El llamado Plan B de la reforma electoral aprobada en diciembre del año pasado por Morena y sus aliados colapsará áreas claves del Instituto Nacional Electoral (INE) de cara a los procesos electorales del 2023 y 2024, por la fusión y adelgazamiento de estructuras, así como las nuevas atribuciones para el organismo.
De acuerdo con Reforma, en un diagnóstico interno por el INE, el Plan B mete en aprietos a los institutos para ajustar sus estructuras en un periodo muy corto y previo a arrancar los procesos electorales provocando un riesgo en la planeación en el proceso electoral donde este año se realizan elecciones.
Daño al INE
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, reiteró en diversas ocasiones que el llamado Plan B pone en riesgo la transición democrática del país; primero por ser una reforma electoral que se realiza previo a una elección presidencial, cuando debió realizarse -como en ocasiones anteriores-, en las elecciones intermedias.
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Y segundo, porque al debilitar al INE no solo en materia financiera sino también en su autonomía. Además, refirió, abre la puerta para dicha reforma se aplique al margen de los consensos entre todas las fuerzas políticas; y se concrete solo con el respaldo del bloque legislativo mayoritario que integran Morena y sus aliados, los partidos Verde y del Trabajo.
Oposición contra el Plan B
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, entregó en la Corte una acción de inconstitucionalidad para frenar el Plan B de reforma electoral secundaria que aprobó la Cámara de Diputados con el voto de Morena y sus aliados a finales de 2022. Se trata específicamente de acciones legales contra la ley general de Comunicación Social y la ley general de Responsabilidades Administrativas.
Zambrano adelantó que la Cámara de Diputados que preside el panista Santiago Creel presentará la propia en los próximos días.
El dirigente perredista afirmó que solicitarán a la Corte "que declare inválidas estas reformas, que se echen para atrás porque son inconstitucionales y por tanto no son aplicables ni válidas rumbo al proceso electoral 2024".
También llamó a que el más alto tribunal se posicione sobre el tema y pidió que sea resuelto antes de que arranque formalmente el proceso electoral de la sucesión presidencial.
Los antecedentes
En abril de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral de carácter constitucional. En general su propuesta planteó reducir el número de consejeros del INE y cambiar la denominación de éste y su estructura, a un órgano compacto que, justificó, causaría ahorros al erario público.
Su propuesta también implicó modificaciones al tribunal electoral y desaparición de los órganos electorales estatales, entre otros temas relevantes.
Analistas y expertos revisaron la propuesta y consideraron que el trasfondo de la misma no era precisamente para tales fines, sino para desmantelar al INE y su estructura de frente a las elecciones presidenciales de 2024. También interpretaron que la propuesta se trataba de un ajuste de cuentas político como resultado de las elecciones presidenciales de 2006.