La iniciativa de reforma del PRI para que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en particular la Guardia Nacional se extienda de cinco a nueve años y concluya en 2028 avanzó en comisiones.
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, aparece para este martes 13 de septiembre en el orden del día la lectura, discusión y en su caso y aprobación del proyecto de dictamen:
“Que propone la reforma al primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación”.
¿QUÉ DICE?
Entre sus principales argumentos para avalar la propuesta de De la Torre están que "la criminalidad, en especial la organizada, es un fenómeno de larga data que afecta de manera sustantiva la vida social política y económica del país".
Agrega que la estrategia constitucional que planteó el titular del Ejecutivo buscó integrar a la GN como un cuerpo de seguridad pública con apoyo de las fuerzas armadas por cinco años; pero que requiere de más tiempo porque “no se puede real y razonablemente cristalizar en un lapso de tres años 2019 a 2022”.
Después señala que esta Comisión "coincide con la diputada proponente por las razones que ella misma aduce y que se dan por reproducidas en este apartado".
Cabe destacar que en este proyecto de dictamen no se menciona si funcionó o no la estrategia “abrazos no balazos” del gobierno federal; ni precisa en qué nivel de formación de encuentran los elementos de la GN “pese a sus enormes avances”.
Pero, justifica que la actual administración í redujo los índices delictivos porque “buscó combatir las causas de la criminalidad más que a reprimir”. También sostiene que “ha logrado contener y hacer retroceder la línea de tendencia en el incremento de delitos como el homicidio” aunque “se debe reconocer que el fenómeno delictivo aún constituye una amenaza presente para la vida de todos los habitantes del país”.
También compara el atraso de la formación de la Guardia Nacional con la implantación de los juicios orales “que después de 14 años no han terminado de consolidarse”.
PAN Y PRD INSISTEN EN RETIRO DE INICIATIVA
Este domingo 11 de septiembre, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, encabezada por Marko Cortés, y del Partido de la Revolución Democrática, encabezada por Jesús Zambrano pidieron a legisladores del PRI retirar la iniciativa para prolongar hasta el 2028 las tareas de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, lo que es contrario a la plataforma de Va por México, que rechaza la militarización del país.
El pasado 7 de septiembre, Marko Cortés y Jesús Zambrano anunciaron la suspensión temporal de la coalición legislativa y electoral, "hasta en tanto el PRI no defina con claridad si habrá de honrar su plataforma electoral" en la coalición ''Va por México'', que firmaron en el 2021.
La decisión se da luego de la iniciativa presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre, que busca extenderla militarización del país hasta 2028.
Este domingo, a través de un comunicado conjunto retoman el tema y señalan, "ante la pretensión de reformar el artículo 5o transitorio constitucional, que al igual que la mayoría de la sociedad mexicana y las dirigencias nacionales morenistas y priistas, que el gobierno debe hacer todo lo necesario para brindar seguridad a las personas y a sus bienes; pero siempre en estricto apego a nuestra Constitución. Estamos plenamente convencidos que la seguridad es un elemento indispensable para una convivencia democrática y civilizada".
La Comisión Permanente hizo un firme y respetuoso llamado a legisladores del PRI a anteponer el interés nacional por encima de cualquier interés particular, a proteger al país y la Constitución, evitando se prolongue la fallida estrategia de seguridad.
CRÍTICAS
Refieren que hace tres años y medio se constituyó la Guardia Nacional, para que el país contara con una policía nacional civil, dirigida y compuesta por personal de carácter civil y para combatir la inseguridad. Así quedó establecido en la Constitución. Pero en los hechos, esto no ha sido una realidad, ya que desde su creación y hasta la fecha ha estado bajo mandos militares y la integran en un 80 por ciento personal proveniente de las fuerzas armadas. Y ahora que inconstitucionalmente trasladan la operación y la administración a la SEDENA, se ve más lejos la posibilidad de consolidarse como una verdadera policía civil. Aunado a lo anterior, se ha abandonado completamente a las policías estatales y municipales. Los incrementos en los índices de violencia e inseguridad en estos tres años y medio evidencian que la estrategia gubernamental de seguridad y de combate a la delincuencia ha fracasado rotundamente.