El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que pretende ir contra lo que han denominado “ciencia neoliberal”, al acusar que en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se entregaron miles de millones de pesos del erario a empresas, cuyos intereses eran el lucro y el negocio, además de afirmar que el Sistema Nacional de Investigadores se basa en criterios “elitistas” para el apoyo a los científicos.
Entre los cambios se pretende ajustar el nombre de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha argumentado muchas veces que está en contra de lo que ha denominado “ciencia neoliberal” por, según su juicio, estar al servicio de intereses privados y no del pueblo.
Según la iniciativa enviada este martes 13 de diciembre de 2022, contrario a esos gobiernos anteriores, la autodenominada “cuarta transformación” ha dado un “giro radical” a la política científica; extinguió fideicomisos opacos; las becas ahora son universales con la idea de “no dejar a nadie atrás ni dejar a nadie afuera”; el SNI hoy es “incluyente”, además de que ahora sí, según su visión, se apoya a la ciencia básica y la de frontera, además de que han reactivado el registro de propiedad intelectual.
Con la iniciativa buscan que los recursos presupuestarios “estén orientados al interés público y al bienestar general del pueblo”.
Según la iniciativa, de lo que se trata es de que se busque el bienestar social como instrumento al servicio de la humanidad “y no simplemente como dispositivos óptimos para la competitividad empresarial y la productividad laboral”.
La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que propone Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador envío otra iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para derogar la Ley de Ciencia y Tecnología y expedir la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
También se reforman diversas disposiciones a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación.
El documento se turnó a 4 comisiones: Educación y Ciencia y Tecnología para elaboración de dictamen; y para opinión a las comisiones de Gobernación y Presupuesto.
La iniciativa justifica que el Estado debe cumplir con el derecho a la ciencia catalogado ya como un derecho humano.
Justifica que durante el sexenio del presidente Vicente Fox se consideró disponer de una política de Estado en ciencia y tecnología con el objetivo de que el gasto nacional en actividades de investigación y desarrollo experimental alcanzará el 1% de Producto Interno Bruto.
Pero, dice, eso no se logró.
"Las administraciones encabezadas por los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ejecutaron una política que pretendía satisfacer las necesidades de investigación de las empresas privadas, incrementar el gasto privado en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; promover la gestión tecnológica en las empresas y estimular la incorporación de personal científico tecnológico de alto nivel en sus filas e impulsar la creación de centros de investigación tecnológicos".
Afirmó que dicha alianza benefició al sector privado a través del financiamiento público como por ejemplo fideicomisos y transferencias financieras hacia empresas privadas.
Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en la que la 4T interviene en el tema.
Hace dos años, de manera fast track, la Cámara de Diputados avaló la cancelación de poco menos de 100 fideicomisos en materia de ciencia.
En cuanto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt, la iniciativa refiere que por eso se eliminaron poco menos de 91 fideicomisos considerados irregulares. "La administración y operación de los fideicomisos constituidos por los centros públicos de investigación en su mayoría se llevó a cabo al margen de las comunidades académicas" señala.
También crítica lo que llamó "la imposición de criterios elitistas y de evaluación productivista en el Sistema Nacional de investigadores; así como de la renuncia del Estado a obtener y conservar como bienes públicos y sociales los avances en la innovación y la ciencia financiadas con recursos públicos mediante el abandono de la propiedad intelectual resultante".
Criticó que los recursos asignados "para fomentar el gasto e investigación privada" no fueron suficientes y que por eso poco más de cuatrocientos mil científicos mexicanos residen en el extranjero.
"Concentrar el gasto público en el fomento de actividades privadas provocó que los programas de posgrado públicos se gestaran bajo la lógica de las leyes de mercado; y que las universidades y centros públicos de investigación funcionaran como empresas y comercializadoras de productos y servicios científicos y tecnológicos al servicio del sector privado".
En cuanto a las becas de estudios de posgrado refiere que "la política neoliberal propició la fragmentación del esfuerzo público ante la falta de un horizonte común y de objetivos estratégicos claros". Y acusa que las becas de posgrados se entregaron bajo criterios políticos y económicos mediante lo que llamó "arreglos poco transparentes".
Los cambios
Con esta iniciativa el presidente resume en un documento de 118 cuartillas que se abroga la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002. Y que, a partir de la publicación de esta nueva ley, se cuenta con un año para elaborar los reglamentos necesarios.
Anuncia el nuevo Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación integrado por el Consejo Nacional, la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias de la administración pública federal vinculadas a la investigación humanística y científica.
Incluye a la Secretaría de Educación Pública en la planeación de estos programas; también a las legislaturas de los Estados para emitir ordenamientos en materia de ciencia.
Da un plazo de un año para que los órganos de gobierno de los centros públicos de investigación realicen modificaciones a su normativa en apego a esta nueva ley.
También ordena crear nuevas figuras como el Consejo Nacional y los Centros Públicos a los que ordena terminar anticipadamente los convenios de administración que hubiesen celebrado con el Conacyt y Centros Públicos de investigación.
En cuanto a presupuesto, deja a los Estados conducir la política local en esta materia.
Destaca que el Consejo Nacional podrá participar en asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo del país y del interés público.
En cuanto a becas, la iniciativa establece que estarán garantizadas por el Estado solo si hay dinero.
"El estado garantizará conforme la disponibilidad presupuestaria el acceso universal a becas a las personas estudiantes que cursan posgrados de maestría o doctorado en ciencias y humanidades... que el país requiere para la gestión de los asuntos estratégicos o prioritarios y los temas de interés público nacional".
Ofrece que la selección de los becados será bajo lo que llamó "criterios transparentes y sin discriminación".
No establece montos de dinero específicos, solo refiere que "serán suficientes, oportunos y adecuados conforme a la disponibilidad presupuestaria".
En este contexto prohíbe la creación de fideicomisos por parte de dependencias y entidades.
También precisa que aquellos científicos que realizan aportaciones a los derechos de propiedad intelectual, responderán al interés público nacional porque "deben retribuir a la sociedad el apoyo público recibido".
"Los derechos de autor y propiedad industrial sobre las obras e invenciones derivados de procesos de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación, financiados con recursos públicos a través del Consejo Nacional deberán redundar y reservarse para el bienestar del pueblo de México".
Y advierte que el Consejo Nacional será el titular de estos derechos.
La nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación abrogará a la que está en vigor desde 2002. La necesidad de cambiarla surgió tras la modificación que se hizo en mayo de 2019 al artículo 3 de la Constitución para incluir el derecho de la población a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia.
Sin embargo, la iniciativa tiene dos años de retraso, pues el plazo máximo en el que debió haber sido aprobada esta nueva legislación fue diciembre de 2020.
En noviembre de 2020 trascendió el primer borrador y el 15 de diciembre de ese año se dio a conocer el primer anteproyecto, que incluso fue presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de las primera y segunda Sesiones Ordinarias del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2020.
Sin embargo, el tema se atoró y fue hasta marzo de este año cuando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología publicó el anteproyecto ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para la exención de Análisis de Impacto Regulatorio.
Entre los cambios que se incluían en el anteproyecto, el Conacyt le echaba la bolita a las instituciones privadas para que paguen el estímulo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a sus académicos y se eliminó que el presupuesto al sector debe ser de al menos 1% del Producto Interno Bruto.