La reforma electoral a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada en el Congreso el pasado 15 de diciembre, representa un riesgo para la democracia de México, alertó el medio con sede en Londres, The Economist.
“Cuando el presidente de México decide que quiere hacer algo, no rendirse fácilmente”, expone el medio en su edición internacional de este 24 de diciembre y asegura que desde 2006 ha existido un rencor por parte de hoy jefe del Ejecutivo contra el órgano electoral, quien asegura que el INE manipuló la votación en las elecciones presidenciales en las que resultó ganador Felipe Calderón.
“La determinación del señor López Obrador solo ha endurecido ante la creciente oposición”, expone The Economist, al resalta que luego de la manifestación que se organizó para protestar contra el plan presidencial de recortar el tamaño, el personal y el presupuesto del INE, López Obrador realizó su propia protesta, en la que se habrían usando fondos del gobierno para hacerlo. “Cuando falló en conseguir la mayoría de dos tercios necesaria en la cámara baja por su propuesta inicial, que implicó alterar la constitución, volvió a un paquete de leyes que requerían solo una mayoría simple para ser aprobadas”.
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“Las reformas son preocupantes en parte porque México se convirtió en una verdadera democracia recién en el año 2000”, resalta el medio internacional, así como que encuestas muestran que los mexicanos confían en el INE más que en ninguna otra institución, por lo que si se debilita, “López Obrador hace menos probable que las elecciones sean libres y justas”.
Pese a que el INE no será desmantelado y sus consejeros seguirán siendo elegidos por votos parlamentarios, en lugar de directamente por el público, además de que el tribunal electoral no se subsumirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma electoral “podría significar dar un paso atrás en la línea de un sistema democrático a uno autoritario”, expuso Carlos Bravo Regidor, analista político.
El experto resaltó que al achicar el INE, la nueva normativa erosiona su capacidad para hacer su trabajo. Lo que incluye llevar a cabo elecciones y monitorear que las partes obedezcan la ley, además de emitir credencial de elector de 97 millones de mexicanos.
La ley, además, desecha las 300 sedes locales permanentes del INE, responsables de la instalación de las mesas electorales y celebrar elecciones en sus áreas y ahora existirá sólo temporalmente, durante el tiempo de elecciones, lo que implica despedir a cerca del 85% de los 2 mil 500 trabajadores del INE.
“Las reglas también frenan las facultades del INE para fiscalizar, regular y sancionar las infracciones a la ley electoral”, se lee en el artículo.
“El presidente dice que la reforma ahorrará dinero. Pero el presupuesto del INE en 2022 es 13.900 millones de pesos (700 millones de dólares), solo el 0,2 % del capital federal. El INE es grande, pero también lo es México: poner casillas electorales a lo ancho no es tarea fácil. Las elecciones no pueden realizarse en lo barato en un país que en los años 70 y la década de 1980 fue atormentada por el fraude electoral”.
(djh)