“Bip, bip, bip, bip” suena a través del monitor, el sistema de salud nacional yace sobre la cama de hospital, en coma, conectado a varios aparatos. El desabasto de medicamentos, las carencias que enfrenta el personal, la covid, los pacientes con otras enfermedades que no han sido atendidos y los cambios en el modelo lo llevaron a esa condición. Sin embargo, el tema de la infraestructura es el que lo hace entrar en un paro cardiaco y el gobierno de la 4T, con desfibrilador en mano, no ha logrado revivirlo.
En marzo de 2019, La Silla Rota publicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió un cementerio de 328 hospitales que no concluyeron los gobiernos anteriores, 250 de ellos pertenecían a la Secretaría de Salud, 49 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 29 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE.
A casi tres años de distancia, a la Secretaría de Salud “se le perdieron” 47 hospitales, pues sólo reportó información de 203. Mientras que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tiene un diagnóstico diferente, ya que indicó que recibió 255 obras inconclusas y presentó avances distintos.
En el caso de la Secretaría de Salud, con corte a julio de 2021, aún le falta terminar 108 unidades médicas de las 203 que informó; sin embargo, sólo tiene en proceso 31 obras, ya que otras 64 están suspendidas y 13 más las dio de baja.
Según la información que entregó vía transparencia, Salud concluyó la construcción de 95 hospitales, en 20 estados del país, como Veracruz, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Sinaloa, aunque no dio montos de inversión.
“Yo tengo otros datos” es una de las frases más conocidas del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Insabi, que lidera Juan Antonio Ferrer, parece que también comulga con esta idea.
En respuesta a una solicitud de información, el Insabi indicó que al inicio del sexenio recibió 327 obras, 255 de ellas sin concluir. Al 17 de agosto de 2021, todavía tenía pendientes 178 de ellas: 53 en proceso, 107 suspendidas y 18 dadas de baja.
Detalló que el monto estimado de inversión en las 53 unidades médicas en proceso es de 8 mil 299 millones 427 mil 627 pesos, que se destinarán a terminar la construcción de 25 hospitales y 28 centros de salud.
De las 107 obras suspendidas, 36 son hospitales y 71 son centros de salud, en ellas se gastarían 5 mil 725 millones 444 mil 187 pesos. En tanto, las 18 unidades médicas dadas de baja, 2 hospitales y 16 centros de salud, no se van a terminar porque el Certificado de Necesidad no está vigente, pero concluirlas costaría 726 millones 235 mil 829 pesos.
El IMSS y el ISSSTE son los que avanzaron más rápido con el tratamiento, ya que solamente les falta terminar de construir 10 y 11 unidades médicas, respectivamente.
En 2019, el Seguro Social indicó que tenía 49 obras inconclusas, las cuales aumentaron a 52, pues a septiembre de 2021 había terminado 42 de ellas y 10 más están en proceso.
El caso del ISSSTE es similar, ya que al inicio del sexenio dijo tener 29 hospitales inconclusos, y para agosto de 2021 indicó que son 37 en total, 26 terminadas y 11 que siguen en construcción.
UNA ENFERMEDAD QUE SE EXTIENDE
La infraestructura hospitalaria es fundamental para el funcionamiento del Sector Salud, si se comparara con el cuerpo humano, Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que los centros de salud serían como los ganglios linfáticos, que están distribuidos por todo el cuerpo y se encargan de labores locales, mientras que los Institutos Nacionales de Salud serían como el corazón, los pulmones y el cerebro, y todos los demás hospitales serían el hígado, el estómago, los riñones.
Para Marcela Vázquez, investigadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, las unidades médicas de los diferentes niveles de atención serían como las manos, los brazos y las piernas, ya que son las partes que están más cercanas a la población, respecto a la prestación de servicios.
“Yo creo que la columna vertebral tendría que ser la Secretaría de Salud, con un gran papel de rectoría en donde no nada más los servicios estatales de salud respondan a esa rectoría, sino todas las instituciones de salud, que hoy por hoy no lo he visto. Hoy por hoy tenemos una columna vertebral debilitada, pero me parece que se tiene que fortalecer”, enfatizó la especialista.
