Igual que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó sobrecostos, fallas en materiales y posibles desvíos en obras construidas por Grupo INDI; esta empresa mantiene contratos con la autodenominada “cuarta transformación”, entre los cuales están los que ha conseguido en procesos sin competencia y de una dependencia en la que, con la actual administración, comenzó a trabajar uno de sus excolaboradores, ahora encargado de asesorar sobre la asignación de proyectos.
A través de su filial GAMI Ingeniería e Instalaciones, este grupo obtuvo un contrato por 4 mil 147 millones 13 mil 251.34 pesos para la conclusión del rompeolas oeste en el puerto petrolero de Salina Cruz, Oaxaca, otorgado por Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. por adjudicación directa.
Por la forma en la que entregó este contrato en 2020, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en su Índice de Riesgos de Corrupción 2021, consideró que la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz es la institución que mostró más deficiencia en sus procedimientos, por lo cual la consideró “más riesgosa” en su clasificación del monto muy alto (más de 3 mil millones de pesos) por la falta de competencia. El año pasado, de los más de 4 mil millones de pesos que gastó, el 99 % fue entregado sólo en esta operación sin competencia, adjudicada directamente.
El IMCO alertó que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar proveedores abre espacios a decisiones discrecionales y fallas en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.
GAMI tiene historial en cuanto a posibles irregularidades en el manejo financiero y construcciones deficientes. En la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto fue beneficiaria de la obra cumbre del anterior gobierno –cancelada por el actual–: el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). En todos los procesos en los que intervino, según la ASF, hubo fallas.
La empresa obtuvo un contrato por 999 millones para colocar pilotes en el subsuelo del terreno de Texcoco y dar estabilidad a las estructuras del aeropuerto, en el ejercicio fiscal 2017. Al auditar la obra, los inspectores identificar un cobro por 78 millones 850 mil pesos en un proceso de construcción para acelerar la entrega de los trabajos, que estaba previsto desde la solicitud original y, además, no logró su objetivo.
En el informe de febrero de 2019, la ASF también encontró posible uso indebido de 78.5 millones en la instalación de pilotes para la Torre de Control, el Edificio Terminal y el Centro de Transporte Terrestre Intermodal, en los que participaron GAMI y Promotora y Consultora de Ingeniería. Esta cantidad, indicó, se empleó indebidamente en supuestos insumos adicionales para pilotes y en la integración de precios unitarios no considerados en el catálogo original.
Además, en la siguiente entrega de la actualización de la cuenta pública, en junio de ese año, identificó otro pago en exceso a GAMI por 25 millones 657 mil 200 pesos, en los mismos trabajos.
Al igual que con la “cuatroté”, GAMI fue una de las favoritas de los gobiernos antecesores, “neoliberales”, como los llama el presidente López Obrador, ya que entre 2002 y 2018 recibió 48 contratos que suman 5 mil 842 millones 181 mil 247 pesos de instancias públicas, según una revisión a Compranet que realizó LA SILLA ROTA.
Entre sus obras se encuentra la instalación de una segunda línea de alta presión en la Planta de Bombeo número 5 del Sistema Cutzamala, en el Estado de México, que tuvo retraso porque una pieza no embonó, por el cual cobró 187.1 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Con Enrique Peña Nieto, esta empresa recibió 19 contratos por 2 mil 629 millones 395 mil 896 pesos, entre las que se encuentran obras en el tramo III del viaducto elevado Observatorio-Santa Fe-Túnel del tren interurbano México-Toluca, por el cual cobró 785 millones 345 mil 697 pesos, así como la construcción de la segunda etapa de la aduana en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un costo de 26 millones 787 mil 788 pesos, entre otras con clientes como la SCT y el ISSSTE, así como gobiernos estatales que dispusieron de recurso federal para obras, entre ellos el de Miguel Mancera en la Ciudad de México, que pagó 32 millones 680 mil 514 pesos en la restauración de la Fuente de las Cibeles.
LAS JUSTIFICACIONES A LA OPACIDAD
La administración portuaria justificó la exención de un procedimiento de licitación pública en el que empresas compitieran entre sí para la conclusión del rompeolas oeste en el puerto petrolero de Salina Cruz y la asignación a GAMI porque, en un estudio de mercado que, afirma, realizó, el costo estimado de la obra era de 4 mil 950 millones de pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo cual, refiere, dio una diferencia en favor de la entidad convocante por 854.71 millones de pesos.
Además, menciona que en 2019 publicó en Compranet la licitación pública L0-009J3G999-E14-2019, pero que en la etapa de Presentación y Apertura de propuestas ninguna de las empresas alcanzó los 37.5 puntos mínimos requeridos, por lo que declararon la convocatoria desierta y, posteriormente, decidieron invitar a GAMI.
Lo anterior consta en el Testimonio sobre el Procedimiento de Contratación de Obra Pública a través de Adjudicación Directa número API-AD-SG1-04-2020, con fecha del 6 de marzo de 2020.
