La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza y debate el caso judicial que se videograbó y se presentó como documental en salas cinematográficas con el título “Duda Razonable", que salió a la luz en noviembre de 2021 en Netflix.
Tras la difusión del documental Duda Razonable, la defensa de los implicados solicitó la revisión del caso a la SCJN y en febrero de 2022 el ministro presidente, Arturo Zaldívar, propuso al pleno de la Corte atraerlo.
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El pasado lunes el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hizo público el proyecto de sentencia (disponible en la página oficial de la SCJN), en el cual, se propone un amparo “liso y llano”, con el cual se otorgaría la inmediata libertad a los protagonistas de Duda Razonable.
El proyecto de sentencia plantea varias innovaciones de interpretación constitucional en materia penal. Argumenta por ejemplo, que en algunos casos es posible acudir al amparo directo a pesar de no haber apelado la sentencia de primera instancia. Por otro lado, el proyecto interpreta el concepto de presunción de inocencia en términos de la calidad de las pruebas que una fiscalía debe aportar y concluye que, para el caso de Duda Razonable, la fiscalía tabasqueña violó este principio.
Para convertirse en sentencia, el proyecto requiere del voto favorable de seis ministros (el del ministro ponente y cinco más). Bajo esta mayoría simple, el contenido de la sentencia y los criterios que la sustentan surtirán sus efectos para Héctor, Gonzalo y Juan Luis.
En caso de que el proyecto logre ocho votos o más los criterios legales tendrán, además, efectos obligatorios para tribunales inferiores. Esto quiere decir que personas en situación similar a la retratada en el documental de Netflix podrán verse beneficiadas con la resolución del máximo tribunal constitucional.
En caso de no reunir un mínimo de seis votos, el proyecto será turnado a otro ministro quien hará un proyecto basado en el contenido de la discusión pública que el Pleno haya tenido.
Al respecto, Roberto Hernández, director de Duda Razonable, dijo que el proyecto del magistrado Gutiérrez Ortiz Mena señala la falta de investigación por parte de la fiscalía tabasqueña, “dice básicamente que aun si el abogado defensor Andrés Andrade no hubiese hecho nada, el resultado jurídico debería haber sido una sentencia absolutoria dado que la Fiscalía no hizo nada. También muestra cómo el razonamiento para condenar se basa en meras suposiciones”.
Por su parte, el abogado Iker Ibarreche, quien promovió el amparo en favor de los protagonistas señaló “el proyecto es de enorme fortaleza jurídica e ilumina la grave violación a la presunción de inocencia que sufrieron Héctor, Gonzalo y Juan Luis.”