Para identificar a traficantes de armas de fuego fabricadas en Estados Unidos y rastrear el armamento hasta los grupos delictivos que lo utilizan para cometer crímenes en México, los gobiernos de ambos países implementaron un programa que resultó ser más polémico que efectivo: Rápido y Furioso.
El plan -como parte de la llamada Iniciativa Mérida- consistía en permitir la entrada de armas estadounidenses con chips de rastreo a territorio mexicano, como forma de combate al narcotráfico y la violencia.
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La operación iniciada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por siglas en inglés) de los Estados Unidos permitió que entre 2006 y 2011 fueran compradas ilegalmente y transportadas a México 2,500 armas.
SIN RESULTADOS
Los problemas del operativo surgieron cuando en diciembre de 2010, dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa fueron utilizados en un tiroteo en Arizona donde murió el agente fronterizo Brian Terry.
Diez años después del asesinato del agente, Eric Holder, exfiscal general de Estados Unidos, fue acusado de encubrir la operación “Rápido y Furioso”, y de mentir durante la indagación del Congreso sobre el trasiego ilegal de armas a México, según un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
El Departamento de Justicia, bajo la guía de Holder, en 2012 habría tratado de esconder los hechos a la familia de Brian Terry. El entonces presidente Barack Obama, incluso aplicó su facultad de fuero ejecutivo para restringir el acceso a la información del caso, pero Holder fue declarado en desacato por el Congreso.
La muerte de Terry, sin embargo, desencadenó el cierre del operativo.
En otro caso conocido, ocurrido el 15 de febrero de 2011, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, México, el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por siglas en inglés) estadounidense, Jaime Zapata. Se comprobó que el agente había muerto por disparos hechos con un arma de "Rápido y Furioso".
LA 4T VS RÁPIDO Y FURIOSO
En mayo del año pasado, el canciller Marcelo Ebrard informó sobre la entrega de una nota diplomática a la embajada de de Estados Unidos en México para que se proporcione la información respecto al fallido operativo "Rápido y Furioso" con el que se realizó el trasiego de más de dos mil armas de alto calibre que entraron a territorio nacional desde el país vecino, sin embargo los datos aún no se han entregado.
Días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió la cooperación de su gobierno con el de Estados Unidos para compartir información sobre un narcotúnel descubierto recientemente en la frontera y el operativo.
AMLO se refirió a un tuit de su homólogo, Donald Trump, quien el domingo compartió el hallazgo de un narcotúnel en la frontera de Tijuana con San Diego, California, con el texto "¡México debe tomar el control de este gran problema!".
Luego de meses de acusar que el gobierno de Estados Unidos no emprendía esfuerzos para frenar el tráfico de armas hacia México, la actual administración, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó una demanda este 4 de agosto del 2021 en contra de diversas empresas estadounidenses dedicadas a fabricar y distribuir armas de fuego. Hecho que la principal asociación de compañías del sector en EU ha rechazado.
(djh)