Integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el gobierno de México por violaciones a la independencia judicial, la extinción de fideicomisos, así como por la intención del gobierno de elegir por votación el nombramiento de sus integrantes. La queja fue presentada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
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“Los ataques a la independencia judicial y autonomía financiera por parte de dichos poderes, en particular respecto a las iniciativas de implementar la elección de Ministras, Ministros, Juzgadoras y Juzgadores Federales mediante el voto popular; así como, la pretensión de eliminar los 13 fideicomisos con que cuentan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".
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Al denunciar las irregularidades en contra de mujeres y hombres que integran el PJF, los Magistrados Froylán Muñoz Alvarado y Armando Díaz López, director y subdirector de la JUFED, respectivamente, informaron sobre la presentación de la queja durante su visita (16 de noviembre) a la CIDH en Washington, Estados Unidos.
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En un comunicado, la JUFED adelantó que busca el otorgamiento de medidas cautelares contra el gobierno federal.
"La audiencia tuvo como tema general la situación de riesgo real y actual de la independencia y autonomía del Poder Judicial en el Estado Mexicano; y como subtemas entre otros, los siguientes: los ataques públicos directos y permanentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a la independencia de la Judicatura Federal en México, con la evidencia de titulares que los han resentido en forma reiterada".
Durante la audiencia denunciaron la falta de pesos y contrapesos de la división de Poderes y exigieron la no intromisión, no dependencia y menos subordinación. "Finalmente, se hará la solicitud de las medidas cautelares correspondientes en el marco de los compromisos que tiene el Estado mexicano de respetar los principios convencionales sobre la independencia y autonomía del Poder Judicial, derivados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otras normativas internacionales".
En los últimos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado supuestas irregularidades por parte del Poder Judicial de la Federación. El mandatario acusa a jueces y magistrados de emitir sentencias que favorecen a supuestos infractores y que van en contra del gobierno.