El 2021 concluyó sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se haya pronunciado en temas que son de peso para la autodenominada “cuarta transformación”, como controversias y acciones de inconstitucionalidad interpuestas por opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que yacen archivadas por casi dos años. Expertos consideraron que este rezago tendría una explicación: alinearse al mandatario y postergar el debate de temas controvertidos para su administración en años relevantes en términos electorales.
Continúan en lista de espera –entre otros temas– la reforma a la Extinción de Dominio y la Ley General de la Guardia Nacional, que será en breve tema de discusión en el Congreso con la iniciativa que anunció el mandatario para que ésta se integre a la Secretaría de la Defensa.
La última intervención de la oposición ante la Suprema Corte fueron recursos legales para frenar el llamado “decretazo”, un acuerdo que el presidente ordenó publicar para que las obras relevantes de su gobierno evadan leyes en materia de transparencia, al ser clasificadas como temas de seguridad nacional.
Este lunes, en el arranque de los trabajos de la Suprema Corte, el ministro presidente Arturo Zaldívar aseguró que no hay intenciones de atrasar los pendientes que el Poder Judicial tiene en el archivo, sobre todo, los que son relevantes para la 4T.
"La cantidad de asuntos que debemos atender es enorme, por lo que no existe ninguna intencionalidad de diferir el conocimiento de asuntos relevantes, sino simplemente las cargas de trabajo propias del Tribunal Constitucional", dijo.
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La Silla Rota ha dado seguimiento a este tema, en el que constitucionalistas y académicos opinan que López Obrador busca tener el control del Poder Judicial ahora que 4 ministros –de un total de 11– llegaron al cargo cobijados por la 4T. Y esto ha sido interpretado como una no garantía de independencia política en la impartición de justicia.
LAS RAZONES DEL “REZAGO” JUDICIAL
Julio Jiménez, académico de la Universidad La Salle y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, hizo números. En tres años, Morena y sus aliados legislativos han impulsado un total de 29 cambios constitucionales, lo que se traduce en la modificación de 55 artículos a la Carta Magna.
El constitucionalista consideró que “estos rezagos son resultado de los intereses políticos por encima del interés público”. Y destacó que otro factor que influye es el interés político electoral más allá de las circunstancias institucionales.
"Solo 11 están promulgados; eso significa que hay un déficit de promulgación e implementación para que entren en vigor estas reformas constitucionales, entre ellas la Reforma Eléctrica, Electoral, la reforma al Poder Judicial, en materia de seguridad y el tema de la Guardia Nacional. También en materia hacendaria, económica, financiera y de la autonomía del Banco de México".
"Lo importante para ellos es retrasar la resolución y darle tiempo al tiempo, para que estos temas se resuelvan cuando así convenga a los intereses del presidente y no los intereses de la nación. Es una estrategia mezquina y maquiavélica, pero bien implementada".
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Agregó que "el interés jurisdiccional se ha venido sometiendo y subordinando a los intereses mediáticos del gobierno federal. La Corte no tiene elementos para resolver, hay un número de sus integrantes que son incondicionales al presidente. Esperemos que el próximo año resuelvan, cuando menos, cuatro controversias constitucionales pendientes. Todo lo están aguardando hasta el último minuto, si no hay voluntad política tampoco habrá claridad constitucional. ", subrayó.
LA CORTE “EVITA” PROBLEMAS CON LA 4T
Javier Reyes, constitucionalista y académico del CIDE, consideró que 2021 ha sido un año de claroscuros para la Corte en términos de la resolución dependientes. Y destacó que la estrategia del Poder Judicial es aplazar los temas que podrían afectar a la "cuarta transformación".
"Algunos temas ya fueron desarrollados, pero hay otros que ahí siguen y algunas resoluciones han sido francamente negativas". Resaltó que una de ellas es la relacionada con el INE y la revocación de mandato en términos financieros.
"Vemos una decisión que busca evitar el problema, no por parte del ministro Juan Luis González Alcántara, que simple y sencillamente decidió que no había que dar una suspensión porque todavía no era seguro la realización de la revocación de mandato", dijo el especialista.
"La Corte resuelve en función de cuál sea el cálculo político; evita la confrontación y cuando no puede evitar, termina cediendo en muchos casos a las presiones por parte del Poder Ejecutivo”.
El académico puso como ejemplo la consulta popular de agosto “donde la Corte se doblegó claramente a los caprichos del presidente López Obrador, en buena medida porque no tenía margen para no resolver", dijo.
Enumeró que uno de los pendientes es la reforma a la Guardia Nacional que calificó de acuerdo militarista e inconstitucional. "Han pasado muchísimos meses y es un poco inexplicable que todavía no lo hayan resuelto".
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No obstante, destacó que este año las y los ministros desempeñaron un buen papel en temas relacionados con derechos fundamentales como el aborto y la prisión preventiva oficiosa relacionada con ciertos tipos de delitos fiscales. “Ahí la Corte sí se tomó en serio su papel".
LOS PLAZOS LEGALES
En opinión de Julio Jiménez, los plazos legales para abordar estos temas vencerán en este 2022, por lo que, adelantó, el Poder Judicial deberá sacar estos temas de la congeladora.
"Creo que con la llegada de la nueva ministra Loretta Ortiz habrá acuerdos, negociaciones. Si ella será mujer incondicional al presidente de la República, podríamos ver entonces cómo un poder independiente y aparentemente autónomo se subordina a los intereses políticos de un gobernante", afirmó.
Reyes coincidió y agregó que la Corte ya no podrá posponer más el tema de la seguridad. "Será una de las grandes batallas que se necesita ganar; lo que no sé es si la Corte estará o no a la altura. Esa es una gran interrogante. Me temo, por lo que hemos visto, que tampoco estará a la altura de muchas decisiones democráticas como la controversia del INE".
Enlistó que los 4 ministros que llegaron con la 4T (Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz) estarán bajo el escrutinio público.
"Y también hay que decirlo, tenemos un presidente de la Corte que en casos importantes ha votado a favor de la Cuarta Transformación. Visto desde ese panorama, creo que en controversias y acciones será difícil juntar 8 votos para invalidar buena parte de las decisiones arbitrarias que ha tomado el presidente de la República y las mayorías integradas por Morena en el Legislativo", concluyó.
acz