Respecto al diagnóstico actual del sistema de Salud, López Cervantes dijo que no es alentador: “Ahora está peor que antes, yo diría que ahorita está casi en un estado de coma, porque está muy poco definido cuáles son sus elementos, cómo se articulan y cuáles son los procesos y los flujos de atención”, pero añadió que, si se habla de infraestructura, sería como si el paciente entrara en paro cardiaco.
ERAN MÁS DE 800 UNIDADES INCONCLUSAS
En 2016, Malaquías López Cervantes asumió el cargo de director general de Planeación y Desarrollo en Salud en la Secretaría de Salud, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
En entrevista con La Silla Rota, López Cervantes explicó que entonces realizó un mapeo y encontró que había más de 800 hospitales inconclusos en todo el país, de los cuales más de 400 se frenaron porque no contaban con los requerimientos necesarios que justificaran la necesidad de terminarlos.
Ese fue mi tema de trabajo durante tres años. Cuando llegué, me encontré que había 800 o 900 unidades médicas en construcción, porque cada quien estaba construyendo lo que le daba la gana. Empezamos a revisar uno por uno y nos dimos cuenta de que había como alrededor de 500 casos en los que se había dicho yo quiero hacer una unidad médica, pero ni siquiera tenían autorización, ni recursos, ni habían iniciado nada, todos estaban esperando que se autorizara y se les asignaran recursos, entonces a todos esos que no había nada más que la intención, los cancelamos
“De los casi 400 que sobraban, había ya cosas en curso, como por ejemplo haber iniciado el trabajo físico de cimentación o de construcción con unos recursos de origen muy diverso, algunos tengan autorización y apoyo previo del Seguro Popular, lo cual garantizaba que hubiera suficientes recursos para que hicieran el proyecto originalmente propuesto y había muchos que se habían iniciado con otros recursos”, detalló.
El especialista en Salud indicó que en ese momento se encontraron con diversos escenarios, pues otros de los hospitales se habían empezado a construir tras una asignación de recursos de la Cámara de Diputados, pero como no se otorgaba el monto total, estaban destinados a fracasar.
Señaló que otros tenían fuentes diversas de financiamiento de la Secretaría de Hacienda, como por ejemplo el fondo minero que se destina para diversos sectores como salud y educación.
“Por último están las obras que no son necesarias. Desde el punto de vista de salud no se puede considerar como necesaria una obra que es producto de un compromiso político, que llegó un presidente municipal o un candidato a gobernador y en su momento le dijeron ‘oiga háganos un hospital’ y les dijo que sí. Eso es lo más común. Eso no responde a ningún criterio de necesidad desde la perspectiva de salud”, declaró.
López Cervantes relató que, al conocer el balance de la situación de las obras, tuvieron que tomar decisiones, ya que no había dinero para terminar todos y peor aún, no estaba justificado que todos esos hospitales se terminaran, desde una perspectiva de salud.
“Terminamos todos los que dijimos que íbamos a terminar, que deben haber sido entre 50 y 60 hospitales grandes y luego dejamos en curso como 150 que estaban a un desarrollo del 80% de avance o más y que les conseguimos los recursos necesarios para que pudieran terminar y entrar en operación”, destacó López Cervantes.
¿QUÉ GENERÓ EL CEMENTERIO DE HOSPITALES?
Al escuchar sobre el cementerio de hospitales, obras a las que también se les ha denominado como “elefantes blancos”, la idea principal que se relaciona con este problema es la corrupción.
López Cervantes relató que durante su gestión detectaron algunos. “Pues ejemplos sí, pero casos de Fulano, Zutano o Mengano, eso no podíamos nosotros, porque era responsabilidad de cada estado. Ellos debían hacer una indagatoria local y decir éste es el que por corrupción o por estupidez generó este problema y por lo menos esto se va a hacer. Nosotros lo único que podíamos hacer era exigir que se llevaran a cabo auditorías, se mencionaran claramente en las auditorías los problemas, se mencionara la responsabilidad estatal para proceder y ya con eso nosotros justificar que corregíamos el error y lo poníamos en operación”.
