La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), lamentó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), miente en la defensa que hace del decreto que prohíbe el glifosato, para enero de 2024, pues nunca aportó las pruebas, evidencias, estudios e investigaciones científicas que comprobaran que el herbicida glifosato es dañino a la salud y al medio ambiente.
Luis González Cepeda, presidente de la UMFFAAC, explicó que la postura del Conacyt que defiende el decreto que prohíbe el glifosato sin ningún respaldo científico, haciendo solo mención a que las supuestas investigaciones existen, sin embargo; tenemos el ejemplo de la Unión Europea, que como parte del proceso para renovar la licencia de la aplicación del glifosato en los países que la integran, dio a conocer el año pasado, un extenso informe de 11 mil páginas, que incluye una amplia revisión de estudios científicos, concluyendo que el uso de glifosato es seguro, cuando se utiliza según las instrucciones y, sobre todo, refutó que existan pruebas de que sea causante de cáncer.
El pasado 31de mayo un reporte de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) a través de su Comité de Evaluación de Riesgos, “reportó que clasificar al glifosato como cancerígeno NO está justificado y que la conclusión está basada en una amplia revisión científica e independiente, es decir, libre de conflictos de interés, en una respuesta implícita a críticas usuales de activistas que descalifican los estudios científicos que contradicen sus opiniones sobre el glifosato”.
El presidente de la UMFFAAC dijo también que la argumentación del Conacyt para defender la prohibición del glifosato apelando al “principio de precaución” y a “la defensa de derechos humanos” “responde más a cuestiones políticas e ideológicas, en primer lugar, porque nunca se ofrecen las pruebas de que la aplicación del glifosato genere los ‘los riesgos irreversibles o irreparables para el medio ambiente, la diversidad biológica y la salud humana’ por lo tanto, si solo se afirma sin comprobar, pues apelar al principio precautorio no tiene ninguna validez”.
Para la industria de protección de cultivos, todo indica que el Conacyt recurre a justificaciones ideológicas para la prohibición de un herbicida que, si se deja de aplicar a los cultivos, y no habiendo una alternativa viable hasta ahora, se podría generar una pérdida de entre 20 y 40 por ciento de la productividad de alimentos, dependiendo de cada cultivo, lo que afectaría de forma directa a 7 millones de agricultores, más otros 24 millones de personas que dependen de diversas formas de la agricultura.
González Cepeda coincidió con las estimaciones del Consejo Nacional Agropecuario, (CNA), en que una reducción de 20 por ciento en la producción implica dejar de producir más de 76 mil millones de pesos, más de 35 veces el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat.
El presidente de la UMFFACC también explicó que los argumentos que justifican la prohibición del glifosato basados en los juicios en Estados Unidos contra la empresa que fabrica este herbicida, también distorsionan la realidad, porque ninguno de ellos ha comprobado lo dañino que es el glifosato a la salud, si se aplica como lo indican las instrucciones del etiquetado, es decir, con el manejo adecuado que exige su utilización.
González Cepeda concluyó que la prohibición del glifosato es todavía más irresponsable si se toma en cuenta que el Conacyt no ha encontrado ninguna alternativa que lo sustituya, porque si en el primer mundo las grandes empresas no han sido capaces de encontrarlo, “cómo esperar que lo podría hacer una institución que no tiene recursos suficientes, ni la capacidad para coordinar investigaciones del nivel que requiere esta tarea”.
El miércoles el Conacyt expresó su inconformidad, luego de que, el 11 de julio, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Lic. Francisco Javier Rebolledo Peña, emitiera la sentencia que concede un amparo a la empresa Monsanto Comercial (adquirida por la firma alemana Bayer en 2018) para que no le sea aplicable el Decreto para sustituir el glifosato y evitar la siembra y consumo de maíz transgénico.
“En la sentencia, el Juez omite considerar el objeto mismo del Decreto como instrumento de garantía de los derechos humanos e ignora las pruebas ofrecidas que él mismo advierte hacen presumibles los daños ocasionados por el glifosato y por el maíz GM (Genéticamente Modificado), sin haberlas analizado a fondo”, señala en un documento el Conacyt.
En el Decreto “se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.
kach