La jueza Verónica Gutiérrez difirió la audiencia de Emilio Lozoya Austin por el caso de AgroNitrogenados.
La decisión fue tomada a partir de la petición de la defensa de Lozoya Austin con base en cuatro puntos:
- El primero de ellos es que se encuentran dialogando con Petróleos Mexicanos para llegar a un acuerdo reparatorio.
- El segundo es la muerte de una persona identificada como Edgar Torres Garrido, ex funcionario de Pemex quien dirigió Pemex Fertilizantes, la cual compró la planta de fertilizante a Grupo Fertinal. Los abogados de Lozoya comentaron que apenas tuvieron conocimiento, sin embargo, Edgar Torres murió el pasado 25 de septiembre de un “infarto”.
- Otro de los motivos es el análisis de tres peritajes (audio, contable y de derecho internacional).
- El último punto es que la Fiscalía General de la República (FGR) les entregó cinco carpetas de investigación más (tres mil hojas), las cuales no se han analizado.
A partir de estos elementos solicitaron el diferimiento, por lo que la jueza dio una prórroga, la cual no debe ser superior a 10 días hábiles.
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LA AUDIENCIA DE LOZOYA
Este viernes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte se realizó una audiencia para determinar si Petróleos Mexicanos (Pemex) acepta un acuerdo reparatorio de Emilio Lozoya Austin en el juicio de AgroNitrogenados.
En caso de no aprobar la reparación del daño, la Fiscalía General de la República (FGR) puede solicitar a la juez Verónica Gutiérrez continuar la audiencia y pedir que se aplique una condena de 15 años de prisión en este caso a Lozoya Austin.
Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya Austin, comentó que en la audiencia se espera llegar a un acuerdo reparatorio con Pemex por los daños causados por el caso AgroNitrogenados, a partir de peritajes hechos por las autoridades.
“Vamos a ver qué nos dice Pemex el día de hoy. Nosotros venimos con la postura del acuerdo reparatorio, vamos a esperar la postura de las víctimas (Pemex). Hemos mantenido un diálogo constante y permanente. Es una disposición que se fundamenta en peritajes sólidos emitidos por las instituciones. No es una oferta que haga la familia Lozoya”, comentó al llegar al Reclusorio Norte.
En abril pasado Pemex aceptó la reparación del daño por la compra-venta de la planta chatarra de Agronitrogenados. Ambas partes acordaron el pago de 3 millones 400 mil dólares por la compra a sobreprecio en 2014 a Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira.
La entrega del dinero (plazos), permitiría suspender el proceso de AgroNitrogenados y con ello salir del Reclusorio Norte, solo si también es aprobado el acuerdo reparatorio por el caso de Odebrecht, por el cual ofreció siete millones 385 mil dólares.
Al darse a conocer que Pemex aceptó ambos acuerdos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió analizarlos para determinar si era lo mejor para el Estado.
“Pedí que se hiciera la investigación porque el daño tendría que reponerlo, repararlo en Pemex, ahí tendría que ser, el daño es a Pemex y hay que ver lo que Pemex está planteando. Porque sí puede la FGR, desde luego, aceptar la reparación del daño. Y nosotros estamos de acuerdo porque significa devolver al pueblo lo robado, es dinero que va al instituto o a Pemex”, comentó el 11 de abril durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Dos días después el mandatario informó que él dio la orden de frenar el acuerdo entre Emilio Lozoya y Petróleos Mexicanos por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, ya que era necesario realizar una auditoría para determinar los daños causados a Pemex.
“Se está revisando porque se solicitó información y yo creo que lo que estaban considerando como daño era lo de Odebrecht, lo que supuestamente Odebrecht le dio al señor Lozoya y por eso se hablaba de 10 millones de dólares, pero la instrucción que di es que se revise bien lo de daños patrimoniales que existen, que no se hagan las cosas a las ligera”.
Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue extraditado de España a México en julio de 2020. Fue internado en un hospital particular, según la Fiscalía General de la República (FGR), por su estado de salud delicado.
Al ser dado de alta fue presentado ante el juez, quien determinó imponer medidas cautelares, entre ellas, no salir del país y acudir a firmar cada semana a un Centro de Justicia Penal Federal asignado.
En noviembre de 2021 fue citado a audiencia, luego de que se diera a conocer que acudió a comer a un restaurante. En la sesión la Fiscalía General de la República solicitó el cambio de las medidas cautelares, propuesta aprobada por el juez, quien determinó imponer la prisión preventiva justificada.
Al conocer el cambio de las medidas fue ingresado el 4 de noviembre de 2021 al Reclusorio Norte, donde continúa ingresado.