Rosario Robles Berlanga informó que el 23er Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que la Sala Superior y en consecuencia la Secretaría de la Función Pública (SFP), violaron mis derechos y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que me inhabilitaba por 10 años.
Ello, “por no haber informado en mi declaración patrimonial de una cuenta de 2 mil pesos, que jamás tuvo un movimiento y que, incluso, fue cancelada por el propio banco”, subrayó la exfuncionaria federal.
El 23er Tribunal Colegiado en Materia Administrativa además -precisó Rosario Robles- “les señala que rediscutan el asunto, con base en el artículo 37 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”.
“Toda la saña con la que he sido atacada por instituciones del Estado México, se ha tapado con un muro: el de la justicia. Un paso más en el camino por la verdad y en contra de la infamia de la que he sido objeto”, expresó.
El 23er Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que la Sala Superior y en consecuencia la #SFP, violaron mis derechos y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que me inhabilitaba por 10 años. Aquí les comparto un mensaje. pic.twitter.com/WqEClcYRLZ
— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) July 1, 2022
Así lo refirió la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la pasada administración.
En septiembre de 2019, la SFP, cuya titular en ese momento era Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó de la inhabilitación a Rosario Robles Berlanga para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal por 10 años.
“La exfuncionaria fue notificada este miércoles (18 de septiembre de 2019) de la resolución en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que prevé la sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial”, señaló Eréndira Sandoval.
Con esta sanción, abundó “se impulsa el principio de honradez que rige al servicio público, en busca de una nueva Ética Pública en el gobierno de México, y se refrenda el compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y a la impunidad”.
El 12 de septiembre de 2019, un juez federal rechazó frenar el proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público contra Rosario Robles, quien fue recluida en el Penal de Santa Martha Acatitla.
El juez décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal notificó la decisión a la exfuncionaria federal, quien hizo la solicitud para revocar la instrucción del juez Felipe Delgadillo Padierna de vincularla a proceso.