Sin embargo, la investigadora de la UNAM Marcela Vázquez explicó que eso depende de cada caso, pero sí hay un común denominador que lleva al fracaso a estas construcciones.
“Yo no puedo afirmar que son por temas de corrupción, pero lo que sí puedo afirmar es que son por temas de planeación. Aún con un esfuerzo importante de inversión en infraestructura y en equipamiento para atender problemas de salud, si no se hace con una buena planeación, que además está estipulada metodológicamente, también por instancias del gobierno en el aspecto de rectoría, si estas unidades médicas nacen con deficiencias de planeación, pues están destinadas al fracaso”, resaltó.
La especialista explicó que para que una unidad médica se pueda construir con mayores posibilidades de éxito, se deben contemplar varios aspectos: que la cartera de servicios de la unidad médica que se planea esté acorde a las necesidades de la población; que no existan otros hospitales cercanos que ofrezcan los mismos servicios, y que estén garantizados los recursos para los gastos de operación.
Vázquez señaló que usualmente se construyen unidades médicas no necesariamente para atender las necesidades de salud de la población o sin recursos suficientes para su operación una vez terminados, a esto se suma otro factor ya que en el país “tenemos una limitación muy importante de personal, no nada más de recursos para contratarlos, sino también de disponibilidad de profesionales de salud”.
La especialista expresó que, si bien la construcción de un hospital implica una gran inversión, lo más costoso es ponerla en marcha, desde el equipamiento hasta la contratación del personal.
Para tener una idea, López Cervantes explicó que en promedio construir un centro de salud cuesta entre 1 millón y 5 millones de pesos; si es un hospital pequeño, la inversión va de 50 millones a 100 millones.
Un hospital mediano, que podría ser de segundo nivel, el monto va de 500 millones a 600 millones de pesos, mientras que, para un hospital grande, que sería de tercer nivel, la inversión total está entre 800 y mil millones de pesos.
Para Marcela Vázquez, en el cementerio de hospitales hay responsabilidades compartidas, ya que anteriormente se transfería recursos del Seguro Popular a los gobiernos estatales para que se llevaran a cabo las obras, pero ahora el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es el que concentra todo lo relacionado con la construcción y el equipamiento.
La especialista recordó que lamentablemente este tema no es nuevo, ella trabajó mucho tiempo en la Secretaría de Salud federal durante varios gobiernos “y es un mal que siempre ha prevalecido en el Sector Salud, el que se invierte en infraestructura médica y después no se tengan los recursos para poder operar esas unidades médicas, esto es algo que ha sucedido siempre”.
A la mitad del sexenio, la especialista de la UNAM ve complicado que el gobierno pueda terminar con el cementerio de hospitales. “Sinceramente, no veo que nuestro país vaya a poder hacer una importante inversión en infraestructura en estos años, si no tenemos recursos para operar las que tenemos y tenemos problemas de salud enormes derivados de la pandemia”.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió que la Secretaría de Salud debe informar sobre los hospitales en abandono, heredados por la gestión presidencial anterior.
Indicó que la información pública puede servir a las personas interesadas en acompañar el desempeño de las instituciones responsables de garantizar el derecho a la salud de la población, lo que incluye la planeación, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura, y el equipamiento médico de la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud.
Esto, “con el único fin de racionalizar y priorizar los recursos para la inversión pública y garantizar la operación sustentable, tal como lo prevé el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud”, afirmó la comisionada Norma Julieta Del Río Venegas al presentar el asunto ante el pleno.
Lo anterior, señaló Del Río Venegas, cobra relevancia en el escenario descrito por las autoridades de Salud en diciembre del 2019, cuando declararon públicamente haber recibido 340 nosocomios en condiciones de abandono.
La comisionada agregó que, de cara al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, hay un reto mayúsculo, por lo que se necesita tener instituciones responsables en todos los sentidos y un tema que nos ocupa hoy pues es precisamente es esto, instituciones de salud y también infraestructura en abandono que pueda llevar a una presunción de corrupción.