El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, habría negociado con el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, sobre el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 27 de septiembre de 2014, de acuerdo con un documento de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Información de la periodista Peniley Ramírez señala que el 29 de septiembre de aquel año, el ex edil habría señalado a través de mensajes que Peña Nieto “mandó a su sirviente” para negociar con Abarca, en referencia a Tomás Zerón de Lucio, para llegar a un acuerdo sobre el caso.
“Coordinó todo absolutamente y van a crear una historia muy realista”, dice uno de los mensajes”; “Se van a llevar los cuerpos de aquí para manipularlos a sus anchas”, es otro de los mensajes que habría mandado Abarca.
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La oferta del entonces gobierno federal, según el documento, incluía que Abarca sería señalado como autor intelectual del crimen por unos meses y luego “me saca del País”. Conviene recordar que el 30 de septiembre, un día después de los mensajes, pidió licencia a su cargo como presidente municipal y a inicios de noviembre fue detenido.
El documento de Presidencia apunta que entre las 3:00 y las 4:45 de la mañana del 27 de septiembre, se notó un incremento en la actividad de comunicación entre integrantes de Guerreros Unidos en Iguala.
El informe, aclara Ramírez, se basa en el análisis de mensajes que intercambiaron personajes claves en la desaparición de los normalistas, en las horas anteriores y los días, semanas y meses posteriores.
En los mensajes que recoge el informe se observa que, contrario a lo señalado en la llamada Verdad Histórica que a la mayoría de los estudiantes los quemaron en el basurero de Cocula, los involucrados tuvieron esa idea pero la desecharon. “En cambio, descuartizaron a los estudiantes, sin la menor compasión, y los repartieron”.
Para el 30 de septiembre, mismo en el que Abarca pidió su licencia, seis de los jóvenes aún seguían vivos, según dan cuenta algunos de los mensajes. Los normalistas se encontraban en una bodega en Pueblo Viejo, una colonia en las afueras de Iguala. Una persona identificada como un militar anunció después que "ya se encargaron de ellos".
Ese mismo día, aumentaron los mensajes anunciando que necesitaban borrar evidencia y mover los restos, para que nadie los encontrara.
“A partir de este momento, los criminales comienzan a pelearse entre ellos. Hay mucha tensión en los mensajes. Uno informa al otro donde quedaron todos los restos a su cargo, para que los muevan, pero dice que él no lo hará. Luego comienzan a insultarse”, detalla la periodista.
Absuelven a Abarca del caso; gobierno federal demanda a juez
El gobierno de México, por acuerdo del Gabinete de Seguridad, presentó este viernes una denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa, informó la Secretaría de Gobernación.
El 14 de septiembre pasado, este juzgador dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, por el delito de secuestro, aunque sigue compurgando prisión por otros delitos.
Días después, el juez en cuestión dictó sentencia absolutoria a 24 policías municipales que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala, Guerrero, que desde el día de los hechos, el 26 septiembre de 2014, se encuentra en estado vegetativo. Pese a ello, los imputados no fueron dejados en libertad porque los procesaron por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
Condena Encinas filtración del informe
El subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad y la Justicia, Alejandro Encinas, condenó la filtración de la información entregada a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, expuso Encinas en sus redes sociales.
El funcionario solicitó a la FGR iniciar “una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”.
Agregó que “en todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado”.
(djh)