Un tribunal internacional frenó las disputas entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en favor de la empresa Vulcan y su subsidiaria en México, Calica, por lo que el mandatario mexicano debe abstenerse de realizar cualquier acción adicional que agrave o extienda el diferendo entre las partes, incluyendo los ataques públicos
El Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dio a conocer su Orden Procedimental No. 7 emitida el 11 de Julio en el que dio entrada a posibles reclamos adicionales de la empresa en el arbitraje internacional como consecuencia del cierre de operaciones ordenado por el presidente López Obrador y realizado por las autoridades mexicanas en mayo de este año.
¿QUÉ PASÓ?
El 3 de febrero de 2022, López Obrador aseguró que la empresa estadounidense extrae sin permiso de materiales pétreos de la selva de Playa del Carmen e indicó que buscaría cambiar su giro a fin de que desarrollara un complejo turístico.
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El 8 de mayo de este año, Vulcan solicitó al tribunal medidas provisionales o cautelares ante los reiterados ataques en las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador, y su orden de detener la extracción de material.
“Conforme al derecho internacional, las medidas provisionales o cautelares pueden ser recomendadas por el tribunal internacional, a fin de preservar los derechos de una de las partes (en este caso los de Vulcan), asegurar que la jurisdicción del tribunal se haga valer, o preservar evidencia en posesión de alguna de las partes en disputa”.
El tribunal encontró fundada la solicitud de la empresa, considerando los ataques públicos por parte del Gobierno de México en conferencias de prensa, incluyendo afirmaciones específicas sobre el arbitraje mismo, como un esfuerzo de presionar a Calica para que claudique sus derechos y transforme su operación de explotación de piedra caliza a un proyecto turístico afín a las obras del Tren Maya.
El 2 de mayo, López Obrador en su conferencia de prensa anunció la orden del cierre de operaciones de Vulcan, el cual fue ejecutado por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) por la supuesta falta de permisos ambientales para las operaciones de su predio La Rosita.
EL CIERRE
El 5 de mayo, el gobierno clausuró el único predio que aún seguía extrayendo piedra caliza del predio “La Rosita”.
La empresa que realizaba la extracción, Vulcan Materials Company, con sede en Estados Unidos, calculó que tendría pérdidas de 100 millones de dólares durante todo el 2022.
Posteriormente, el 13 de mayo le fue suspendido a la empresa un permiso aduanal para exportar todo su material desde el muelle de Punta Venado, el cual había sido renovado en marzo de 2022.