De acuerdo Alberto Athié, exsacerdote y activista por los derechos humanos, el protocolo contra el abuso sexual que publicó y comercializó la Iglesia católica en México, no reconoce el abuso sexual como un delito, además de conservar la idea de que hay necesitan conservar la confidencialidad de los casos.
Al respecto, y a través de una nota informativa, la Arquidiócesis Primada de México (APM) explicó que la publicación del protocolo es una iniciativa de la APM, a partir de “las obligaciones que tiene la iglesia con el Estado mexicano y el derecho positivo vigente aplicable en Ciudad de México”, por lo que el documento no es aplicable en su totalidad a todas las diócesis del país, ni a todos los estados.
De acuerdo con información de Milenio, también se informó que el documento, es una herramienta del Departamento para la Protección de Menores de la Arquidiócesis, con la cual se busca “contribuir en la investigación y conocimiento del fenómeno de los abusos sexuales en general”.
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Además, el documento permite conocer “los canales de denuncia ante las instancias eclesiásticas o civiles”, y su costo permitirá a la Arquidiócesis continuar desarrollando las investigaciones acerca de este fenómeno, con las cuales el protocolo seguirá siendo actualizado.
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De acuerdo con lo informado por Carlos Zúñiga a el diario Milenio, anteriormente, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, ya había solicitado a la Iglesia católica apegarse a las leyes de cada país en materia de delitos sexuales, en lugar de tener un mecanismo propio a la institución.
Por su parte, la directora del Departamento de Protección de Menores, Zaida Rosales Ortega, no quizó revelar la información acerca del número de casos de abuso sexual que se han denunciado con base en el protocolo de la iglesia.
“Este protocolo es una expresión del modelo interno de la Iglesia, en donde ni siquiera lo reconocen (como) un delito, habla de (…) ¿un pecado? ¿un problema disciplinar? (…) Este protocolo de alguna manera refiere a que cada obispo, obispado o titular de las diócesis sea el responsable de los casos y es una especie de refrito de ese crimen sollicitationis de los años 60”, comentó Athié.
De acuerdo con el procedimiento para atender los casos de acercamientos de índole sexual de los sacerdotes con los fieles católicos, además de comportamientos homosexuales, pedófilos o zoófilos por parte del clero, el denunciante debe guardar la confidencialidad, bajo pena de excomunión.
“Es un delito, no un problema disciplinario, administrativo, donde la mayor pena es que dejen el sacerdocio”.
“Eso supone que las autoridades deben de actuar y en México no actúan; así es que ese es el problema también”, reprochó Athié.
VGB