La iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para reorganizar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa justifica que es para reorganizar el funcionamiento de éste. Sin embargo, algunos temas que aborda podrían ser cuestionados por considerarse como una injerencia en su estructura.
La iniciativa fue enviada por el secretario de Gobernación Adán Augusto López.
Se trata de una reforma a su ley orgánica para ampliar de 3 a 4 años la presidencia del órgano.
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El documento de 34 cuartillas también plantea que "se esclarece el procedimiento de designación y ratificación de las y los magistrados del tribunal particularmente con relación a la idoneidad".
Y agregar causales para remover a magistrados como ineptitud, descuido en sus funciones, falta de profesionalismo, así como acoso u hostigamiento sexual contra empleados.
Este tema fue catalogado como "se prevé que su pleno general conozca de asuntos responsabilidades en los que se involucre a las y los magistrados de Salas Regionales" Y precisa que se adiciona conceptos relativos a la responsabilidad de éstos.
También precisa que en caso de detectar actitudes de nepotismo, se actuará en consecuencia.
Uno de los temas que podría considerarse polémico por considerarse una intervención en el sistema es que la iniciativa precisa que los magistrados deben razonar sus votos particulares respecto a los temas en los cuales deban emitir sentencia.
"Se agrega la obligación de razonar los votos Particulares dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la sesión que imitan la sentencia correspondiente", refiere.
También propone que al renovar la presidencia del Tribunal se incluya a los integrantes de la Sección Tercera. "Se elimina la restricción de las y los magistrados de la Sección Tercera para integrar la presidencia del Tribunal", plantea.