Este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) publica la sentencia emitida el 25 de noviembre de 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de México por las graves irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido ocurrida el 19 de octubre de 2001.
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En la publicación el DOF reconoce violaciones de las garantías judiciales y protección judicial, así como violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de Digna Ochoa, así como la falta de una investigación con perspectiva de género en el presente caso.
En consideración de la gravedad de los hechos y de las violaciones alegadas, la Corte procedió a realizar una determinación amplia y detallada de los hechos ocurridos, toda vez que ello contribuye a la reparación de las víctimas, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos.
En la Mesa de Opinión de El Heraldo y La Silla Rota del pasado miércoles 26 de enero, David Peña, abogado del caso Digna Ochoa, celebró la sentencia y el sentido de la comunicación de la Fiscalía.
El litigante señaló que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos permitirá modificar temas estructurales, como los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
"Es una oportunidad para que el gobierno corrija los aspectos sustanciales que han continuado en esta administración, pero que vienen desde gobiernos anteriores".
El abogado de Ochoa y Plácido dio un indicio para encontrar a los autores materiales del asesinato de Digna. Se trata de Rogaciano Alba Álvares, alias "Don Roga", quien fue detenido en 2010 por vínculos con el cártel de Sinaloa y murió en 2021 a causa de la covid-19, en el Penal de Almoloya.
"Don Roga" ha sido señalado desde hace 18 años en el expediente del caso de Ochoa como el autor intelectual de su asesinato puesto que la labor de la defensora de los derechos humanos se interponía en la toma del control de comunidades en Guerrero a manos del cacique, indicó el abogado Peña.
Cabe recordar que la carpeta de investigación de la muerte de Digna Ochoa la llevó la Procuraduría capitalina encabezada por Bernardo Bátiz, hoy consejero de la Judicatura Federal, en la gestión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.
REACCIONES POR LA SENTENCIA
El senador Emilio Álvarez Icaza y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la capital consideró que es saludable que la Fiscalía de la Ciudad de México reabra la investigación del caso Digna Ochoa, en acatamiento a la sentencia de la Corte Interamericana.
Álvarez Icaza agregó que se deben realizar las acciones reparatorias de la imagen como defensora de derechos humanos de Digna Ochoa.
Por su parte, la senadora Kenia López del Partido Acción Nacional (PAN) coincide en que falta reconocer el error y cumplir con la resolución de la Corte de darle continuidad a la investigación hasta encontrar a los culpables.
Además desde su perspectiva se debe designar una comisión especial responsable para que se le dé seguimiento a la sentencia emitida por la Corte en el caso de Digna Ochoa y que se cumplimente, pero que sobre todo las acciones se encaminen a que casos como este y el de los tres periodistas asesinados este 2022 no se repitan.
Digna Ochoa fue una destacada defensora de derechos humanos en México que participó en investigaciones de alto perfil, entre ellas el litigó a favor de las víctimas de violencia en el caso Aguas Blancas, en 1995, donde se asesinó a 17 campesinos en Guerrero, y en 1998 fue parte del equipo de defensa en contra del Estado por la masacre de El Charco, en la que 11 jóvenes, supuestos guerrilleros, fueron ejecutados por soldados.
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