En diciembre pasado se presentó una nueva versión de la propuesta para la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que de acuerdo con investigadores tiene características “populistas y limitantes”, centraliza la toma de decisiones a lo que decida el gobierno federal a través de una agenda nacional y se deja en vilo los recursos que se deberán otorgar en el presupuesto anual a este sector, pues se elimina el piso mínimo que se había establecido.
La nueva Ley de Ciencia y Tecnología lleva al menos dos años de retraso, ya que debió haber sido aprobada por el Poder Legislativo en diciembre de 2020; sin embargo, tanto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que encabeza María Elena Álvarez Buylla, como el Congreso fueron posponiendo su debate y eventual aprobación.
Otro de los problemas que ha enfrentado esta nueva legislación es la desaprobación de la comunidad científica, que desde que circuló el primer borrador de la iniciativa expresó su malestar porque no se les convocó ni se les consideró para elaborarla, siendo que lo que ahí se establece les afecta directamente en su trabajo diario.
De acuerdo con un análisis, elaborado por un grupo de investigadores, en manos de La Silla Rota, la nueva propuesta de ley implica un gran número de cambios en comparación con la anterior y podría representar un retroceso en algunas áreas, al concentrar toda la toma de decisiones y al no especificar algunos aspectos.
La nueva ley se establece como “general”, pero de acuerdo con el análisis del grupo de investigadores, integra disposiciones de una ley orgánica, por lo que no cumple con las características de ley general.
Ven populismo en la nueva Ley de Ciencia
De acuerdo con el análisis elaborado por los investigadores, en la nueva propuesta para la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación “se establecen disposiciones de carácter populista, limitante”.
Esto en especial porque en la propuesta de ley se menciona una “economía datificada” en la fracción XI del artículo 9 al establecerse como base de la política pública los resultados que dejarán los proyectos, a pesar de que científicos han alertado que esto no es posible medirlo en todas las áreas de la ciencia.
“La incorporación de los resultados de la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la gestión y administración de los asuntos públicos, los procesos productivos e industriales, el comercio, la prestación de servicios y el consumo popular, particularmente los relacionados con la economía datificada”, se menciona en la ley, aunque no se define, por lo cual deja a la interpretación esta disposición.
Asimismo, en la ley se establecen referencias a la austeridad para la investigación en las bases de la política pública, en la fracción XII del artículo 9, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 3, fracción V de la Constitución.
Asimismo, alertaron que la nueva Ley de Ciencia “sujeta la actuación de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales a lo que determine de manera central el gobierno federal a través de una Agenda Nacional y del Consejo Nacional”, concentrando la toma de decisiones solo en un sector.
Otro de los detalles es que elimina el objetivo de vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Se borró también la parte en la que se mencionaba que se debía fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas nacionales que desarrollen sus actividades en territorio nacional.
Se elimina también el objetivo de apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación científica y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación superior. En tanto, se cambian las reglas para los Centros Públicos de Investigación Humanística y Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, ya que no establece las bases, sino que regula su operación y articulación.
Se prevé en la propuesta para la nueva ley la integración y rectoría de un Sistema Nacional Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que promueva en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática la participación de los sectores público, social y privado; sin embargo, en la Constitución no se establece una rectoría para ese sector, solo para economía y educación.
Los recursos para ciencia, en vilo
En la Ley de Ciencia y Tecnología original se estableció que se debía destinar al menos el 1% del Producto Interno Bruto anual al sector científico, cifra que a pesar de que estaba especificado en la legislación, nunca se alcanzó.
Ahora, en la nueva ley se elimina la disposición de que el gasto nacional no podrá ser menor al 1% de PIB del país, lo que deja en vilo los recursos designados a la ciencia, porque ahora no habrá un piso mínimo.
Asimismo, en la nueva legislación no se hace mención del presupuesto consolidado, ni de los informes anuales del estado que guarda la ciencia, y se eliminan el Comité Intersectorial de Innovación y los demás comités intersectoriales.
Los cambios en el Conacyt y en el otorgamiento de becas
Con el cambio en la ley, el Conacyt cambiará de nombre, ya que ahora será el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y seguirá fungiendo como órgano articulador de la política pública.
No es el único cambio, ya que se eliminan en la legislación el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación; al Foro Consultivo Científico y Tecnológico; al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas y a la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación.
Asimismo, habrá cambios para el otorgamiento de becas, pues se otorgarán considerando el rigor epistemológico, la solvencia académica y la pertinencia social, aunque no se establece con claridad lo que se entiende por ese término.
Se considerará también la técnica de los programas de posgrado y actividades a desarrollar, su incidencia efectiva en la formación de personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras, así como su orientación al estudio, investigación y resolución de problemáticas nacionales identificadas en la Agenda Nacional.
Esto quiere decir que las becas serán otorgadas para quienes estudien o realicen proyectos que se encuentren contenidos en la Agenda Nacional y con ello se limita la libertad de investigación y académica, alertaron los investigadores.
MRV