“Estoy muriendo, pero no claudico”, afirma Rocío García Ramírez, quien libra una lucha contra el cáncer en fase cuatro, pero está decidida a no dejarse vencer por una empresa trasnacional a la que ganó un juicio por discriminación y que ahora la contrademandó por supuesta difamación, exigiéndole el pago de un peso y una disculpa por hacer público su caso.
En entrevista con La Silla Rota, la abogada asegura que seguirá la defensa de sus derechos como lo hace desde 2013, cuando la empresa Acciona México decidió despedirla al descubrir que tenía cáncer.
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Era una exitosa ejecutiva del área jurídica a quien promovieron para ser gerente de Desarrollo de Negocios de Acciona, pero al realizarle exámenes médicos como requisito para el puesto, descubrieron el padecimiento que la llevó a perderlo todo.
“(…) Me despidieron cuando se detectó el cáncer, me quitaron mi empleo, la seguridad social, violaron mis derechos por tener cáncer de mama, que hizo metástasis en pulmones y ahora estoy en estadío cuatro”, explica la mujer que llevó su demanda por discriminación hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En 2017, el alto tribunal constitucional le dio la razón a Rocío y decretó que el suyo era el primer caso de discriminación laboral con despido injustificado, por lo que ordenó a la trasnacional la reincorporación de su empleo…
La reinstalación jamás llegó. El fallo de la Corte se convirtió casi en “letra muerta”, Rocío no tuvo de vuelta su empleo y se vio obligada a firmar un acuerdo en el que entre las cláusulas se le ordenó no hablar más del caso en medios, recibiendo solo el pago de un laudo laboral.
A pesar del histórico fallo de la SCJN, a cinco años de la resolución nada ha mejorado para Rocío.
En febrero pasado demandó por vía penal a la trasnacional Acciona México al pago por reparación del daño, ante el golpe económico que ha dejado en su familia una década sin empleo, con tratamiento del cáncer en hospitales privados y pagando abogados.
“En una enfermedad tan terrible como el cáncer, no hay dinero que alcance, yo y mi familia lo hemos perdido casi todo para costear mis tratamientos”.
Señala que también presentó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México, por los delitos de amenazas y violencia de género que asegura haber sufrido por parte de un hombre a quien identificó como Carlos Pastor Ballarin, quien dijo que le advirtió que si no dejaba el caso, le podían dar “donde más le duele, es decir su familia”.
Pero en lugar de justicia, en octubre pasado recibió un diagnóstico demoledor: el cáncer ha hecho metástasis en los pulmones y el padecimiento está en fase cuatro. En el mismo mes fue notificada de la demanda en su contra por difamación, la trasnacional pretende una disculpa pública, para echar por tierra una década de batalla legal de esta víctima de discriminación.
“Es represalia, es acoso, esta situación me ha afectado, impacta más en mi salud, estoy muriendo, pero no claudico, ya gané una vez, y seguiré luchando por mí, mi familia que ha sufrido más que yo, por las víctimas de discriminación”, puntualiza.
Sostuvo que envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle su caso; la remitieron a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet), a cargo de Selene Cruz Alcalá, donde en un principio le dijeron que la iban a apoyar, pero después de que las autoridades se reunieron con gente de Acciona México le dieron la espalda.
“No te podemos ayudar, es cosa juzgada”, soltó un funcionario.
Inclusive, comenta que antes de que decidieran no ayudarla, personal de la Profedet le dijo que ella tenía que llevar algunos oficios a la empresa Acciona, porque no tenían actuarios ni presupuesto para cumplir con sus labores.
Narra que esto propició un encuentro con Carlos Pastor Ballarin, quien, de acuerdo con ella, está a cargo de la seguridad corporativa de Acciona México.
Indica que fue este hombre quien la amenazó con “dañarla donde más le doliera”, además de que le dijo que la empresa, cuyo director ejecutivo es el español José Manuel Entrecanales Domecq, “iba a prolongar este caso el mayor tiempo posible porque le queda poco tiempo de vida”.
“Esto fue en septiembre de 2022, ahí me agredieron, me discriminaron nuevamente, soltaron que o te callas y guardas silencio en los medios o te voy a dar donde más te duela, te tenemos vigilada, me dijeron que tienen fotografías de mi familia, entonces sentí que la tierra se abría para mí, no importa si yo muero, pero no mi mamá, mi sobrino, me preocupan mucho, este señor Carlos también comentó cuidado porque aquí en México el desaparecido y el muerto no le interesa al gobierno”.
Asegura que está muy impresionada con el odio que le tiene el empresario español, y lo atribuye a que nunca antes nadie lo había enfrentado.
“El presidente López Obrador dice que España le debe una disculpa a México por lo sucedido durante y después de la Conquista, pero no se dice nada de la manera en que Acciona humilla y maltrata a los mexicanos”, agrega.
La vida iba bien para esta mujer, quien era abogada senior en la dirección jurídica de Acciona, una empresa global de infraestructuras, energía y servicios de agua. En 2012 la postularon para un mejor puesto.
Durante un mes concursó con exámenes de conocimientos, habilidades y entrevistas hasta que fue elegida, pero el último requisito fue el “check up” en el hospital Médica Sur, donde le diagnosticaron cáncer.
Durante un año estuvo sometida a tratamientos de quimioterapia y cuando regresó en octubre de 2013, fue despedida.
“Han pasado tantos años y no quieren pagar el daño moral, mi familia ya no tiene dinero, acabamos de colapsar, por eso no estoy tomando quimios, y ahora me demandan por un peso por daño moral, han terminado por destruir nuestras vidas. Estoy dando lo que me queda para la lucha. Ya estoy muy cansada”.
Rocío tiene el apoyo de un despacho jurídico, pero el gobierno de la 4T, la Profedet, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, la han dejado sola.