Dependencias federales de la 4T reservaron información de cómo participaron en el rescate de los 10 mineros atrapados en el pozo de extracción de carbón en El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, ocurrido el 3 de agosto pasado, y cuyos cuerpos, a 4 meses, aún no han sido rescatados.
Es el caso de la Secretaría de Economía, que en una solicitud de información hecha por La Silla Rota, explicó que la razón es que la información se ha integrado a expedientes judiciales y procedimientos administrativos en forma de juicio.
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Además, la dependencia tampoco dio información sobre cómo formó parte de dichos trabajos con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) –que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)– y otras dependencias que participaron, como las del Trabajo y la de la Defensa Nacional.
En otra solicitud al respecto, la Sedena informó a La Silla Rota, que debido a que fue la CNPC la encargada de coordinar los trabajos, no llevó una bitácora sobre las tareas de rescate.
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También, en otra solicitud, en este caso a la Secretaría del Trabajo de Coahuila sobre el número de accidentes mineros en Coahuila entre 2016 y el 3 de agosto de este año, la dependencia estatal se declaró incompetente y canalizó hacia su homóloga federal o la de Economía.
A 4 meses
Han pasado 4 meses desde que ocurrió la tragedia del pozo de extracción de El Pinabete, concesión minera ubicada en el municipio de Sabinas, en la región carbonífera de Coahuila.
Ahí 10 mineros quedaron atrapados y aunque la Comisión Nacional de Protección Civil coordinó los trabajos para su rescate, poco antes de cumplirse el mes aceptó que la única forma de rescatarlos sería mediante un tajo en el terreno, el cual concluirá en julio del próximo 2023. Los nuevos trabajos son coordinados desde entonces por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los trabajos de rescate del primer mes después de la tragedia fueron cuestionados porque habitualmente los hacían cuadrillas de la empresa Mimosa, integrada por otros mineros, especializados en el tema.
Sin embargo, los primeros días fueron hechos a un lado y las riendas fueron tomadas por la CNPC, la Sedena y las secretarías del Trabajo, tanto federal como local, así como la de Economía, que revisó las concesiones mineras.
Precisamente a la Secretaría de Economía se le solicitó información al respecto, y cómo se coordinó con la Coordinación Nacional de Protección Civil y con la Sedena, entre el 3 y el 28 de agosto.
La respuesta fue en el sentido de que se trataba de “información reservada”, al tratarse de un asunto que se encuentra bajo la conducción de diversos expedientes judiciales y procedimientos administrativos en forma de juicio.
“Se considera que toda la información que no hubiera sido publicada al momento que ocurrió el accidente, debe ser clasificada como reservada”, remarcó la dependencia.
Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el caso y la responsabilidad del presunto dueño, Cristian "S", quien fue detenido el 26 de septiembre, además de que sobre dos presuntos socios pesa una orden de aprehensión.
También se solicitó a la Secretaría de Economía información sobre los dos geólogos del Servicio Geológico Mexicano que, de acuerdo con un boletín del 12 de agosto, envió la dependencia.
Al respecto, se declaró incompetente y recomendó hacer una solicitud al SGM.
Coordinó la SSPC
La Silla Rota también pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre su papel en las labores de rescate e incluso si contaba con una bitácora al respecto. La respuesta fue que no contaba con ella.
“No elaboró una bitácora de actividades realizadas y programas, ya que fueron coordinadas por la CNPC”.
Sobre cómo se coordinó con ésta, respondió que la coordinadora de la CNPC –no menciona el nombre pero se refiere a Laura Velázquez Alzúa– se desplazó al área del evento desde las primeras horas de ocurrido el siniestro. Ahí acudió personal militar perteneciente a la XI región militar, como órgano superior y especialista en la materia de protección civil y gestión de riesgos.
“Para definir los trabajos a realizar, dicha coordinadora realizó juntas con todas las autoridades federales, estatales y municipales participantes, así como con personal de las empresas mineras”, añadió.
“La Sedena tuvo entre sus tareas la delimitación y control, así como la seguridad periférica en el área del siniestro; apoyo para atención médica a familiares, rescatistas y voluntarios; apoyo en los trabajos para la instalación de las bombas y tuberías de descarga de agua extraída de la mina”.
Además, en coordinación con el DIF estatal se proporcionó servicio de alimentación a todo el personal que participó en las actividades y apoyo para el traslado de equipos de bombeo, añadió.
La Secretaría de la Defensa llevó entre su equipo un generador eléctrico, camillas tipo canasta, rígidas y sked, tripié de rescate con cuerda y poleas, equipo de buceo, cuerdas, palas y picos y mototrazadora.
El personal militar no tuvo una misión específica, sin embargo, proporcionó apoyo para las actividades mencionadas. Se le preguntó a la Sedena si entregó datos a la FGR. La respuesta fue negativa.
Sin registro de accidentes
En otra solicitud, en este caso hecha a la Secretaría del Trabajo de Coahuila sobre si contaba con el registro de accidentes mineros en la entidad, la dependencia estatal se declaró incompetente y sugirió canalizar la petición hacia la STPS o a Economía.
Respecto a su labor durante los trabajos de rescate, respondió que, "mediante la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno, se definieron estrategias y tácticas conjuntas para dichas tareas".
La dependencia, de la mano del gobierno estatal, en coordinación con el gobierno federal, “encabezó las labores de atención integral y puntual de las necesidades de las familias de los mineros, brindándoles apoyo psicológico, atención médica, así como asesoría legal. De igual manera atendió las necesidades de los rescatistas; trabajos que se realizaron de manera ardua durante las 24 horas del día por parte de los servidores públicos adscritos a esta dependencia”.