Eduardo Martínez Baltazar fue a trabajar el turno nocturno de ese domingo 19 de febrero, de 2006, como había hecho esa semana. Se trataba de su séptimo día laborando en la mina 8 de Pasta de Conchos. Le tocaba descansar, pero decidió no hacerlo. Quería juntar el pago extra con su semana y tener un poco más de dinero, porque los 120 pesos que le pagaban diariamente, no le alcanzaban para cubrir todas las necesidades en casa.
Lalo, como lo llama su hermana Silvia, era muy alegre y dicharachero. Asistía a las entrevistas de trabajo con muy buena actitud y está segura de que su sonrisa convenció a las reclutadoras para que lo contrataran en la mina, pese a su cabello largo.
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“Nomás acomódatelo bien en el casco”, le decían cuando entró a trabajar a la mina de Grupo México, donde se registró la explosión por acumulación de gas metano ese 19 de febrero y que sepultó a 65 trabajadores, entre ellos Lalo, quien tenía entonces 26 años.
Han pasado 16 años y Silvia sigue pensando que es probable que los cuerpos de los trabajadores que fallecieron ese día se encuentren juntos. Por esos días corrían fuertes rumores de que planeaban protestar por las condiciones de inseguridad que había en la mina, con un paro de labores.
LA MISMA RESPUESTA EN 16 AÑOS
Bajo tierra quedaron 63 trabajadores. Sólo dos cuerpos fueron rescatados. Sesenta y cinco familias que quedaron incompletas y siguen a la espera de justicia y reparación. No tendrán paz hasta lograr el rescate de los cuerpos que quedaron atrapados y justicia sus padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposos y esposas.
Cuatro presidentes, tres partidos, una misma respuesta al cumplirse 16 años de aquel día: sin rescate de cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos.
La esperanza reavivada con la llegada del Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, hace 3 años, cuando recuperó su intención expresa en campaña en 2012, y crecida hace dos años nueve meses con el anuncio de que la Secretaría del Trabajo, con Luisa María Alcalde al frente, hoy luce opaca pese al reciente anuncio de “inicio de primera fase del rescate”, frente a su duda sobre si será posible llegar a la fase 3 del mismo antes de que concluya este sexenio.
Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasaña Cantú, recuerda que su hijo temía por las condiciones de seguridad de la mina, dos meses antes de que explotara.
“Yo lo veía platicar con mi esposo, le decía: ‘Papá, fíjate que en la mina nos están diciendo que metamos lo que detenía el techo, que lo vayamos cambiando más adelante’, porque supuestamente iban a hacer una frente larga”, recuerda Doña Trini, como le llaman casi todos los que la conocen.
A Raúl sus superiores le ordenaban quitar vigas en los túneles para colocarlas más adelante y así reutilizar material a pesar de que eso dejara inestable el techo de la mina.
“Y en esas pláticas que ellos hicieron, mi esposo decía ‘Esto no se debe de hacer porque desprotege lo que viene detrás, que es lo que ustedes deben ir protegiendo, el techo, para que no les pase que mañana o pasado se les venga todo encima’. A lo que Raúl respondía: ‘Pero es que te mandan y tienen sus moditos horribles para mandar. Tienes que quitarlo para ponerlo más delante’, recuerda Trinidad.
MÁS DE 15 AÑOS SIN CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
Las viudas y los familiares de los trabajadores contratados por Grupo México siguen esperando se cumpla con la exigencia mayor: que les entreguen los cuerpos. Los quieren para llevarlos al panteón, porque se niegan a que el entierro de sus familiares sea como lo dictó la negligencia de una empresa que, a pesar de que recibió llamados de atención sobre la inseguridad de la mina, no mejoró la seguridad. En cambio, decidió reciclar materia y buscar reducir costos.
Esta es una de las razones por las cuales más de mil 100 familiares se unieron en una petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que solicitan que se investigue el caso. La demanda, admitida por la CIDH y que dio la razón a las familias en 2018, cuestiona que a los mineros se les negó el derecho a un trabajo en condiciones de seguridad, derecho a la vida y luego, a los familiares, el Estado no les ha garantizado su acceso a la verdad y la justicia.
“Que se realicen las investigaciones pertinentes relacionadas con las posibles responsabilidades, no sólo de la empresa, que es muy importante, sino también de las autoridades que generaron un clima de permisibilidad a través de, por ejemplo, generar que las revisiones en materia de trabajo fueran deficientes y que no se contara con darle seguimiento a una serie de elementos de riesgo que ya los mineros habían denunciado en la mina”, enfatiza Sofía de Robina, abogada del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha dado acompañamiento a familias de víctimas del caso Pasta de Conchos.
