La ruta que siguió el “plan B” de la reforma electoral en el Congreso, la semana pasada, pasará a la historia como uno de los procesos con mayor desaseo legislativo y, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador muestre una actitud triunfalista, en el fondo también perdió. Así lo señalaron analistas consultados por La Silla Rota sobre el tema.
En su conferencia mañanera del 19 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que con la aprobación del plan B de la reforma electoral, los opositores “no lograron salirse con la suya”.
“Los adversarios van a Corte para pedir que se declare inconstitucional, pero no hay nada inconstitucional. Va a ser la autoridad competente, en este caso la Suprema Corte, la que va a fallar. Yo estoy muy contento porque no se salieron con la suya de mantener los privilegios en el INE”.
Consultado sobre el tema, Horacio Vives, profesor de Ciencia Política en el ITAM, afirmó lo que se vivió con dicha aprobación fue “una absoluta violación a cualquier tipo de procedimiento legislativo”.
“Lo que quedó claro, es que los diputados no sabían qué es lo que estaban aprobando por la forma tan atropellada y extensa del documento que se sometió a votación. Fue el Senado quien corrigió la plana a la colegisladora”.
José Fernández Santillán, profesor investigador del Colegio de Jalisco y profesor visitante de la Universidad de Harvard, añadió que la forma en la que se dio el proceso es preocupante.
“Contrario a lo que se pidió, en la marcha del 13 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral sí se tocó y no en lo que se refiere a su desaparición; sino en una legislación secundaria donde se despide el 85 % del personal y desaparecen los OPLE”.
El académico consideró que no fue suficiente con la marcha de los ciudadanos a favor del INE porque, dijo, “este es el momento en el que deben hacerse presentes de nuevo para blindar al instituto”.
La ruta legislativa
Del 7 al 15 de diciembre, la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral constitucional que presentó el titular del Ejecutivo en abril; y aprobó una reforma electoral secundaria que se envió el mismo día.
Ésta fue turnada comisiones, pero la bancada de Morena la hizo suya mediante un copy-paste para dispensarle trámites y someterla a discusión y votación del pleno durante las 12 horas siguientes.
Luego, la envió al Senado donde en menos de 3 días (un fin de semana) fue dictaminada y debatida en Comisiones. Así, en menos de 12 horas se le dio trámite parlamentario y se aprobó para regresarla a la Cámara de Diputados donde en un lapso de 6 horas fue aprobada en lo general y particular además de que se eliminó la llamada cláusula de vida eterna a partidos pequeños.
Finalmente, la reforma se devolvió al Senado donde se revisará de nuevo en febrero 2023.
¿Quién ganó?
“Me da la impresión de que hay un desconcierto total en la ruta que siguió la reforma. Parecería que el presidente y su secretario de Gobernación iban al unísono; pero terminó en la improvisación, el desorden, la discordia y la sorpresa”, afirmó Fernández Santillán.
“Parecería que la política mexicana está siendo guiada por ocurrencias o golpes de mesa más que por una estrategia. Aunque en este momento cruzamos por la hegemonía de un partido oficial, parece que todo está a la deriva”.
Consideró además que, en el fondo, el presidente Andrés Manuel López Obrador también perdió con esta reforma más de lo que pensaba ganar; pero que su estrategia será negarlo.
“Él es un gran simulador porque canta victoria y en realidad pierde. Perdió con la reforma constitucional que no se aprobó. Y en el caso de las reformas secundarias las metió por detrás de la cocina, el llamado plan B. Eso es una trampa seria y le salió mal; pero ahora tiene que fingir que todo le salió bien cuando todo salió desparpajado. Lo aprobado es un adefesio, aún si lo terminan de aprobar. Así que el presidente está celebrando algo ficticio”.
Por otro lado, consideró que si bien quedó eliminada parcialmente la llamada “cláusula de vida eterna” a partidos, esto no significa que haya un plan B consolidado.
“Habrá que ver qué papel juega la Suprema Corte de Justicia que parece no ser un poder confiable porque ya fue doblegado por el Ejecutivo; ya vimos cómo dobló al Legislativo y ahora hace con el Judicial. Lo sabemos porque ya colocó gente de su absoluta confianza dentro del Poder Judicial, que no son capaces de cumplir con el mandato constitucional de la separación de poderes, sino que son fieles vasallos de lo que ordenen desde Palacio Nacional. Aunque esta reforma es inconstitucional, me parece que el Poder Judicial la avalará y eso va a consolidar una autocracia populista”.
¿Confiar en el Poder Judicial?
“En este momento estamos en un escenario de absoluta incertidumbre sobre qué va a pasar con estas leyes”, destacó Vives, “porque en caso de que terminen aprobándose en febrero en el Senado, lo que queda claro es que llegarán litigios en cascada por los vicios de inconstitucionalidad –muy serios–, que tiene esta reforma”.
El académico destacó dos y los describió así:
“La cláusula de vida eterna para que los partidos grandes compartan sus votos con los pequeños a fin de que no perdieran el registro, que fue uno de los temas más polémicos. Y el llamado cochinito que permite transferir recursos ordinarios para periodo de campaña que beneficie a los partidos pequeños”.
Cabe recordar que, cuando lleguen los litigios a la Corte, ésta se encontrará ya bajo una nueva presidencia; porque el ministro Arturo Zaldívar concluye su encargo el 31 de diciembre y será el 02 de enero cuando los 11 ministros que integran el pleno elijan a uno de los 5 aspirantes interesados en sucederlo al cargo.
Hasta el momento, se perfila que él o la sucesora de Zaldívar sea un ministro afín al gobierno de la 4T y se especula que eso podría ser un factor que afecte la imparcialidad de las resoluciones jurídicas. No obstante, Vives consideró que también podría ser lo contrario.
“Confío en que el Poder Judicial se comporte como un contrapeso al atropello que se pretende hacer. Y el antecedente que tengo a la mano es que hubo nerviosismo en su momento cuando analizaron la famosa ‘Ley Bonilla’ que pretendió ampliar el mandato del gobernador de Baja California”.
“Y la realidad es que la Corte terminó por resolver por unanimidad porque la inconstitucionalidad fue muy evidente. Los ministros no tenían otro margen que tomar más que el de la ley. Aquí puede ocurrir lo mismo”.