La Fiscalía de Delitos Electorales (Fede) de la FGR propuso el no ejercicio de la acción penal a favor de Pío López Obrador en el caso de los denominados “video escándalos”, señalaron autoridades federales a La Silla Rota.
Sin embargo, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y su defensa, encabezada por el Doctor en Derecho, Pablo Hernández Romo, no han sido notificados oficialmente hasta este momento de la resolución.
El agente del Ministerio Público de la Fede, Héctor Sánchez Zaldívar, determinó en la carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020 que no hay elementos para proceder legalmente contra Pío, quien fue denunciado por supuestos delitos electorales.
Lo anterior tras la difusión de videos que realizó Latinus, los cuales fueron la base para acusarlo presuntamente de recibir dinero de David León -cercano al entonces gobernador de Chipas, Manuel Velasco-, para el financiamiento legal de campañas de Morena.
El Ministerio Público, Héctor Sánchez Saldívar, notificó que desde el 30 de junio de 2022 resolvió la carpeta de investigación.
Sin embargo, se negó a revelar el contenido, pese a que el juez Séptimo de Distrito de Amparo Penal, Julio Veredín Sena, se lo ordenó tras otorgar un amparo a Pío para que se resolviera la indagatoria y concluyera la investigación porque ésta se había dilatado dejando en indefensión jurídica y violando los derechos humanos del hermano de presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pío López Obrador, José Ramón López Beltrán y Ramiro López Obrador (Foto: Cuartoscuro)
Sánchez Zaldívar expuso al juez que resultaría “infructuoso” dar a conocer si ejercía o no acción penal, porque la resolución estaba en etapa de revisión por instancias superiores de la FGR. “La carpeta se encuentra bajo autorización, modificación o incluso revocación”, señaló el MP de la Fede al juez.
Pío López Obrador concedió a La Silla Rota la primera entrevista por este caso, en la que afirmó que es inocente, que no cometió ningún delito, y exigió a la FGR que investigue a fondo el caso de los llamados “video escándalos”.
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue apercibido el 13 de julio de 2022 por el juez Julio Veredín Sena con su probable destitución y consignación si la Fede no revela pronto si hay o no elementos para ejercer acción penal contra Pío.
notificó a Gertz Manero que debe tomar las medidas necesarias para dar a conocer en qué concluyó la carpeta de investigación, pues de lo contario puede ser objeto de responsabilidad penal, además de una multa.
La Fede informó al juez que el 30 de junio de 2022 resolvió la indagatoria, sin darle a conocer ni a él ni a Pío el sentido de la misma, la cual, según el agente del Ministerio Público encargado de la indagatoria, Héctor Sánchez Zaldívar, “está en etapa de revisión”.
Veredín Sena advirtió a Sánchez Zaldívar que si no le comunica el sentido de la resolución de la Fede y mantiene el incumplimiento del amparo que otorgó a Pío López Obrador para definir si existen o no elementos en su contra, se hará acreedor a una multa, incluso puede ser separado del cargo y consignado.
La Silla Rota tuvo acceso al juicio de amparo que interpuso el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que la Fede de la FGR lo mantiene en estado de indefensión jurídica, por no notificarle la resolución de la carpeta de investigación que abrió por las denuncias que lo acusan de recibir supuestamente dinero de David León para financiar ilegalmente campañas de Morena.
El juez hizo una advertencia al Ministerio Público, Héctor Sánchez Zaldívar, para que le dé a conocer la determinación emitida en la carpeta de investigación en la que supuestamente involucran a Pío López Obrador en delitos electorales.
“Apercibido, que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de lo establecido en el artículo 258 del citado cuerpo de leyes.
“Además, el presente expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”.
El juez realizó un requerimiento al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para que, como superior jerárquico del MP, Héctor Sánchez Zaldívar, le ordene cumplir con dar a conocer si hay elementos para suponer la supuesta responsabilidad de Pío López Obrador.
“(…) Que ordene a la inferior cumplir con este requerimiento, bajo el apercibimiento que de no demostrar que giró la orden respectiva, *se le impondrá una multa en los términos citados en párrafos que anteceden, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad por la cual se pide cumplimiento a la ejecutoria.
“Además, de que remita copia certificada de las constancias que acrediten haber notificado a la autoridad responsable de la orden que gire a fin de que dé cumplimiento al fallo protector.
*“En el entendido, que no basta que demuestre que giró la orden respectiva, sino que realice las gestiones a fin de que efectivamente la autoridad responsable dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo”, puntualizó el titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo Penal en resolución del 13 de julio de 2022.
Pío López Obrador presentó un juicio de amparo, debido a que ha transcurrido más de un año sin que la Fede realice nuevas diligencias en la carpeta de investigación de los “video escándalos” que reveló Latinus, por lo que el caso se ha prolongado de manera innecesaria violando los derechos del presidente de la República, según señaló el propio juez.
Lo anterior, debido a que ha transcurrido más de un año sin avances en la carpeta de investigación ni actuaciones judiciales por parte de la Fede para señalar si Pío López Obrador es o no responsable de supuestos delitos electorales de los que fue acusado tras la difusión de los videos que realizó Latinus en los que se dijo que recibió sobres con dinero de David León, quien también es investigado por la FGR.
En sentencia del 26 de mayo, Veredín Sena otorgó la protección de la justicia federal a Pío y fijó un plazo de 60 días naturales a la Fede para que concluya la investigación, pero sólo en el caso de que tuviera que realizar nuevas diligencias para reunir datos de prueba.
Caso Pío López Obrador
El legislador, Emilio Álvarez Icaza señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) debe cerrar el caso sobre la investigación de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Con la exoneración, el fiscal que comete delitos no graves, mostrará el nivel de su autonomía con el hermano presidencial”, escribió Álvarez Icaza en su cuenta de Twitter, en las primeras horas de hoy.
En marzo de 2022 Pío López Obrador pidió a la FGR que concluyera a la brevedad la investigación derivada de los videos en los cuales aparece con David León, quien supuestamente le da dinero en efectivo.
El hermano del presidente aseguró que él es “el primer interesado” en que se conozca la verdad y “se haga justicia”.
Pío López Obrador jamás se había pronunciado públicamente al respecto y concedió sus primeras declaraciones sobre el caso a La Silla Rota en marzo de este año. Aseguró que demostraría que la indagatoria en contra suya fue armada con base en pruebas ilícitas.
Asimismo, mencionó que nunca ha presionado a la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, sin embargo, pidió que no haya demora del Ministerio Público de la Federación y que se resolviera lo más pronto posible, pues él presentó su declaración el 2 de octubre de 2020.
“Hemos enviado muchos escritos solicitando a la fiscalía que se investigue a fondo el asunto, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la autoridad de la Fiscalía General de la República”, sostuvo.
Con respecto a su decisión de romper el silencio en medio de una carpeta de investigación abierta, dijo que decidió hacerlo porque días antes salió una versión de que él estaba presionando a la FGR para que se archivara su caso, sin embargo, dijo que fue todo lo contrario.
Pío López Obrador y Andrés Manuel López Obrador (Foto: Twitter/@cesamo70)
“Si alguien está interesado en que la autoridad investigadora cumpla con su obligación constitucional de investigar, digamos a fondo el asunto para que se esclarezcan los hechos a la mayor brevedad posible y se haga justicia soy yo, entonces por eso fue lo que decidí comentar esto”, explicó.
BV