El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el pasado miércoles un decreto mediante el cual la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz Manero otorga facultades a los agentes del Ministerio Público para intervenir comunicaciones privadas, obtener la localización geográfica en tiempo real de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y solicitar de manera directa a través de la Comisión Nacional Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información financiera del personaje investigado, para que los jueces decreten el aseguramiento de bienes.
Este lunes, Mario Maldonado en su columna de El Universal escribe sobre la disposición publicada en el DOF, y en donde explica que de acuerdo con especialistas en la materia se trazan los lineamientos para el "espionaje oficial". El columnista señala que el acuerdo, firmado por el fiscal, Alejandro Gertz Manero, tiene fecha del 7 de noviembre de 2023, justo cuando el diario The New York Times publicó el reportaje sobre el espionaje de la Fiscalía capitalina encabeza por Ernestina Godoy, contra el ex alcalde Santiago Taboada y otros personajes de la oposición.
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El decreto publicado el 6 de diciembre en el DOF, forma parte de acuerdo A/002/2023, a través del cual el titular de la FGR, Gertz Manero delega facultades a los agentes del Ministerio Público Federal, la medida entró en vigor el pasado jueves, con esta decisión “se realiza sin detrimento o menoscabo alguno de la posibilidad del ejercicio directo de las facultades por la persona titular de la FGR o de otras personas servidoras públicas en que se hubiesen o hubieran delegado”, refiere el citado acuerdo.
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El acuerdo puntualiza que “en diversas resoluciones de jueces de control, de los circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación, se ha señalado que las facultades establecidas en las leyes que regulan el procedimiento penal en favor de la persona titular de la FGR y le autorizan para delegarlas en otros servidores públicos, deben ser ejercidas de forma personal y directa por las personas a cuyo favor se haya hecho la delegación, dada la alta incidencia de solicitudes que se realizan en cumplimiento de las funciones institucionales a lo largo del territorio nacional”.
Además, los Ministerios Públicos deben obtener la autorización previa del titular de la unidad a la que se encuentre adscrito y deberá acompañar su petición con “un informe ejecutivo en el que se establezcan con claridad los motivos que la sustentan, y resolverse en un plazo máximo de 48 horas a partir de que fue recibida, con excepción de aquellas que correspondan a casos de carácter urgente, mismas que habrán de resolverse de manera inmediata y sin que en ningún caso se exceda el término de seis horas posteriores a su formulación”.
Asimismo, el agente que solicitó una medida que afecte los derechos establecidos en la Constitución, así como los previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberán rendir a sus superiores, en un plazo de 48 horas, un informe escrito respecto de la resolución que haya dictado el juez de control.
En materia de combate a la delincuencia organizada, los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) podrán solicitar autorizaciones judiciales para llevar a cabo operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones.
Espionaje de Fiscalía CDMX
El mes pasado tras le revelación de espionaje por parte de la Fiscalía de la CDMX, la dependencia reiteró que los documentos revelados por The New York Times son falsificados y que el rotativo estadounidense nunca solicitó información por los canales oficiales.
El NYT dijo:
“Tres reporteros de The Times buscaron detalles a lo largo de meses de múltiples fuentes, confirmando de forma independiente todo lo que publicamos, incluidos documentos emitidos directamente por el juzgado de la Ciudad de México. A lo largo de este proceso, buscamos comentarios de la Procuradora General y su oficina, quienes no ofrecieron información convincente que contrarrestara nuestro informe, que también reflejaba el fallo de un juez federal”, publicó el diario neoyorquino.
El espionaje no es nuevo, en abril de este año, el mismo diario, en su versión impresa como en su portada principal en su sitio en internet hizo una nota periodística que indica que el gobierno del presidente López Obrador es uno de los mayores usuarios de una potente herramienta de espionaje utilizada alrededor del mundo llamada Pegasus.
Al interior de la nota se abordó de lleno la forma y el porqué de la compra de los servicios de Pegasus por parte de las autoridades nacionales y cómo es que el país se ha convertido incluso en uno de los mayores clientes de dicho programa. El título del reportaje “Mexico’s Lasting Embrace of a Potent and Notorious Spying Tool” señala la forma en la que dicha herramienta de espionaje llamada Pegasus fue comprada y utilizada por los gobernantes mexicanos.
En el sexenio anterior en la capital del país, se señaló que el anterior jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, fue señalado como cabeza de una red de espionaje cuando se desempeñaba como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, según una declaración de José Jaime Slomianski Aguilar, extitular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU). Slomianski Aguilar, quien ahora está prófugo de la justicia, detalló que la red de espionaje se montó en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling. Ahí se generaban ganancias económicas que entregaba Raúl Peralta Alvarado, entonces jefe de la Policía Judicial.