Durante el año 2022, se abrieron un total de 2,165,775 averiguaciones previas e investigaciones, de las cuales el 3.6% correspondió a la Fiscalía General de la República (FGR) y el 96.4% a las Fiscalías Generales de los Estados (FGE). Esta cifra muestra un aumento del 5.1% con respecto a los datos del año 2021, muestran cifras del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJE-F) 2023, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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LA SILLA ROTA adelantó el pasado mes de junio que en el sistema de justicia mexicano, una gran cantidad de investigaciones penales no llegan a su conclusión, lo que ha generado preocupación y dudas sobre la efectividad del proceso judicial. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se observa un incremento significativo en el número de carpetas de investigación y averiguaciones previas iniciadas a nivel nacional.
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En el año 2013, se iniciaron un total de 1,777,891 investigaciones a nivel local y federal en todo el país. Sin embargo, para el año 2021, esta cifra se elevó a 2,059,798, lo que representa un aumento de 281,907 investigaciones. Estas cifras engloban tanto los casos del sistema tradicional como los del sistema acusatorio.
El estudio del Inegi
En cuanto a las averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación que se resolvieron, se reportaron un total de 1,976,991 casos. De estos, el 6.1% fue manejado por la FGR y el 93.9% por las FGE. Esto marcó un incremento del 12.9% en comparación con los datos de 2021.
Durante el mismo periodo, las FGE concluyeron un total de 261,533 investigaciones y carpetas de investigación, de las cuales el 98.0% involucró a adultos y el 2.0% a adolescentes. Esta cifra representó una disminución del 45.3% en comparación con los datos del año anterior.
Las fiscalías reportaron que existen un total de 2,915,899 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación que siguen pendientes de resolverse. De este total, el 1.7% es responsabilidad de la FGR y el 98.3% de las FGE. Esto marcó un aumento del 10.9% en comparación con las cifras del año 2021.
Este programa estadístico ofrece información sobre la gestión y desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de cada entidad federativa (FGE). En específico, se centra en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias.
Caso Agustín exhibe a las Fiscalías
En octubre de 2019, 2 policías de investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México llegaron al domicilio del señor Agustín en busca de entregarle un citatorio porque estaba siendo investigado. Agustín no estaba, quien los recibió fue una vecina y fue ella quien le dijo que iban por él. Agustín no ha recibido ninguna sentencia condenatoria, por lo que se presume inocente. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, y esta es la historia.
De acuerdo con el testimonio, Agustín (nombre ficticio) estaba siendo parte de una carpeta de investigación en su contra por la supuesta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si se le declarara culpable de este delito, él estaría preso sin posibilidad de fianza.
El señor Agustín, asumiendo su inocencia, acudió a la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía General de la República para preguntar la razón por la que estaba siendo acusado y por qué había una investigación en su contra. Sin embargo, el Ministerio Público le negó el acceso a la carpeta.
Ante la negativa, en varias ocasiones el señor buscó a diferentes autoridades con el objetivo de ser reconocido como imputado, brindar su testimonio y acceder a los registros de la indagatoria. Al no poder acceder a la investigación, Agustín sufrió el temor constante de ser privado de su libertad sin conocer las razones ni tener oportunidad de defenderse, lo que generó inseguridad jurídica.
Ahí es donde decide protegerse ante las acusaciones de las autoridades con un amparo, denunciando la negativa del Ministerio Público de reconocer su calidad de imputado y permitirle el acceso a los registros de la investigación.
Agustín solicitó que se le reconociera como imputado, se le fijara una fecha para rendir su testimonio y se le permitiera saber por qué estaba siendo investigado. Sin embargo, el Ministerio Público no sólo negó el acceso a la carpeta de investigación, sino que no lo reconoció como imputado; es decir, como persona que ha sido acusada formalmente de un delito. Lo que le impedía adquirir el derecho de acceder a la información deseada, que a su vez, impedía que tuviera la oportunidad de defenderse y comparecer.
Es importante destacar que el acceso a la carpeta de investigación es un derecho fundamental para las personas que están siendo investigadas en casos penales, de acuerdo con el artículo 113 y 218 del Código de Procedimientos Penales.