De otras obras que ha realizado a otras instancias además del gobierno federal, la empresa que perteneció a Manuel G. Muñozcano también ha recibido observaciones.
En la auditoría de Inversiones Físicas GB-003 al proyecto de nueva sede del Senado, en el cual GAMI participó en la construcción y equipamiento, el órgano fiscalizador constató que trabajos de mala calidad por los que reclamó el reintegro de 55 millones 950 mil pesos.
En otra auditoría GF-536 al Fondo Regional del Estado de Chiapas, también de 2010, la ASF detectó que esta firma que cobró 346.6 millones de pesos por el Proyecto integral de la ciudad rural sustentable de Santiago el Pinar, en el municipio de Santiago el Pinar, Chiapas.
LOS NEGOCIOS CON LA 4T
Las relaciones comerciales de Grupo INDI con la “cuatroté” no se restringen al contrato por 4 mil 147 millones 13 mil 251.34 pesos para la conclusión del rompeolas oeste en el puerto petrolero de Salina Cruz, Oaxaca. En mayo de 2020 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) declaró ganador de la Fase 3 del Tren Maya al consorcio integrado por Gami Ingeniería e Instalaciones, Construcciones Urales y AZVi, una obra estimada en 10 mil 192 millones 938 mil 694 pesos.
Asimismo, en mayo de este año la SCT le adjudicó obras en viabilidad Tonatitla, que consisten en la construcción de dos viaductos que permitirán la conexión carretera de libre acceso hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por una suma de mil 259.6 millones de pesos
La fecha coincide con el ingreso de Gerardo Luis Jácome Frías, quien fue director de Relaciones Institucionales de Grupo INDI de enero de 2013 a diciembre de 2015, como asesor de la dependencia federal, cuya función principal es “análisis de información relativa a la obra pública” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
De acuerdo con la declaración patrimonial de inicio que presentó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), en su vaivén entre el gobierno y el ramo privado, Jácome Frías fue director general de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Miguel Hidalgo, de 2009 a 2012, durante el gobierno del panista Demetrio Sodi de la Tijera, antes perredista y, en los inicios de su carrera política, priista.
De febrero de 2008 a agosto de 2009, fue director de nuevos proyectos de bufete de Construcciones Delta y antes, de 1999 a 2007, supervisor de obra en el gobierno de la Ciudad de México, entre los periodos de Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.
El origen de este personaje en la función pública no fue en el ramo de la construcción, sino como jefe de unidad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en el que trabajó de 1994 a 1999.
GAMI también tiene antecedente con López Obrador, debido a que fue la encargada de construir el segundo piso del periférico de la Ciudad de México en 2005, entonces obra insignia de aquel gobierno; hoy, con la autodenominada “cuatroté”, interviene en el proyecto ancla de esta administración, el Tren Maya.
Asimismo, mientras mantiene relaciones a nivel federal, continúa recibiendo obra en los estados gobernados por el PRI. Uno de estos casos es el contrato de la concesión para para llevar a cabo el diseño, construcción, operación, mantenimiento, conservación y explotación de una infraestructura vial para interconectar la Calzada Ignacio Zaragoza y la Autopista Peñón – Texcoco sobre el Periférico Oriente, en los límites territoriales del Estado de México y la Ciudad de México (Conexión Oriente), que le otorgó el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), tras un concurso público internacional.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO MÁS OPACO?
Según el dictamen técnico, la obra consiste en la prolongación de mil 600 metros de longitud, a base de material pétreo, con rangos comprendidos entre 30 kilogramos y 13.17 toneladas de peso, haciendo un total de aproximadamente 11 millones de toneladas y la fabricación y colocación de 13 mil elementos prefabricados de concreto tipo Core loc de 16 y 20 toneladas de peso cada una.
Esto, porque la capacidad actual del puerto de Salina Cruz no permite alcanzar el crecimiento económico para lograr el desarrollo requerido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ya que la infraestructura existente limita el arribo y la operación de buques de mayor tamaño.
El proyecto dice: “Del análisis de la capacidad integral del puerto, se desprende que la principal limitante para la operación y diversificación de la carga comercial, sin incluir petróleo y derivados, es la infraestructura y calado con que se cuenta actualmente en el puerto de Salina Cruz, el cual fue construido en 1906, realizándose una modernización en las obras de abrigo en la década de los ochenta; por lo que, con la implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.
Con la obra, según las previsiones del gobierno federal, “se logrará el desarrollo económico regional y nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable, uniendo de manera eficiente el Golfo de México con el Pacífico a lo largo de 300 kilómetros, que conforman el Corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec, así como la creación de infraestructura portuaria, para almacenamiento y distribución, para lograr una reducción en el tiempo de transporte de combustible del Golfo al Pacífico de 16 a 7 días, de acuerdo al análisis realizado por Pemex”.
MJP