Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, tendrá que enfrentar la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía General de Justicia de Campeche en su contra, con lo que parece ser el fin de su relación de dar y dar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La relación de diferencias profundas entre ambos personajes inició en 2015, cuando López Obrador –en ese momento espirante presidencial– calificó al priista de ser “un ladrón corrupto”, al mismo tiempo que Alito inició su mandato como gobernador de Campeche (2015-2019).
Tres años después, en 2018, una investigación periodística documentó que, durante su gobierno, el campechano incrementó su número de propiedades y terrenos en la entidad. Incluso, contrató empresas fantasma para la organización de eventos y compra de insumos de las dependencias estatales.
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Una nueva relación comenzó entre López Obrador y Moreno Cárdenas a mediados de 2019, en los últimos meses de la administración priista en Campeche y mientras Alito también fungía como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
En sus primeros acercamientos, el titular del Ejecutivo realizó algunas giras en la entidad, incluso, en algunas reuniones con gobernadores priistas designó a Alito como “su intermediario” con ellos.
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De hecho, en una columna el periodista Carlos Loret de Mola se reveló que Alito le pidió a López Obrador apoyarlo para ganar la dirigencia del tricolor. La buena relación que mostraron y el triunfo del campechano al frente del PRI convirtió el apodo de Alito en “Amlito”.
EL DESAFUERO QUE VIENE
Acusado de probable enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de Campeche, Alejandro Moreno enfrentará la petición de desafuero que recibió esta semana la Cámara de Diputados por parte de la Fiscalía del estado, encabezada por Renato Sales Heredia.
Este es el segundo caso de desafuero que el gobierno de Morena inicia en contra uno de sus adversarios políticos; el primero fue contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo desafuero avanzó en la Cámara de Diputados hace un año, después de que la Sección Instructora de la 64 Legislatura revisó su caso en menos de seis meses.
Alito, como también se le llama al dirigente nacional del PRI, anunció que enfrentará las acusaciones en su contra en los tribunales. Sin dar mayores detalles, afirmó que la investigación en su contra inició en 2019, después de asumir la dirigencia de su partido.
Añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró nada contra él, por lo que –aseguró– “Morena basó esta nueva acusación sobre un caso juzgado”.
Tres años después las cosas cambiaron. El 16 de agosto pasado, el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, acudió a San Lázaro para formalizar la petición de desafuero y entregar la carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. En su cuenta de Twitter, Alejandro Moreno respondió que “de Morena no espera justicia, sino venganza”.
En este momento, el líder priista tiene todo en contra; para su desafuero sería suficiente con el voto que emita ante el pleno la alianza legislativa de Morena y los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista. Eso significa que los votos de la alianza PRI, PAN y PRD no serían suficientes para evitar la pérdida de su fuero constitucional.
De ser desaforado, se abre indirectamente su salida de la dirigencia nacional del PRI, misma que concluye en agosto de 2023 y que, pese a que exdirigentes buscaron forzar su salida, se negó a dejarla bajo el amparo de que fue “electo por el voto popular” de los priistas.
Fue en la última semana de junio cuando ex dirigentes nacionales del PRI pidieron a Alejandro Moreno “reconsiderar su permanencia cargo” y dejar la dirigencia, para evitar que sus problemas con Morena no afectarán al partido, rumbo a las elecciones estatales de 2023 y la presidencial de 2024.
Alito se negó no solo por razones políticas (haber sido elegido por voto directo de la militancia), sino también personales, porque en diciembre 2021 dio a conocer sus aspiraciones por ser el candidato presidencial de su partido y de Va por México.
EL DÍA QUE LA SUERTE DE ALITO CAMBIÓ…
Hasta el último trimestre de 2021, Moreno Cárdenas “tuvo suerte”. Como pudo, logró evadir los llamados del presidente López Obrador para crear una alianza legislativa entre Morena y el PRI, con el fin de conseguir los votos para avalar sus reformas constitucionales en el Congreso.
Los mensajes fueron enviados desde sus conferencias mañaneras, apelando a que el PRI votara “de manera independiente”, haciendo caso omiso a los acuerdos de la alianza Va por México y al ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
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En otra de sus conferencias, López Obrador señaló que los votos del PRI eran necesarios para aprobar su iniciativa de reforma eléctrica antes de diciembre. Finalmente, el PRI anunció su voto en contra y Morena pospuso su análisis en el Congreso, con una agenda de parlamentos abiertos que realizó en enero pasado.
En abril, la reforma eléctrica no pasó en el pleno de la Cámara de Diputados por el voto en contra de la coalición Va por México y de Movimiento Ciudadano. Al no reunir la mayoría calificada (el voto de dos terceras partes del Congreso), la reforma de López Obrador quedó sepultada.
