La reforma al Código Penal de la Ciudad de México, que equipara a los administradores y dirigentes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con servidores públicos cuando se trata de combatir la corrupción, constituye una forma de censurar la libre asociación, así lo consideran líderes de estos organismos.
“Esto violenta e inhibe el derecho a la asociación, un derecho reconocido internacionalmente. Este tipo de iniciativas y propuestas significarían persecución y censura a las organizaciones críticas del Estado y transgrede completamente las libertades democráticas”, afirma Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de la organización Artículo 19 en México.
Para Clara Jusidman, presidenta fundadora de Incide Social, la reforma –que ya cuenta con una acción de inconstitucionalidad presentada ante el Poder Judicial– “es un clavo más en la cruz que ha impuesto el actual gobierno que ha emprendido una persecución contra las organizaciones sociales”.
“Si alguien quiere ir en contra de una organización le pueden acusar de corrupción y en tanto se prueba si es verdad o no, la persona puede ir a prisión. Se puede usar como un mecanismo de coacción para coartar la libertad de organización”.
La dirigente social fue enfática al señalar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido ataques contra las organizaciones que realizan actividades que el Estado ni se imagina que existen o no puede realizar. Citó como ejemplo una organización que apoya a sexoservidoras que se encuentran ya cansadas y hasta enfermas, a quienes capacitan para que se dediquen a otra cosa.
“Esas son las organizaciones que a veces reciben fondos públicos y lo hacen presentando proyectos frente a grupos de especialistas que evalúan los proyectos y establecen reglas. Cuando una organización recibe ya hay esquemas de fiscalización y las organizaciones deben rendir cuentas sobre los recursos que reciben”.
Un comunicado, firmado por 34 organizaciones, que se dedican a acciones diversas, fundamenta la condena a considerar que las OSC deben ser investigadas como si fueran servidores públicos y señalan que, cuando el Congreso de la Ciudad de México aprobó estas modificaciones, se extralimitó.
“Es inconstitucional. El artículo 108 de la constitución señala muy claramente quiénes son los servidores públicos con una serie de características que excluyen a todas las personas representantes de las organizaciones de la sociedad civil”, afirma Vladimir Cortés.
PROMUEVEN FRENO JUDICIAL
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 5 de julio, contra la reforma, pues asegura que la reforma al artículo 256 del Código Penal local, contiene tres conceptos de invalidez.
Para la organización Causa en Común, que se dedica a la defensa de los derechos de las víctimas del crimen, estas medidas están encaminadas a entorpecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y afectan a las más de 43 mil de éstas que hay en el país.
“Sabemos que hay de muchísimos tamaños, sabemos que hay organizaciones que laboran con tres o cuatro personas y hay organizaciones tan grandes como las que han molestado al presidente”, señala Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común.
Para esta organización, que también firmó el pronunciamiento contra las modificaciones al Código Penal de la Ciudad de México, el problema no es que las organizaciones rindan informes sobre la situación financiera pues muchas de ellas ya los realizan.
De acuerdo con la organización, el problema es que el impulso de este tipo de iniciativas de ley parte de que las organizaciones de la sociedad civil tienen como objetivo afectar al gobierno cuando en realidad, señalan, su función es parte de las tareas que conlleva el fortalecimiento de la democracia.
“Este ataque contra las organizaciones de la sociedad civil parte de esta premisa que es que todo financiamiento que venga del extranjero. Es con fines de injerencia política, con fines de desestabilizar al presidente, lo cual es completamente falso”, señala Ahumada.
Clara Jusidman indicó que debido al cambio que se hizo cuando se amplió el catálogo de delitos a los cuales se les aplica la prisión preventiva oficiosa, cualquiera que quiera afectar a una organización bastará con acusarla de corrupción y será tratada como si fuera funcionario público, lo cual agrava las penas.
De acuerdo con las organizaciones, estos ataques contra las OSC no son nuevos, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador constantemente menciona a algunas organizaciones en sus conferencias matutinas y, con algunas de ellas, se ha mostrado en claro desacuerdo.
López Obrador ha denunciado en algunos casos, sobre todo a Mexicanos Contra la Corrupción, que se trata de organizaciones que reciben financiamiento de otros países lo que representa una forma de intervencionismo en la política nacional.
ALISTAN MÁS ATAQUES LEGISLATIVOS
El pasado 9 de julio, la senadora morenista Nancy Sánchez Arredondo, presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para regular financieramente a las OSC, de tal manera que, de aprobarse, tendrían que informar cuando reciban financiamiento de actores extranjeros y, en esos casos, podrían llegar a ser revocadas como donatarias dentro del país.
Parte de la fundamentación de la iniciativa señala que el trabajo que realizan estas OSC “tiene por objetivo afectar la imagen y la credibilidad de las instituciones además de atacar directamente al Estado, como parte de una política injerencista que sería llevada a cabo por otros países”.
Con estas nuevas disposiciones, tanto la iniciativa de Nancy Sánchez –que ya fue turnada a Comisiones– como la modificación al Código Penal de la Ciudad de México, cambia la forma en la que serían consideradas las OSC ante la ley mexicana y, en el caso del tema del financiamiento, la donación y el financiamiento podría ser considerado o investigado de manera similar a la que se investiga el lavado de dinero.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, coincide en que el problema que conlleva esta iniciativa no está relacionado con la necesidad de que las organizaciones transparenten sus financiamientos.
“El gran problema es en qué contexto se presenta esta iniciativa. Se presenta en un contexto de continuo cuestionamiento del aporte que hacen las organizaciones de la sociedad civil a la vida pública y también de una aparente o falsa confrontación entre la sociedad civil y el gobierno federal”, apunta Bohórquez.
Además, las OSC se han dedicado a escudriñar el desempeño de las distintas administraciones independientemente del color y del partido que esté al frente pues, afirma Bohórquez, las administraciones y los gobiernos pasan después de seis años, pero las organizaciones permanecen a pesar de las coyunturas electorales.
Otro de los problemas que el director de Transparencia Mexicana ubica, es el interés por parte del gobierno en evitar que las distintas opiniones de la sociedad cuenten con sus propios espacios de organización pues no se considera la pluralidad y la complejidad que tiene el país e incluso se cristaliza en que entre propias organizaciones sociales pueden o no estar de acuerdo entre sí.
“Muchas de estas ideas no están a favor de la fiscalización, están en contra del derecho a asociarse para defender lo que a cada persona le resulte importante. Ese es el problema de fondo”, afirma Bohórquez.