Hasta el momento, no sólo no se ha castigado a los responsables de la explosión sino que no hay carpetas de investigación abiertas por el caso. Tampoco hay medidas aplicadas de no repetición, como indicó la CIDH. En la zona, continúa la inseguridad y los accidentes para los mineros. Uno de los más recientes: la muerte de mineros en una mina de Muzquiz, también en Coahuila, debido a que ésta colapsó por una inundación y de la que la Comisión Federal de Electricidad CFE y su titular, Manuel Barlett, habían recibido advertencia previa de estar en malas condiciones por parte de Organizaión Familia Pasa de Conchos.
La frustración y el escepticismo permea entre familiares y viudas de los mineros de Pasta de Conchos, pese al reciente anuncio de autoridades federales.
Las familias de #PastaDeConchos continuaremos exigiendo verdad, justicia y medidas de no repetición, reafirmando la prioridad de desde hace 16 años hemos mantenidos de #RescateYa pic.twitter.com/4Mqzv1F0KT— PastadeConchos (@PASTADECONCHOS) February 17, 2022
LA VERDAD SE QUEDÓ ENTERRADA CON ELLOS
“Eso es lo que nosotros hemos pensado: la verdad se quedó enterrada con ellos y que no han querido abrir, que no han querido exponer”, dice a La Silla Rota Silvia, hermana de Eduardo Martínez.
A pesar de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió en octubre de 2020 a rescatar a los mineros, a tres años de iniciado su gobierno en estricto sentido el rescate no ha iniciado. Anuncios y discursos cada vez que se acerca la conmemoración de la tragedia. Pero hasta ahí.
“Ya pasaron tres años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está al frente y no veo rescate. Yo no veo que empiecen máquinas a escarbar para rescatar restos”, cuestiona Trinidad Cantú.
Algunos familiares han cuestionado también que durante un año y medio que han sido excluidos de buena parte del proceso de discusión con el gobierno federal, sobre cómo deberían garantizarse sus demandas. Ninguna dependencia, dicen, se comunica directamente con los familiares.
“No debería haber intermediarios de información entre CFE y las familias. CFE está obligada a informar a todas las familias. Todos tienen el mismo derecho a ser informados y es algo que tampoco CFE ha considerado. El señor presidente (AMLO), nos dijo en su reunión en la Ciudad de México delante de él que todo iba a ser transparente y es cosa que no ha hecho CFE”, cuestiona Elvira Martínez, viuda de Jorge Bladimir Muñoz Delgado.
De hecho ahora pareciera que la Secretaría del Trabajo vuelve a tomar las riendas del seguimiento. De hecho, en la primera parte de este trabajo de La Silla Rota, publicado ayer 18 de febrero, Alejandro Salafranca, declaró que la secretaría nunca ha abandonado la cordinación de los trabajos.
Es por eso que en la reunión del pasado 15 de febrero que se realizó con autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Federal de Electricidad, los familiares exigieron ser informados sin intermediarios de los avances que haya del rescate de los cuerpos y de los compromisos del gobierno como las indemnizaciones, la entrega de viviendas, la construcción de un memorial y la inversión en infraestructura.
Si bien los familiares reconocen que el pago de la indemnización a las viudas y a los hijos es una necesidad luego de que los proveedores fallecieron, también exigen ser tomados en cuenta en el proceso de rescate de los cuerpos porque, argumentan, con el accidente no sólo ellos fueron afectados sino familias enteras.
“NOS NEGARON EL DERECHO A UNA DIGNA SEPULTURA”
Elvira Martínez, viuda de Jorge Bladimir Muñoz, recuerda que en ese entonces el mayor deseo que ella y su esposo tenían era terminar de construir su casa para contar con un patrimonio, por lo que él utilizaba sus ratos libres en el día para la construcción, antes de partir rumbo a la mina para el turno de la noche.
“Él estaba muy emocionado porque ya eran los últimos detalles y ya la íbamos a poder habitar la casa y ese día se la pasó trabajando durante el día aquí en la casa y luego iba de tercera, se recoge en la tarde. Estuvo con nosotros, dormimos un rato, estaba haciendo mucho frío, se levantó, tomó su café, algo para la cena y se despidió esperando vernos al día siguiente. Yo lo recuerdo así, como un día muy tranquilo, muy calmado, de que nos íbamos a volver a ver al día siguiente”, explica Elvira.
Su esposo no la ha abandonado del todo. Siempre que llega diciembre, un par de meses antes de que se cumplan años de la explosión, comienza a soñar con él de manera cada vez más frecuente.