Fue en mayo cuando Morena empezó a pasarle factura a Alejandro Moreno con la publicación de “audios filtrados” que dio a conocer la hoy gobernadora de Campeche, Layda Sansores y en los que, presuntamente, Alito dijo “tener un poder absoluto para elegir candidatos de su partido para las elecciones de 2024”.
En esos audios, supuestamente, Alito también admitía tener interés en impulsar una nueva reforma fiscal contra empresarios, señaló que a los reporteros no se les mata a balazos sino de hambre; haber recibido 25 millones de pesos de Cinépolis para financiar campañas electorales; y haber avalado comprar terrenos en Campeche con precio menores a los que había en el mercado.
Cada audio revelado golpeó su imagen y poder político. En respuesta, Alejandro Moreno dio a conocer, en el mismo mayo, el audio de una conversación privada que tuvo en abril con el senador y ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.
Según la conversación, Velasco expuso ser “mensajero” del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con la intención de convencerlo de “dar a Morena los votos necesarios para aprobar la reforma eléctrica” de López Obrador. Y bajo advertencia que, de no hacerlo, “la 4T emprendería una embestida contra él”.
El 4 de julio, el dirigente priista afirmó haber presentado ya diversos amparos para frenar la exhibición de audios por parte de Sansores; uno de ellos le fue concedido una semana después, pero el 1 de agosto la gobernadora logró revertirlo con el juez Edgar Martín Gasca, así que reinició la difusión de audios.
EL CATEO QUE REPROBÓ AMLO
Fue precisamente el 4 de julio cuando el fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, y 30 agentes ministeriales catearon la casa de Alejandro Moreno. El gobierno estatal afirmó que era parte de las diligencias para investigar el supuesto enriquecimiento ilícito del que se benefició bajo su administración.
No obstante, el hecho fue calificado por el presidente López Obrador como “algo indigno y humillante”.
Cuatro días después, la Fiscalía General de la República inició “una investigación” sobre el caso. La noticia se dio a conocer en las redes sociales de Presidencia de la República, pero minutos después el mensaje desapareció. Según el tuit, la denuncia se basaría en dos probables delitos más: lavado de dinero, tráfico de influencias y desvío de fondos federales.
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Una semana después, Layda Sansores continuó con la embestida contra su antecesor y denunció que legisladoras federales del tricolor mandaron “packs” con fotografías comprometedoras al dirigente nacional. A nivel mediático, el tema se revirtió contra la gobernadora en una discusión pública sobre equidad de género.
A partir del cateo de su casa de Campeche, Alejandro Moreno comenzó un discurso político con tintes electorales hacia el 2024. Señaló que Morena es “la peor desgracia para México” y que la 4T pretende “instaurar una dictadura”.
Fue el mismo discurso que difundió cuando en la segunda semana de julio viajó a España para denunciar acoso por parte del gobierno federal, “por el simple hecho de ser su adversario político”.
Allá se reunió con Pedro Sánchez, presidente de aquel país, y acudió a una reunión son políticos socialdemócratas. Luego viajó a Suiza, acudió a Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para hacer la misma denuncia.
A su regreso, a Alejandro Moreno se le retuvo en el área de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la justificación de hacerle “un papeleo de rutina” por su viaje al extranjero.
Y LE QUITAN LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Al mismo tiempo que eso ocurría, legisladores de Morena adscritos a la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados solicitaron su remoción del cargo, al acusarlo de violar los reglamentos internos y tener un mal desempeño legislativo.
Aunque la petición fue hecha a la Junta de Coordinación Política –que preside el priista Rubén Moreira–, el tema no avanzó y los morenistas acudieron a la presidencia de la Mesa Directiva –que preside Morena con el diputado Sergio Gutiérrez–, allí se les permitió emitir la convocatoria respectiva, sesionar y destituirlo.
Alejandro Moreno, de 47 años, es priista desde su juventud. Su carrera política se resume en una combinación de cargos como legislador y cargos partidistas, primero a nivel estatal y luego nacional.
En 2015 ganó la gubernatura por Campeche, aunque en 2019 compitió por la dirigencia de su partido, pidió licencia y nombró a Carlos Miguel Aysa como gobernador sustituto.
Tres años después, Aysa cambió de juego político, se marginó del tricolor y se alió a López Obrador, quien lo hizo embajador de México en República Dominicana, después de que el PRI perdió las elecciones estatales frente a Morena.
A su llegada al gobierno estatal, de la mano de Morena, Layda Sansores dio el primer golpe mediático contra Alito y, en octubre 2021, reveló en qué condiciones recibió las oficinas de gobierno: en medio de opulencia y riqueza, bajo el discurso de la austeridad de la 4T.
Después, no volvió a tocar el tema… hasta que la reforma eléctrica de López Obrador no pasó en el Congreso.