existe, además, falta de protocolos en la evaluación postsísmica. “En estos sismos los cuerpos de emergencia fueron superados y, como en otras ocasiones, tuvieron que ser apoyados por la sociedad y la iniciativa privada”.
Tenemos que avanzar en la zonificación sísmica. La Ciudad de México es la más estudiada, pero no es el caso de los sitios costeros; además, se requiere mayor participación de especialistas en ingeniería sísmica en los medios de comunicación, con el propósito de brindar información objetiva y orientar a la población en diferentes momentos. Es una tarea urgente, alertó.
El también investigador del II, Mario Ordaz Schroeder, preguntó durante su presentación si el movimiento del 19-S en 2017 había sido un sismo inesperado: la respuesta, dijo, es no. Empíricamente se sabía que la frecuencia de aceleraciones producidas por estos temblores intraplaca es parecida a las frecuencias de ocurrencia de las aceleraciones generadas por los temblores de subducción.
En su oportunidad, el académico de la FES Acatlán, Jorge Pérez Gómez, puntualizó que el vacío comunicativo provoca desinformación, por lo que en estos eventos debe disponerse de una “comunicación de emergencia”.
Esta, abundó, también opera en catástrofes y crisis, no solo es un asunto técnico, sino que tiene capacidad estratégica para crear buenas prácticas periodísticas.
En la presentación de la publicación estuvieron Héctor Guerrero Bobadilla, Efraín Ovando-Shelley y Juan José Pérez Gavilán Escalante, todos del II.
Asimismo, Hans Israel Archundia Aranda, de la UAM Azcapotzalco; Carlos Méndez Galindo, consultor técnico en el diseño y aplicación de dispositivos sísmicos; Karla Méndez Estrada, subdirectora de Estudios Económicos y Sociales de la Coordinación de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres del CENAPRED; y Roberto Arroyo Matus, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero.