El 1 de octubre de 2016, uno de los principales asesores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtió al entonces titular del Ejército, Salvador Cienfuegos Zepeda, los riesgos contra la seguridad nacional que representaba la emboscada del crimen organizado contra elementos de la institución en el municipio de Culiacán, Sinaloa.
El personal de la Sedena fue agredido el 30 de septiembre de 2016 por integrantes del Cártel de Sinaloa, cuando llevaban a un hospital de Culiacán a un agresor herido durante un enfrentamiento (horas antes) en el municipio de Badiraguato. Durante el traslado, los militares fueron emboscados. Seis soldados murieron, uno de ellos, mientras era trasladado al hospital.
El correo, incluido en la base de datos obtenida por los hacktivistas de Guacamaya, muestra las advertencias de Javier Oliva Posada, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en seguridad nacional.
“En cuanto hace al ataque a los elementos del Ejército Mexicano, deben destacarse varias cuestiones que, sin duda, anuncian lo que debe ser una importante sacudida en las áreas de seguridad pública, tanto en el Estado de Sinaloa, como a nivel federal”.
“Las razones van desde el recorte presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de la Defensa Nacional, por 2, 800 millones de pesos, para el ejercicio fiscal de 2017, hasta la creciente falta de coordinación entre las áreas de seguridad e inteligencia civiles”.
El especialista en seguridad nacional y actual asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional, consideró que la agresión fue equiparable a las realizadas por grupos terroristas.
“Sean o no los hijos de Joaquín Guzmán los responsables del ataque, se trata de una acción sin precedentes. En los análisis de inteligencia, cobra sentido el envío de ‘un mensaje’ a las otras organizaciones criminales respecto de lo que los autores del mismo, son capaces de hacer”.
“Un tanto como sucede aún, entre la sangrienta competencia entre los grupos terroristas de Al Qaeda y el Estado Islámico de Siria y Levante, para demostrar quién es más ‘efectivo’ en sus atentados”.
Las recomendaciones de Javier Oliva, incluidas en cuatro cuartillas, describen el poder de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, después de ser secuestrados (César, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo) el 15 de agosto de ese mismo año en el bar La Leche en Puerto Vallarta, Jalisco.
“Esto cobra sentido a partir del secuestro de los hijos de Guzmán Loera en Puerto Vallarta, Jalisco, a manos supuestamente, de la banda Nueva Generación, radicado en Jalisco, ya que el ataque contra el convoy militar en Culiacán sería un intento para demostrar que tienen ‘fuerza suficiente’ para mantener a raya a sus enemigos en la disputa por el control del negocio del tráfico de drogas”.
El armamento y capacidad de despliegue
Una de las principales advertencias es el uso de armas de alto poder por parte del crimen organizado, entre ellos Barret, así como Ak-47 y AR-15.
“Este mismo fusil, fue utilizado junto con un proyectil, para derribar el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en Jalisco (2 de mayo de 2015), causando la muerte de seis militares y una agente de la Policía Federal. En el ataque de este viernes 30, además se encontraron rastros de granadas retropropulsadas, fusiles de asalto AK-47 y AR-15, así como decenas de casquillos percutidos. El incendio de los dos vehículos Humve, también cuenta como una más que relevante muestra de desafío a la que se supone la máxima autoridad y fuerza del Estado mexicano”.
Una advertencia más, es la capacidad de despliegue de los criminales nunca antes vista en el país, lo que significa un reto contra el Estado.
“Se calculan entre 8 y 10 las camionetas utilizadas para transportar entre 40 y 60 delincuentes, según los reportes de medios de comunicación. Además de las armas y pertrechos disponibles, la determinación para atacar a un grupo de entre 15 y 20 elementos de Ejército Mexicano, sin que haya habido ni bajas ni heridos de parte de los malhechores, remite a una notable capacidad de organización y adiestramiento en la táctica y activación del armamento, nunca vistas. Y eso sí que es un salto cualitativo en cuanto al reto lanzado al Estado mexicano”.
Otro de los aspectos mencionados por Javier Oliva, es la estrategia fallida del gobierno federal para contener a los grupos del crimen organizado en el país.
“El gobierno de la República y las autoridades civiles, no obstante las experiencias acumuladas, han seguido en la ruta de la improvisación. A sabiendas de que después de cada detención o neutralización de algún jefe de un grupo delictivo, se desatan luchas internas y entre bandas criminales por el control de zonas y rutas para el trasiego de drogas, no ha instrumentado ni medidas de contención ni muchos menos procedimientos, que protejan a la población en general de los efectos de esos conflictos”.
La corrupción de policías locales es otro de los aspectos mencionados por Javier Oliva, al destacar la posible complicidad de las autoridades de Culiacán.
“Esperar con toda oportunidad a un convoy militar para liquidar tanto al personal militar como a sus transportes, remite a una muy severa e incorregible corrupción de las corporaciones locales, pues no es posible que las cámaras de videovigilancia ni el C-4, no hayan detectado el desplazamiento de las llamativas camionetas de los delincuentes en la misma capital del Estado de Sinaloa. Si se realizan con atingencia las investigaciones, la colusión de las autoridades locales se da por descontada”.
Javier Oliva culmina sus recomendaciones expresando algo muy claro: la agresión no puede quedar impune.
“Conclusión. Quien desafía al Ejército Mexicano, no puede quedar impune. Las consecuencias deben ser ejemplares. Todo, desde luego, dentro del marco de la ley. Por eso se hace la atenta sugerencia, de destacar en la información, que el convoy fue atacado cuando llevaba a un criminal a un hospital para ser atendido y que dicha acción, les costó la vida a seis soldados”.