“Empieza a aparecer normal, como siempre. Él era una persona muy callada, le gustaba mucho ver televisión o estar en la computadora, jugaba poco con los niños pero cuando jugaba se ponía con Tania y con Cristián, que eran los más grandes, se ponía a jugar con ellos en la cama, así empieza a aparecer en mis sueños”, cuenta Elvira, una de los miembros de la Organización Familia Pasta de Conchos.
“Nos negaron el derecho de tener un lugar especial para ellos. Para darles una digna sepultura y para vivir nuestro duelo normal porque todo ser humano tiene ese derecho de tener un duelo normal para su familia. Entonces nosotros nunca hemos vivido ese duelo, lo hemos vivido luchando pero nunca de ir y darle una cristiana sepultura y de saber que ahí está en ese lugar”, cuestiona Claudia Escobar, viuda de Raúl Villasana y una de las que participa activamente en las conversaciones con la Comisión Federal de Electricidad.
Claudia sí confía en que el presidente cumplirá su promesa de rescatar a los mineros y, en cambio, está molesta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) – dependencia que hace un año era encargada del proceso de rescate – pues, acusa, no han cumplido a cabalidad con los acuerdos a los que llegaron.
Para muestra del rescate que sí se cumplirá, explica Claudia, está el hecho de que el pasado 14 de febrero la CFE le entregó el predio a la empresa que construirá los tiros verticales, una especie de pozos destinados a inyectar aire en la mina y a drenar el agua que puede haber en caso de que esté inundado.
Al mismo tiempo, Claudia reconoce haber cambiado en estos años de lucha.
“Nos hicieron que todo el tiempo nos lo pasemos luchando. De ser una ama de casa normal, me han hecho que yo salga infinidad de veces hacia la Ciudad de México, hacia toda la República Mexicana a ir y demandar en todas partes lo que nos había pasado de Pasta de Conchos. Te quitan todo de tu vida”, explica Claudia.
De las 65 familias, sólo dos han tenido posibilidad de decidir que sus familiares no quedaran enterrados por la negligencia empresarial, sino por los ritos en los que creen. Aunque la tierra sea el destino final de los cuerpos, las familias quieren establecer sus condiciones.
A pesar de la falta de información, de los continuos retrasos en el cumplimiento del inicio del rescate y del paso de los años, la Organización Familia Pasta de Conchos no sólo no ha detenido su proceso de organización sino que además lo ha ampliado a otras poblaciones de la región en donde Grupo México también tiene minas y también viola los derechos de los trabajadores.
“Estamos por este lado viendo no solamente Pasta de Conchos sino que también en trata de ver el caso de otras minas, de otras irregularidades que pasan en la región. En Cloete también ahí había lo que habían los tajos a cielo abierto y querían derrumbar las casas de los habitantes para poder seguir extrayendo carbón y las familias no estaban de acuerdo y también se apoyó por ahí”, explica Elvira, una de las integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos.
La Organización ha hecho el trabajo de documentar las irregularidades que existen en otras minas como parte de su continuo cuestionamiento a Grupo México por no garantizar condiciones de seguridad para los trabajadores.
“(Grupo México) nunca pidió perdón a las familias, nada, sigue igual, ocupando terrenos y terrenos en Nueva Rosita. Quitando y haciendo. Pero también es que se lo permiten. Si no se lo permitieran y le quitaran las concesiones pues yo pienso que sería diferente, quiere irse haciendo más ancho. La vida de las personas trabajadoras, a las empresas no les interesa. A las empresas nomás que se hagan ricos, que les den producción y nada más. Porque ellos con salarios tan mínimos, tan bajos, con tantos peligros que trabajen y que sigan trabajando”, critica Doña Trini.
Ella, junto con cientos de familiares más no quitan el dedo del renglón. No ceden ante el hecho de que el gobierno no les ha entregado los restos de sus familiares. Las viudas, los padres, las madres, las hijas y los hijos, las hermanas y los hermanos, los sobrinos y primos, no olvidan a los mineros.
“Por eso mi hijo, el otro que tengo más chiquito, me dice ‘¿Tú sabes con quién luchas? Estás luchando con el Sansón, con el dueño del mundo entero’ y yo le digo ‘¿Pues qué tiene?’ y él me dice ‘Pero mamá, pues ya nunca vas a poder saber’, ‘No, pero ojalá los que vienen atrás sigan. Dios es más grande que todas las cosas’, concluye Doña Trini.
Fotos: Jorge Magallanes Portales / Organización Familia Pasta De Conchos