El 8 de mayo de 2020, mientras estaba de vacaciones, le pidieron a “Diana”, elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acudir al lugar donde trabajaba. El motivo fue que había una Supervisión Regional de Informática. Ella trató de justificar que estaba vacaciones, pero a petición de sus mandos, asistió a la reunión.
Después de tratar los asuntos laborales la invitaron, junto con una compañera más, a un convivio en las instalaciones militares. Entre los asistentes se encontraba un Mayor de nombre Onésimo. A las 18:00 horas, después de comer, le invitaron un vaso de cerveza. Ella le dio “dos tragos” y ese es el último recuerdo que tiene de un periodo de casi 12 horas.
A las 05:30 de la mañana del siguiente día despertó, semidesnuda y sin sus pertenencias, en un cuarto ubicado en instalaciones del 25 Regimiento de Caballería Motorizada de Tamaulipas. Su cabello mojado, así como dolor de cabeza y de cuerpo, son los primeros recuerdos que tiene después abrir los ojos.
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Al desconocer dónde se encontraba, el pánico se apoderó de “Diana” –nombre que cambia La Silla Rota para protección de la víctima–, al evocar que un día antes le asignaron una habitación diferente al lugar donde despertó. Mientras trataba de recordar lo sucedido, vio a una compañera.
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"Diana" le preguntó qué había pasado. Ella respondió: “Yo no sé nada”. El llanto no cesó hasta que le marcó a su mamá. Ella la llevó al Hospital Militar de Especialidades de la Mujer. El informe del personal que la atenido dejó al descubierto que fue víctima de una violación sexual, además, le administraron –estando inconsciente– una la píldora “del día después”.
Hasta el momento, la Sedena cataloga el abuso sexual en contra de “Diana” como una “supuesta agresión”.
El caso de “Diana” es un ejemplo de las múltiples y constantes agresiones sexuales en contra de mujeres que forman parte de la Sedena, las cuales siguen impunes a pesar de las evidencias incluidas en las carpetas de investigación de la Fiscalía de Justicia Militar.
De acuerdo la base de correos del Ejército, obtenida por los hacktivistas de Guacamaya, las investigaciones siguen sin atenderse y, en el mejor de los casos, terminan en recomendaciones o sanaciones que se desconocen.
Otro ejemplo de ello es el “Laura” –nombre protegido–, quien denunció el acoso laboral que sufrió por parte del Teniente de Infantería Edgar Noel Cortez Martínez, adscrito a Puebla. Su denuncia solo llevó a medidas de restricción para que el victimario se acercara a "Laura", así como el cambio de la zona de trabajo.
Sin embargo, la denuncia presentada en abril de 2019, aún continúa en litigio, ya que el Teniente busca que el cambio del lugar de trabajo sea ordenado por la 25 Zona Militar y no por el Juez de Justicia Militar.
Las denuncias
De acuerdo con informes de la Justicia Militar, incluidos en su página de Internet, se tienen el registro de 380 denuncias presentadas por mujeres militares, en contra de distintos elementos varones, por hostigamiento sexual, abuso sexual, acoso sexual y violación entre el año 2010 y el 9 de julio de 2022.
De las 380 denuncias, 164 se han presentado en la administración del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval (75 por hostigamiento; 44 abuso sexual; 16 acoso sexual; y 29 por violación).
Las agresiones constantes en contra de mujeres militares, llevaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a emitir este año tres recomendaciones a la Sedena por la falta de protocolos al interior de la Guardia Nacional.
Las inconsistencias fueron encontradas en la Dirección General de Inteligencia, así como en la Unidad para la Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional de la Guardia Nacional.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, los resultados obtenidos por los auditores fueron entregados a través de los oficios OIC/GN/185/2022 y OIC/GN/321/2022. Aunque las inconsistencias ya fueron notificadas, la dependencia no ha hecho públicos los documentos, argumentando que las versiones públicas no se han autorizado para su publicación.
