El presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena prevén que su propuesta de reforma electoral a nivel constitucional podría no reunir el voto de las dos terceras partes del pleno de los diputados federales. Por eso, anunciaron la semana pasada la opción de presentar un plan B de reformas a leyes secundarias que pudieran ser aprobadas en el Congreso con el voto de los diputados de la 4T; y al margen de la oposición.
Aunque la presentación oficial de estas propuestas será en el mitin a celebrarse en el Zócalo el 27 de noviembre, después de la marcha convocada del Ángel de la Independencia al Zócalo -donde además celebrarán 4 años de su gobierno-, trascendió ya el contenido de algunas de estas propuestas.
Cabe recordar que partidos políticos y expertos en el tema han señalado que en caso de ser necesaria una reforma electoral, lo más saludable es que surja de los propios partidos y no desde el Poder Ejecutivo. Además, han insistido en que, de haberla, su desarrollo y aplicación debería ser en las elecciones intermedias de 2027 y no en lo inmediato, es decir, la elección presidencial de 2024.
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A continuación, una comparación de ambas.
El plan A, a nivel constitucional
En resumen, la reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador envío al Congreso en abril abarca modificaciones al artículo 41 constitucional.
Entre ellas, cambiar el nombre del Instituto Nacional Electoral, reducir el número de consejeros electorales de 11 a 7, también el número de Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y modificar la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En cuanto a partidos políticos plantea reducir su financiamiento (de anual a cada tres años para establecerlo solo en procesos electorales); también sus prerrogativas y el número de diputados y senadores. Este último punto ha causado controversia toda vez que expertos y analistas han advertido que, aunque el planteamiento suena bien, en el fondo los únicos beneficiados serán los partidos mayoritarios, es decir, Morena.
Cabe recordar que en la última semana las bancadas del PRI, PAN y PRD (que ahora se hicieron llamar Unidos por México), reestablecieron su alianza legislativa después de tres meses de ruptura, y aseguraron que votaran en contra de esta reforma. De manera independiente la bancada de Movimiento Ciudadano adelantó también su voto en contra.
De ahí que los legisladores de la 4T plantearon que esta reforma constitucional será anulada, igual que la reforma eléctrica de 2021. Y prepararon una ruta alterna para realizar solamente reformas secundarias a la Ley de Medios de Impugnación, Ley de Partidos Políticos y Ley de Delitos Electorales, entre otras.
En este escenario la oposición advirtió que si dichas reformas (que Morena y sus aliados aprobarían entre el 28 de noviembre y el 5 de diciembre), se extralimitan y violan el marco legal acudirán a la Suprema Corte de Justicia para presentar acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, según el caso.
El plan B, a nivel secundario
Sin un documento oficial de por medio, hasta el momento ha trascendido que estás propuestas buscarán principalmente reducir el número de empleados en el Instituto Nacional Electoral como resultado de compactar diversas áreas (secretarías) en una sola. Según Morena en San Lázaro esto generaría ahorros millonarios; pero los analistas consideran que, por el contrario, crearía un caos laboral en materia electoral.
Respecto a los consejeros electorales se perfila limitar su desempeño laboral para que, concluido su encargo, no puedan volver a trabajar en instituciones electorales durante 10 años a nivel federal y 3 a nivel local. Se trata de una medida similar a la de determinados cargos públicos a quienes se les prohibió, por ejemplo, trabajar de nuevo en la administración pública concluido su mandato.
Por otro lado, con relación a su nivel de conocimientos de los consejeros electorales plantearía también implementar métodos de comprobación para que los aspirantes al cargo de consejero electoral acrediten su nivel de conocimientos en el tema.
Esta medida podría entenderse como innecesaria, toda vez que según el actual protocolo para la elección de nuevos consejos electorales les obliga a presentar un examen por escrito sobre estos temas, así como una exposición virtual ante el Comité de Selección responsable de depurar la lista de aspirantes.
Cabe recordar que en 2019 dicho Comité se integró por reconocidos académicos y personajes ajenos a la política.
En 2023, el próximo año, 4 consejeros electorales concluyen su cargo. Se trata del consejero presidente Lorenzo Córdova y las y los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz.
A pesar de que la reducción del número de consejeros solo puede llevarse a cabo a nivel de reforma constitucional, si Morena aborda el punto mediante leyes secundarias entonces el INE correría el riesgo de quedarse solo con los 7 consejeros restantes.
Por otro lado, la bancada de Morena expresó recién que, en caso de no llegar a ningún acuerdo político con las otras fuerzas políticas para la renovación de los 4 nuevos consejeros, optaría por dar mayor peso a la selección de estos a través del mecanismo de insaculación en la Corte.