No se cuenta con la autorización para la versión pública del oficio de notificación de resultados por parte del Comité de Transparencia de la SFP, por lo que en cuanto sea autorizada la versión se pondrá a disposición dicha información”.
Sin embargo, en ambas, se incluye un extracto de los hallazgos encontrados por el personal de la Secretaría de la Función Pública, durante la revisión del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del mismo año.
En el caso del oficio de resultados OIC/GN/185/2022 se alerta sobre “el desconocimiento y deficiente aplicación de conductas éticas en clima laboral, hostigamiento y acoso sexual”; así como del “incumplimiento de las metas planteadas en los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio 2021, del Programa Anual de Trabajo 2021 y del Programa de Desarrollo Estratégico 2020-2024?.
Mientras que en el caso del oficio OIC/GN/321/2022, se especifica: “desconocimiento y deficiente aplicación de conductas éticas en clima laboral, hostigamiento y acoso sexual”. Además, acusa que “no se cuenta con la estructura orgánica aprobada y registrada ante las instancias globalizadoras”.
Agresiones impunes
Los documentos de la Sedena obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya describen distintas agresiones, e incluso homicidios en contra de mujeres militares por parte de otros elementos al interior de las instalaciones o cuando se encontraban en comisión.
Los casos siguen impunes, al ser turnados a instancias civiles o por trámites de amparo en contra de los militares acusados de cometer los delitos. La denuncia presentada en junio de 2018 contra el General Eustorgio Villalba Cortés quien en 2019 fue nombrado como encargado de la Guardia Nacional en la Quinta Coordinación es un ejemplo de ello.
De acuerdo con las denuncias, entre los meses de marzo y mayo de 2018, desempeñándose el Gral. Villalba Cortez, como Jefe de la 8/a. Zona Militar (Reynosa, Tamps.), fue denunciado por tres soldados por violación y por una dos elementos más de abuso sexual.
El 8 de julio de 2018, el Capitán 2/o. de Infantería Carlos Popoca Ocampo, violó a una soldado en el interior de un vehículo ubicado en instalaciones militares en Baja California. El elemento amenazó a la víctima para no decir nada, ya que él contaba con mayor rango.
“El imputado, haciendo uso de la fuerza física, sostuvo cópula con la Sld. (…) en contra de su voluntad, aprovechándose además de su posición jerárquica, ya que dicho imputado era el Comandante designado del 7/o”.
“Hechos. El día 5 May. 2018, en el Centro Nacional de Adiestramiento (Sta. Gertrudis, Chih.), el Mayor Intendente Carmelo Patiño Nájera, Comandante del Pelotón de Intendencia le ordenó a la Soldado Auxiliar (…), ingresar a su alojamiento, donde por medio de la violencia física realizó cópula vía oral con la citada soldado, quien forcejeó con dicho jefe, empujándolo y después salir corriendo del mencionado alojamiento”.
“Mayor Cirujano Dentista José Homegar Arguelles Vivas. El 20 de marzo de 2017, el Mayor Argüelles Vivas, pidió a la Cadete (…) que lo escoltará, dirigiéndose a las instalaciones de la Escuela Médico Militar, en donde el Mayor Arguelles Vivas, la introdujo a una oficina ubicada en el 5/o. piso del plantel militar de referencia, y en dicho lugar, siendo aprox. las 2100 hrs., le realizó tocamientos.
“Mayor J.M. y Lic. Miguel Ángel Núñez Martínez. El Mayor Núñez Martínez, valiéndose de su posición jerárquica de Mayor de Justicia Militar y desempeñando el cargo de Agente del Ministerio Público hostigó sexualmente a la entonces Soldado Auxiliar Oficinista (…); asimismo citado jefe entre noviembre 2016 y noviembre 2017, en el interior de las oficinas de la Agencia del Ministerio Público Militar del Centro de Justicia Militar No. 8 (Apodaca, N.L.), en diversas ocasiones realizó actos de índole sexual en la persona de la citada Soldado, tomándole y acariciándole los hombros, pegando su cuerpo al de ella.